El presidente de la Cámara Federal de Salta, Ricardo Lona, por primera vez tendrá que dar explicaciones públicas por la Masacre de las Palomitas, en la que doce presos políticos fueron asesinados el 6 julio de 1976. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que investiga su responsabilidad como ex juez federal en aquel fusilamiento, lo citó para que declare hoy a las 10 y podría pedir su destitución. También deberá hacer su descargo por dos acusaciones que podrían contribuir a su juicio político: haber asumido el rol de albacea –incompatible con su investidura– en una sucesión multimillonaria y haber apañado, en un expediente que tramitó en su antiguo juzgado, el cambio de identidad de un recién nacido y su entrega a un matrimonio francés.
Lona no sólo sigue impartiendo justicia en Salta, sino que como presidente del Tribunal de Alzada es siempre un conjuez potencial de la Corte Suprema de la Nación. El año pasado, de hecho, salió sorteado para integrar el alto tribunal cuando había empate entre sus miembros para resolver las causas del corralón. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo llamó a declarar por decisión unánime de sus siete integrantes. En relación a la masacre ocurrida durante la dictadura, la pesquisa aún está en etapa de instrucción, pero según adelantaron dos consejeros “se han encontrado sumarios labrados por las Fuerzas Armadas que podrían comprometerlo”. En el caso conocido como “del menor francés” está cerca de una acusación por mal desempeño, y en el que actuó como albacea a esa figura se agregarían posibles delitos como el de evasión.
u La masacre. En plena dictadura, una patota del Ejército bajo las órdenes del comandante de la guarnición Salta, Carlos Mulhall, irrumpió en la cárcel de Villa Las Rosas. Eran oficiales superiores, pero no llevaban insignias. Se llevaron a cinco mujeres y siete hombres, con el pretexto de que iban a ser trasladados a la ciudad de Córdoba. Pero terminaron fusilados cerca de un cruce de la ruta a Tucumán, en la localidad de Palomitas. El diputado de Salta Pablo Ismael Outes, hijo de una de las víctimas de la masacre, Pablo Eliseo Outes, denunció a Lona –juez federal en 1976– ante la Justicia y ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado, supuestamente por temor a la fuga, el pase de los presos finalmente asesinados. Outes señaló en su denuncia el testimonio de tres oficiales del Ejército que lo incriminaron. Según la declaración del coronel Mulhall, del coronel Raúl Gentile y del teniente coronel Juan Carlos Grande, el juez Lona había solicitado el pase de los presos “personalmente y con insistencia”. Hoy tendrá que hablar públicamente de esto ante el organismo que analiza la conducta de los magistrados, donde el diputado y consejero Marcelo Stubrin conduce una pesquisa. Esta se presentará como testigo pero la próxima sería como acusado.
u Herencia misteriosa. Lona actuó como albacea en la sucesión del multimillonario César León Pereyra Rozas, su vecino de enfrente, fallecido el 22 de julio de 2000. Estela del Valle Pereyra Rozas, nieta y potencial heredera, denunció al camarista por violar el Reglamento de la Justicia, que impide a los magistrados tener actividad comercial o financiera, y por haberse quedado mágicamente con buena parte del patrimonio de su abuelo. La investigación, a cargo del consejero Beinusz Szmukler, detectó elementos comprometedores. Para administrar una sucesión –una actividad rentada– Lona debió haber pedido autorización ante la Corte y no lo hizo. En ese trámite sucesorio, además, aparecen omisiones llamativas. Para colmo, el año pasado aparece incorporado a su patrimonio personal un depósito de 600 mil dólares que pertenecía a Pereyra Rozas. Tampoco abonó el impuesto a los Bienes Personales. Hoy tendrá que explicar todo esto.
u Adopción dudosa. En otro expediente por mal desempeño que instruye Szmukler, se cuestiona a Lona cuanto menos por no haber investigado el cambio de identidad de un recién nacido y su entrega a una pareja francesa cuando había datos más que sospechosos: un médico atendió gratis a una parturienta que no quería criar a su bebé, la internó con nombre falso, la alojó en su propia casa junto con el matrimonio francés que “adoptaría” a la criatura, y emitió un certificado de nacimiento trucho. Lona sobreseyó la causa por la venta del bebé. Por esto también deberá exponer sus razones.