El 24 de agosto de 2000 me tocó ser uno de los primeros periodistas que tuvieron acceso a la información sobre la detención del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias “Sérpico”, un ex torturador de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) convertido en poderoso empresario y director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de México.
Mientras Cavallo huía hacia Buenos Aires en un vuelo de Mexicana que para su desgracia hacía (y hace) escala en Cancún, el autor de esta nota entrevistaba al hombre que habría de arrestarlo, el entonces jefe de Interpol México, Juan Miguel Ponce Edmondson. El funcionario reveló que ya había ordenado la detención del ex represor de la ESMA devenido director del Renave, un negocio de 400 millones de dólares que era resistido por diversos sectores sociales y económicos de México.
El jefe de Interpol dispuso la detención del antiguo marino, a raíz de un explosivo despacho de José Vales, entonces corresponsal del diario Reforma, donde constaba que cinco ex detenidos-desaparecidos reconocieron en el próspero director del Renave al torturador Sérpico, que figura en los registros de la Conadep como “Miguel Angel Cavallo”. Aunque en declaraciones a los periodistas mexicanos Cavallo negó haber participado en la represión clandestina, el prontuario del marino en la Policía Federal Argentina permitió probar que el empresario y el represor eran una misma persona. “Miguel Angel” Cavallo figuraba entre los marinos procesados e imputados por el juez español Baltasar Garzón, que luego solicitaría su extradición a las autoridades mexicanas.
El pedido, que se demoró debido a que el juez español estaba de vacaciones, generó una justificada ansiedad en los militantes de los derechos humanos que participaron activamente en la investigación del periodista Vales, como los ex detenidos desaparecidos Mario Villani, Osvaldo Barros, Carlos Lorkipanidze y Graciela Daleo, o la eficaz responsable del archivo del CELS, María Cristina Caiatti, entre otros esforzados voluntarios. Temían justificadamente una deportación de Cavallo-Sérpico a la Argentina presidida a la sazón por el conservador Fernando de la Rúa. Si eso llegaba a ocurrir, Sérpico quedaría libre e impune, como quedó antes, gracias a la ley de Punto Final.
La detención de Cavallo causó escándalo tanto en Argentina como en México, porque la empresa Talsud –de la que era alto ejecutivo el director del Renave– tenía oscuras raíces, donde se mezclaban figuras vinculadas tanto al ex almirante genocida Emilio Massera como al ex presidente Carlos Menem. En la investigación de Vales pronto surgieron nombres como el de Miguel “el Colorado” Egea, que hizo campaña en el menemóvil junto con Alberto Kohan y que actualmente integra la empresa propietaria del casino flotante de esta Capital. También el de su amigo y socio, el ex represor Jorge “Ruger” Radice, actualmente detenido a disposición del juez federal Claudio Bonadío, por participar en el robo de bienes a uno de sus secuestrados que desapareció para siempre, el abogado Conrado Gómez.
Estos personajes estaban asociados a su vez con el empresario argentino Víctor Taiarol, vinculado a la quiebra del Banco Italia y ex director de la Banca Nazionale del Lavoro. Talsud, que se presentó en México como “empresa líder en el mercado argentino”, actuó en tierras aztecas en colusión con algunos funcionarios mexicanos, como el entonces subsecretario de Normatividad de la Secofi (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), Raúl Ramos Tercero, que en setiembre del 2000 aparecería muerto por tajos de un cutter, en un suicidio que algunos investigadores consideraron “inducido”, “sospechoso”, “absurdo” y claramente relacionado al episodio del Renave, uno de los mayores escándalos del último gobierno del PRI, presidido por Ernesto Zedillo. Cuando Cavallo fue detenido escribí: “El licenciado Juan Miguel Ponce Edmondson, jefe de Interpol-México, no es un policía cualquiera, sino un abogado versado en historia argentina que fue testigo de la amistad de su padre (en Paraguay, Panamá y Venezuela) con un notorio exiliado bonaerense que se llamaba Juan Domingo Perón. El, dos décadas más tarde, conocería a otros exiliados de las pampas que buscaron refugio en México ante la ferocidad de la dictadura militar que asolaba su país. Por eso, ayer en la mañana, Ponce Edmondson leyó con sumo cuidado la nota que el periodista José Vales, corresponsal del matutino Reforma, había enviado desde Buenos Aires. Allí se revelaba, entre otras cosas, que Ricardo Miguel Cavallo, el argentino que dirigía el Renave de México, era en realidad el represor ‘Miguel Angel’ Cavallo, (alias ‘Sérpico’) imputado por el juez español Baltasar Garzón, en su célebre juicio contra el genocidio perpetrado en la Argentina. Supo que, entre otros crímenes, Sérpico, era culpable del asesinato de Mónica Jáuregui (que fuera esposa del periodista Juan Gasparini) y de su compañera de militancia Azucena Buono. Y aunque el ‘empresario’ a cargo del Renave aparecía muy bien colocado frente a varios funcionarios del gobierno saliente de Ernesto Zedillo y del entrante de Vicente Fox, decidió actuar con presteza, abriendo una investigación y siguiendo los pasos de Cavallo”.
Mientras tanto el ex marino, que desde hoy habita una celda en el penal español de máxima seguridad de Alcalameco, trataba –infructuosamente– de desmentir las acusaciones que pesaban contra él. Al periodista Armando Flores, también del diario Reforma, le dijo que “su única relación con el Ejército” fue cuando “hizo el servicio militar”, pero después llegó a admitir ante otros cronistas que hace muchos años “había sido guardiamarina o algo así” (sic). También mostró su pasaporte argumentando que había visitado España en 1994 y nadie le había pedido la captura. Podía ser cierto, pero no importaba: Garzón inició su juicio más tarde. Además, la excelente nota de José Vales bastaba para desmentirlo. El corresponsal entrevistó a seis ex detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA y les mostró una foto de Cavallo tomada en 1971 que cinco de ellos reconocieron.
Reforma tomó además la precaución de consultar a un perito mexicano para que realizara un “comparativo” entre esa foto antigua y una contemporánea de Cavallo y las conclusiones fueron categóricas: eran la misma persona. El número de cédula de identidad, por otra parte, era el mismo que figuraba en una foto tomada a “Miguel Angel” Cavallo por el ex detenido-desaparecido de la ESMA, Víctor Basterra: el número 6.275.013, con el que el empresario Ricardo Miguel Cavallo tramitó su Formulario de Migraciones, (FM3), ante la Secretaría de Gobernación de México.
Alarmado por la publicación y temeroso de que Garzón pudiera atraparlo, Cavallo le anunció a la prensa que marchaba a Buenos Aires “para aclarar su situación” y emprendió una veloz retirada. Sin perder tiempo decidió embarcarse en el vuelo de Mexicana que hacía la ruta a Buenos Aires con escala en el balneario caribeño de Cancún, donde fue detenido y trasladado al Distrito Federal.
Interpol-México lo demoró esgrimiendo la clásica “averiguación de antecedentes”, pero sin ignorar que hacía falta un pedido de captura del juez Garzón, para poder juzgarlo por algo más que por “violaciones a la ley de población”. Era fundamental aclarar esas confusiones de identidad, entre el fantasmal “Miguel Angel Cavallo” de los registros obrantes en los organismos de derechos humanos y el Ricardo Miguel Cavallo que distribuía un currículum que empezaba una década antes y donde se presentaba como “pionero en el desarrollo de aplicaciones de tarjetas inteligentes o ‘chips’ con las cuales ha estado trabajando desde 1990”.
Cabizbajo, reacio ante las nuevas preguntas de los reporteros, el ejecutivo de la firma Talsud (vinculada con otro genocida, el célebre”Tigre” Jorge Eduardo Acosta y el conocido represor de la ESMA Jorge Radice, alias Ruger), llegó al DF para pasar la noche en un calabozo de Interpol.
En México, la detención del director del Renave causó un escándalo de proporciones en los medios y reanimó un intenso debate en la clase política, en las postrimerías del último gobierno priísta. Es que los cuestionamientos parlamentarios a la privatización del registro automotor y el fabuloso negocio que esa concesión representaba venían haciendo olas desde que Talsud y otras empresas ganaron la polémica licitación.
En Buenos Aires, mientras tanto, Página/12 tenía acceso al prontuario policial de Ricardo Miguel Cavallo. El documento probó de manera irrefutable que el empresario y el torturador eran una misma persona. Según surgía de sus propias afirmaciones ante la Policía Federal, Ricardo Miguel Cavallo (cédula de identidad 6.275.013; DNI 10.225.159, nacido el 29 de setiembre de 1951) tuvo los siguientes grados y destinos en la Marina de Guerra argentina y en la esfera supuestamente civil: en enero de 1972 era guardiamarina en el Comando en Jefe de la Armada; en 1976 era curiosamente civil (de pelo largo, de allí lo de Sérpico) y estudiaba Ciencias Exactas; en diciembre de 1978 volvía a ser marino, nada menos que en la Escuela de Mecánica de la Armada; en mayo de 1980 revistaba en el Comando en Jefe de la Armada pero en enero de 1981 había retornado a la ESMA. Ya en democracia, en 1986, sacó pasaporte para viajar a Estados Unidos. Se desempeñaba entonces en el estado mayor general de la Armada y fue recomendado a la Federal por el almirante Juan Carlos Anchezar, que en la era Menem sería segundo de Hugo Anzorreguy en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el ‘87 era capitán de corbeta y seguía en el Estado Mayor de Armada. Y aunque ya era civil, en 1990, dio como domicilio y lugar de trabajo Comodoro Py 2055, la sede del Estado Mayor de la Marina.
Una de sus renovaciones de pasaporte fue para viajar a Francia, justo en las fechas en que los organismos de derechos humanos sindicaban a “Miguel Angel” Cavallo como miembro del tétrico “Centro Piloto” de París, que le costó la vida a la diplomática Elena Holmberg.
Entonces escribí: “¿Hacen falta más coincidencias? Las hay. Un negro hilo de Ariadna lo conduce a La Rioja y Mendoza, a sociedades con ‘Ruger’ y el Tigre Acosta. Pero también con un empresario menemista asociado con Alberto Kohan: Miguel Egea”. El descubrimiento de su ficha policial vino a desmoronar entonces uno de los argumentos de su defensa: que Ricardo Miguel Cavallo y Miguel Angel Cavallo (el represor cuya captura solicitaba el juez Garzón) no eran la misma persona. Después de casi tres años de trámites judiciales, el genocida devenido empresario ha llegado finalmente a España, donde deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Baltasar Garzón y afrontar luego un juicio oral en el que puede ser condenado por su innegable participación en los delitos de terrorismo de Estado y genocidio. Crímenes de lesa humanidad que no prescriben. La justicia universal, que fue burlada en los casos de Augusto Pinochet y el ex mayor Jorge Olivera, ha ganado su primera batalla.