Por ahora, la jueza electoral María Servini de Cubría decidió que no dictará ninguna medida cautelar que suspenda la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura prevista para las primarias (PASO) del 11 de agosto y para las elecciones nacionales del 27 de octubre. Sin embargo, admitió tramitar los doce amparos y planteos de inconstitucionalidad de la ley de reforma del organismo y ya le notificó al Estado que tiene cinco días hábiles para explicar su postura. El plazo se vence en las dos primeras horas del viernes de la semana que viene. A partir de ahí, podría tomar la medida que considere necesaria o dictar una sentencia. En Córdoba, el juez federal Ricardo Bustos Fierro también admitió una acción de inconstitucionalidad y notificó al Estado para que conteste.

En cuanto fue promulgada la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, comenzaron a llover los planteos judiciales para frenar la elección de consejeros y directamente para invalidar la nueva norma. Hay más de un centenar de presentaciones en todo el país. En su gran mayoría cuestionan: el sistema de elección popular de consejeros, que hasta ahora votaban las propias corporaciones; la nueva composición de 19 miembros, que amplía la representación de académicos y científicos y de abogados (como forma de ampliar la participación ciudadana); la sustitución de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes para elegir y promover acusación de jueces por una mayoría de la mitad más uno de los consejeros; la postulación de consejeros jueces, abogados y académicos a través de los partidos políticos y con agrupaciones o alianzas, que además, tengan igual denominación en 18 distritos.

La fecha de cierre para inscribir alianzas, el 12 de junio, y presentar candidaturas, el 22 del mismo mes, puso a los jueces ante un límite temporal concreto. La Corte Suprema incluso hizo saber que se expedirá lo más pronto posible ante el primer per saltum bien planteado que le llegue. Por lo pronto, entre las primeras resoluciones judiciales, ayer se conocieron las que adoptó Servini de Cubría. En su juzgado tramitan cinco acciones de amparo (de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Abogados de Capital Federal, de legisladores de Unión por Todos, de Elisa Carrió y del Partido El Movimiento) y siete acciones de inconstitucionalidad y declarativas de certeza (de la UCR, de varios integrantes del Frente Amplio Progresista, del Partido Nacionalista, de la Lista Bloque Constitucional, la Coalición Cívica y el Partido de la Ciudad).

Lo que hizo la jueza fue evitar, por ahora, pronunciarse sobres las medidas cautelares que le requirieron para frenar la aplicación de la ley. “Dada la naturaleza de la acción, no corresponde expedirse por el momento”, sostuvo. Pero dio trámite a todas las presentaciones que recibió, y en todos los casos dejó sentado que tendrá que ser un proceso “sumarísimo” o de “naturaleza expedito”, o sea, urgente. El Estado tendrá que explicar su posición y ofrecer pruebas a más tardar en las dos primeras horas hábiles del viernes próximo. A partir de ahí, la jueza, si quiere, incluso podrá dictar sentencia sobre la discusión de fondo, o sea, sobre los planteos de inconstitucionalidad y los cuestionamientos al proceso electoral. Recién una vez que se cumplan esos pasos quedará habilitada la posibilidad de que alguien presente un per saltum para saltear la segunda instancia e ir directamente a la Corte. Servini, además, consideró que no es imprescindible la intervención del fiscal electoral, Jorge Di Lello, quien se excusó porque tuvo cargos directivos y está afiliado a la Asociación de Magistrados, una de las entidades que se presentó.

En Córdoba, en el juzgado de Bustos Fierro, encontró eco una de las tantas acciones de inconstitucionalidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Esta entidad, a través de representantes locales, inició acciones en varias provincias. Por lo pronto, el juez cordobés admitió la demanda y le dio siete días al Estado nacional para que responda.