El kirchnerismo se prepara para convertir en ley en la Cámara de Diputados el último de los proyectos del paquete de medidas que el Gobierno envió al Congreso para “democratizar la Justicia”: el que establece el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, a través de concursos públicos. La iniciativa, que fue modificada en el Senado por pedido de la Corte Suprema y con la venia del Ejecutivo, forma parte del temario de la sesión especial de hoy en la Cámara baja, donde también estará en debate el proyecto de blanqueo de capitales en moneda extranjera.

De esta manera, el oficialismo buscará la aprobación del último de los seis proyectos del Ejecutivo sobre la Justicia en trámite, el único que todavía no se convirtió en ley tras la aprobación de la reforma al Consejo de la Magistratura y la elección popular de parte de sus miembros; las limitaciones a las medidas cautelares contra del Estado; la creación de tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, Civil y Comercial y Laboral; la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los jueces, y la obligación de publicar en Internet las resoluciones y fallos de la Corte Suprema y de los tribunales superiores del fuero federal.

El objetivo de la última iniciativa en debate es “regular el ingreso democrático e igualitario del personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público”. El proyecto que ya tenía media sanción de Diputados fue modificado en el Senado, luego de que la Corte Suprema hiciera llegar al Parlamento “sugerencias” sobre la iniciativa, que fueron avaladas por el Gobierno.

El texto original proponía que los concursos para el ingreso de personal en todo el Poder Judicial quedaran en manos del Consejo de la Magistratura. Pero la mayoría de los jueces de las cámaras federales, con el respaldo de los magistrados de la Corte, pidió mantener el nombramiento directo de sus principales colaboradores por el grado de “confianza” que, plantearon, requiere la función. Entre las modificaciones que introdujo la Cámara alta se concedió a los jueces la designación directa “excepcional” para los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia.

Otra de las modificaciones fue descentralizar los concursos. La Corte Suprema se encargará de los concursos para el ingreso al Poder Judicial; la procuraduría hará lo mismo para los distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, de igual modo lo resolverá por su parte la Defensoría, mientras que el Consejo de la Magistratura tendrá a cargo sólo los concursos de su propio personal.