Odiado con fervor, temido hasta por empresarios poderosos, representante de una forma de capitalismo prepotente y brutal, al caer en desgracia lejos de llamarse a cuarteles de invierno optó por una estrategia provocativa. Las campañas de corte extorsivo de El Guardián, cuya propiedad niega como hiciera en vano con el Federal Bank; querellas de dudoso trámite interpuestas contra ex socios y colaboradores, presuntas maniobras destinadas a desgastar los medios que quiere comprar e, incluso, el pedido de juicio político solicitado por el ex juez federal de Mendoza Luis Leiva contra Eduardo Moliné O’Connor, vuelven a poner en danza el nombre de Raúl Juan Pedro Moneta. Eso sí, el camino del regreso está sembrado de riesgos. Uno de ellos se puso en evidencia semanas atrás, con las pericias practicadas en la causa que investiga la caída de los bancos Mendoza y República. Las conclusiones de los expertos no dejan bien parado al financista y tampoco a quienes desde el edificio del Banco Central le abrieron un paraguas protector descalificando las sospechas que su operatoria levantaba en los propios inspectores del BCRA.
Moneta se notificó por estos días de una novedad desagradable: las pericias realizadas en la causa que comenzó en Mendoza y acabó en los tribunales federales de la Capital por una curiosa interpretación jurisdiccional de la Corte, confirmaron lo que los técnicos de línea del Central habían observado: la existencia, en el Banco República, de “movimientos de fondos significativos en diversas cajas de ahorro pertenecientes a residentes en el exterior”. Los inspectores agregaban que, de acuerdo a las constancias contenidas en las carpetas de clientes, las sociedades comerciales titulares de las cuentas habían sido constituidas en la misma fecha (18 de marzo de 1997), en el mismo lugar (Bahamas) y con números correlativos. Sus nombres eran: Ludgate Investments Ltd. Sothwark Asset Management Ltd. Lolland Stocks Ltd. y Scott & Chandler Ltd. Las cuatro habían abierto cajas de ahorro en el Banco República en el breve lapso de agosto a septiembre de 1997. Alertaban, asimismo, acerca de los riesgos que devenían de las operaciones realizadas con sociedades radicadas en paraísos fiscales y colocadas, por lo tanto, fuera del control del BCRA. El Banco República adujo que las operaciones cuestionadas por los inspectores del BCRA no eran transacciones en efectivo y, por ende, no se ajustaban a la modalidad de las caracterizadas como “sospechosas” y con obligación de ser informadas a la autoridad monetaria.
La experta en lavado de dinero Alicia López, gerente de Requerimiento y Control (el área que se ocupa del tema en el Central), emitió una opinión coincidente con la de los inspectores. Para ella tampoco había dudas. Eran transacciones “en efectivo aun cuando provengan de una transferencia del exterior”. Con esos dictámenes, la cuestión fue girada a la Superintendencia de Entidades Financieras, última palabra en el asunto. La Superintendencia, como se hizo habitual durante las gestiones de Pedro Pou y Roque Fernández al frente del BCRA, dio la razón al banco privado y a sus propietarios. Ahora, quien viene a contradecirlos, respaldando las posturas de los inspectores del Central y de la experta Alicia López es el perito convocado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa: “...a los fines de la normativa que nos ocupa –define– fuerza concluir que el dinero bancario es dinero y que los depósitos en caja de ahorro consumados en dinero efectivo o por vía de transferencia son transacciones equivalentes”. Y advierte con la versallesca sutileza del lenguaje pericial que “los depósitos constituidos con transferencias provenientes del exterior pueden posibilitar la primera etapa del proceso de blanqueo de capitales –la etapa de inserción o colocación– al introducirse dinero en instituciones financieras del país. Y también puede configurar la segunda etapa, la etapa de estratificación (...). Hacer hincapié en una interpretación literal de la norma en cuestión para concluir que las transferencias del exterior no están alcanzadas por lanormativa implica no entender el fenómeno del lavado de dinero que se persigue prevenir”. Más claro, agua.
Si bien la causa que involucra a Moneta e instruye cansinamente Canicoba Corral corre riesgo de muerte por congelamiento, el resultado de la pericia establece sin rodeos una doble responsabilidad: la de los directivos del República con la realización de operaciones observadas por la normativa y la de los directivos del Central que forzaron ad hoc el sentido de la norma para favorecer los intereses de un banquero privado en un terreno de alta sensibilidad: el del lavado de dinero.
Para los amigos, todo
El ex juez federal Luis Leiva hizo llegar a manos de Juan Falú, titular de la Comisión de Acusación de la Cámara de Diputados, cinco breves carillas conteniendo el pedido de juicio político a Eduardo Moliné O’Connor por “mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito”. Pese a haber sido recusado en tres oportunidades, Moliné presidió el debate del tribunal que destituyó a Leiva de su cargo en el juzgado federal Nº 1 de Mendoza. Los motivos de aquella recusación y de esta solicitud son idénticos: “Haber intervenido con anterioridad en causas por las que se me cuestionaba y por las que, paralelamente, se lo cuestionaba también a él frente a la Cámara de Diputados”. Por cierto que Moliné no sólo había firmado la resolución con que la Corte eliminó a Leiva de la investigación de la caída del Banco Mendoza: además, había defendido y ampliado las razones de esa decisión ante los legisladores que juzgaban su conducta. El escrito presentado por Moliné a los diputados fue aportado como fundamento de la recusación formulada por los defensores de Leiva. En lo que puede considerarse una de las piezas cumbre del bestiario menemista, Moliné rechazó el argumento alegando que el escrito no había sido redactado por él sino por sus abogados defensores.
Por si fuera poco y tal como publicó este diario, fue el propio Moliné quien, sin que hubiera prevista ninguna reunión de acuerdo anterior al 10 de diciembre, fecha en que asumía el flamante gobierno de la Alianza, sacó de la manga una imprevista convocatoria para el martes 7 para tratar el conflicto de competencias que enfrentaba a Leiva y Literas. Según fuentes de la Corte, Moliné habría comunicado a sus pares que era impostergable solucionar el problema que afectaba a una importante personalidad argentina por la que, incluso, se habían interesado nombres de fuste de la política internacional. Aludía a George Bush padre, llegado al país “a pescar truchas” y plantear a Carlos Menem la necesidad de un “juez imparcial” para Moneta, socio de los negocios del Citibank. De nada sirvió que se le recordara a Moliné que el expediente aún no había llegado a la Corte; el directivo de la Federación Argentina de Tenis contestó que si hacían falta elementos estaba disponible el dictamen del procurador Nicolás Becerra otorgando la competencia a Literas. La salida hizo sonreír a Gustavo Bossert, que bromeó: “Acá hay un montón de expedientes. Pongamos cualquiera aquí arriba y por lo menos nos sacamos una foto”. Ese día la Corte laudó adjudicando, como se reclamaba, la competencia a Literas.
Lo que el pedido de juicio político de Leiva omite es la estrecha relación que une a este tenista aficionado originario de Adrogué y a sus cuñados Jorge y Hugo Anzorreguy con Moneta y su entorno íntimo. Una multitud de testigos dan fe de los largos encuentros veraniegos de Moliné, los Anzorreguy, Moneta, su amigo, el ex financista fallecido Angel Moyano Padilla (Banco Feigin) y su hombre de confianza, socio y abogado Alberto Petracchi (primo del ministro de la Corte Enrique Petracchi) en el country que ocupa la antigua estancia de Wenceslao Escalante. Esa camaradería, síntesis de vecindad, grandes negocios y enjuagues judiciales, se reflejaba en el directorio del Tortugas Country Club, donde el influyente abogado Jorge Anzorreguy (conjuez de la Corte) y Silvia Moliné O’Connor ocupaban respectivas vocalías y Alberto Petra-
cchi desempeñaba el rol de síndico. Cuando a principios de abril un puñado deavisos fúnebres informó de la muerte de la madre del ministro de Corte, entre las esquelas de condolencia pudo leerse la de Alberto Petracchi, su mujer y sus hijos. Suficiente para hacer nacer en muchos la sospecha de que caídas bancarias, rebalanceos telefónicos (Moneta era socio de Telefónica de Argentina en el CEI), destitución de magistrados incómodos contaron con la benevolencia de una Corte amiga.