El presidente Néstor Kirchner concretó, tal como lo anunció Página/12 en exclusiva hace diez días, los pasos para que declaren los altos mandos de la SIDE tanto en el juicio oral por el caso AMIA como en una causa paralela en la que se tratan de determinar las irregularidades del juez Juan José Galeano en la investigación del atentado. Además, el primer mandatario dio un paso adicional: le ordenó a la SIDE, a través de un decreto, que abra sus cuentas, sobre todo de 1996, para que se establezca si es cierto que se pagaron 400 mil pesos al principal imputado en el juicio oral, el armador de autos truchos Carlos Telleldín, quien a cambio del dinero declaró en la causa incriminando –no se sabe si mintió o no– a varios policías bonaerenses que hoy están sentados en el banquillo de los acusados del juicio oral.
En verdad, quienes primero señalaron la trama oscura de la participación de la SIDE en la investigación del atentado fueron los familiares de Memoria Activa y los defensores de los policías. Hoy en día, ya quedó en claro durante el juicio oral que hubo armado de pruebas y maniobras de todo tipo de la central de espías, por lo cual terminó siendo casi unánime el reclamo para que, de una vez por todas, se sepa la verdad sobre dos puntos clave:
- Si la SIDE supo del atentado antes de que ocurriera y si venían siguiendo a las células que perpetraron el ataque pero éstas se les fueron de las manos y pusieron la bomba.
- Si ante esa realidad, armaron una serie de pruebas y pistas falsas para tapar su fracaso.
A raíz de las sospechas que existen sobre la SIDE durante la época del menemismo y su papel en el caso AMIA, el propio Tribunal Oral Federal número 3, que conduce el juicio oral, ordenó que declare un grupo de quince agentes de máxima responsabilidad, empezando por el ex titular, Hugo Anzorreguy. El gobierno de Eduardo Duhalde y la jefatura de la SIDE, entonces a cargo de Miguel Angel Toma, pusieron reparos argumentando que de ninguna manera se debe violar el secreto profesional de los agentes. Incluso la SIDE presentó una apelación ante la Cámara Nacional de Casación para evitar que nueve de los 15 agentes declaren.
Ayer Kirchner, acompañado por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el titular de la SIDE, Sergio Acevedo, firmó los instrumentos que ponen en marcha tres cosas:
- Se desiste de la apelación ante la Cámara de Casación, por lo cual queda en firme lo resuelto por el Tribunal Oral: los 15 agentes deben ir a declarar en el juicio oral.
- El Presidente emitió un decreto que obliga a Anzorreguy a declarar ante el juez Claudio Bonadío, quien está a cargo de la causa en la que se investigan las irregularidades del juez Galeano. En este decreto, Kirchner igual puso limitaciones –por ejemplo Anzorreguy no puede revelar identidades de agentes ni hablar de ubicación de dependencias de la SIDE–, pero habrá que ver si pese a esos obstáculos la habilitación le permite esclarecer a Bonadío algunas de las maniobras que se hicieron durante la investigación.
- Se le ordena a la SIDE que exhiba sus cuentas, en especial las de 1996. En ese año se supone que la central de espías le dio 400 mil pesos a Carlos Telleldín en dos pagos de 200 mil. Hasta el momento, hay buena evidencia de que Telleldín recibió ese dinero, incluso hay datos de qué hizo con la plata. Pero más difícil ha sido probar que fue la SIDE la que le dio esos fondos.
A cambio del dinero, Telleldín declaró en la causa judicial y sostuvo que le entregó la camioneta Trafic que explotó frente a la AMIA a un grupo de policías encabezados por el ex comisario Juan José Ribelli. Tanto el Tribunal Oral como el juez Bonadío tratan de probar que la entrega defondos se hizo y, además, si se le pagó a Telleldín por decir la verdad o para consolidar una pista falsa que sirvió para tapar la gravísima falla de la SIDE en la prevención del atentado.