La Corte Suprema adelantó ayer que tratará la constitucionalidad de las leyes de reforma judicial “lo antes posible”, con lo que dejó en claro que aceptará el primer per saltum bien redactado que le llegue. Las estimaciones hablan de entre 40 y 50 planteos de inconstitucionalidad presentados en todo el país en los últimos dos días. Entre ellos, el del mediático abogado Ricardo Monner Sans, que utilizó una vieja causa para plantearle la causa al máximo tribunal. Este lo rechazó in limine por falta de fundamentación. En Tribunales nadie está en condiciones de pronosticar cuándo llegará la cuestión a la Corte, ni por cuál de todas las vías posibles, pero la lógica indica que, a más tardar, les llegará a los ministros del máximo tribunal la semana que viene.

Todos los protagonistas de la batalla judicial admiten que el tema tiene pocos parámetros y que habrá que ver los extraños caminos que pueden tomar algunos jueces. Por ejemplo, puede haber un planteo de inconstitucionalidad en cualquier juzgado y que el magistrado en cuestión dicte una cautelar ordenando que no se continúe el proceso electoral para elegir los miembros del Consejo de la Magistratura. Teóricamente, la resolución de ese juez sólo puede valer para el individuo que hizo la presentación y, sin embargo, el magistrado podría despacharse ordenando que se frene todo el proceso. El tema es más llamativo todavía porque no se trata de un comicio provincial, de distrito, sino una elección nacional de distrito único que abarca todo el país: se elige un solo listado para integrar el Consejo de la Magistratura.

Hasta ahora, los planteos fueron hechos en dos fueros, el Contencioso Administrativo y el Electoral. Hay quien se presentó en ambos fueros. De manera que puede haber un juez/jueza electoral o un juez/jueza en lo Contencioso Administrativo que dicte un amparo.

En la Cámara Electoral dicen que cualquier cautelar ya plantea un conflicto de competencia, porque un juez en lo Contencioso Administrativo puede emitir una orden de frenar la elección. En ese caso, el criterio es elevarlo de inmediato a la Corte y que ésta lo asuma por per saltum. En forma paralela, si hay una cautelar de un juez en cualquier lugar del país, alguna de las partes podrá plantear que el tema sea resuelto por el máximo tribunal a través del per saltum. El criterio de la Corte es tomar la cuestión cuanto antes.

Desde el punto de vista del proceso electoral, lo necesario sería que los ministros resuelvan antes del 12 de junio, fecha de presentación de alianzas. Los hombres de la Corte que hablaron ayer con el periodismo dijeron que creen que lo pueden tratar antes del 22, fecha de presentación de candidaturas. En este último caso, habrá que ver cómo se solucionan las cosas desde el punto de vista del cronograma electoral.

Los cuestionamientos que se incluyen en los planteos sobre el Consejo de la Magistratura vienen desde distintos ángulos:

- Que la forma de elección es anexada a las boletas partidarias y eso vulneraría el criterio, por ejemplo, de que los consejeros abogados sean elegidos por los abogados o los consejeros jueces por los jueces. El oficialismo sostiene que la Constitución de ninguna manera excluye el voto popular para elegir a los consejeros y que ese mecanismo es, por lejos, el método más democrático. La realidad es que, hasta ahora, las elecciones de los consejeros abogados o los consejeros jueces tuvieron un alto nivel de partidización: las listas estaban nítidamente alineadas con oficialismo u oposición.

- También se cuestiona la nueva composición del Consejo, con el aumento de la cantidad de consejeros académicos, y una supuesta falta de balance en la nueva formación del Consejo, en el que argumentan que el oficialismo tendría, como mínimo, poder de veto. En la edición del domingo, Horacio Verbitsky señaló que la oposición hasta puede lograr la mayoría del Consejo en las próximas elecciones.

- El otro punto que se objeta es que en 18 de los 24 distritos habrá que presentar listas para el Consejo y para legisladores nacionales con la misma denominación para que la boleta de la categoría consejeros vaya adherida a la boleta de las nóminas de legisladores nacionales. Esto significa que si hay una lista unificada PRO-UCR-Socialismo para el Consejo, sólo podrá ir pegada la boleta a la de diputados y senadores, si existe alianza PRO-UCR-Socialismo en 18 de los 24 distritos. De igual manera, el Frente para la Victoria tendrá que llamarse de esa manera en 18 distritos para que en su boleta vaya la lista de consejeros del FpV.

- Se cuestiona asimismo la proporción para votar dentro del Consejo la elección de un juez o el envío a juicio político. En la actualidad es dos tercios de los presentes, en la nueva ley es la mitad más uno del Consejo. Los trascendidos indican que la Corte podría resolver primero las cuestiones que tengan que ver con el mecanismo electoral y recién después los demás planteos. Pero lo cierto es que en Tribunales nadie sabe qué cautelar llegará a la Corte, cuál será el contenido de la resolución de un magistrado y ni siquiera de qué fuero provendrá.

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