El colectivo “Justicia legítima” se presentará formalmente como asociación civil sin fines de lucro durante su segundo encuentro nacional a realizarse este viernes en la ciudad de La Plata. Entre sus protagonistas estará la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien recibió muestras de respaldo en medio de la embestida en su contra por parte del senador radical Mario Cimadevilla y la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, entre otros. “Que se ponga en tela de juicio la función del procurador de organizarse mejor y en línea con estas unidades fiscales organizar los recursos para garantizar un eficaz trabajo del MPF es preocupante. Máxime cuando estas facultades no fueron criticadas en su momento y sí lo fueron convalidadas por la jurisprudencia”, señaló ayer Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las ONG que junto a Abuelas de Plaza de Mayo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), presentó un amicus curiae defendiendo la actitud de la procuradora.

Esta semana la Corte Suprema, la Cámara Federal y un fiscal federal promovieron investigaciones en contra de Gils Carbó por la creación de fiscalías especializadas y la designación de fiscales ad hoc, las cuales se dispararon tras la intervención de la procuraduría de lavado de dinero, a cargo de Carlos Gonella, en la causa contra Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Luego de que uno de planteos realizados fuera desestimado en primera instancia por el juez Sebastián Casanello, la Sala I de la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación, al tiempo que la Corte adelantó que se expedirá sobre la validez de un dictamen firmado por una procuradora subrogante y que el fiscal Gerardo Di Masi pidiera la imputación de Gils Carbó en la causa originada por Carrió. En el amicus curiae, los organismos sostienen que Gils Carbó actuó de acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y reivindicaron las decisiones adoptadas para la definición de la política criminal y la eficacia en la persecución del delito.