El presidente Néstor Kirchner firmó ayer con gobernadores y representantes de todas las provincias un “compromiso” para garantizar un piso de 180 días de clase por año en todo el país. “La educación es una prioridad de gobierno”, destacó Kirchner y consideró que el acuerdo constituye “un paso importante hacia adelante”, aunque reconoció que “por sí solo no soluciona la carencia indudable” del sistema educativo, y la misma observación hicieron todos los que asistieron a la firma del convenio, entre ellos los dirigentes de los principales gremios docentes. Es que de hecho, más allá de la firma de cualquier compromiso, el único modo de asegurar el efectivo cumplimiento del ciclo lectivo es por medio de la sanción de una ley –y esa es la intención del Ejecutivo– que garantice al mismo tiempo el pago de los salarios de los maestros.
La firma del “Convenio para Garantizar el Cumplimiento de un Ciclo Lectivo Anual Mínimo” podría definirse como el primer paso que da el gobierno de Kirchner con el objetivo de establecer un piso de 180 días de clases en todos el país. El mismo ministro de Educación, Daniel Filmus, aclaró que esa meta no podrá cumplirse en el corto plazo y habló de la necesidad de sancionar una ley para alcanzar ese objetivo.
No se trata, de todos modos, del primer intento: ya los ministros de Educación de la Alianza Juan Llach y Andrés Delich impulsaron la aprobación de una ley para asegurar los 180 días lectivos y fracasaron. Durante la administración de Eduardo Duhalde, un proyecto en ese sentido llegó al Congreso de la mano de la ministra Graciela Giannettasio, pero también quedó en la nada.
“Es la primera vez que se reúnen todos los gobernadores y la comunidad educativa para apoyar y apostar por la educación”, subrayó Kirchner durante la firma del convenio. Cierto es que todas las jurisdicciones adhirieron al compromiso, pero no que todos los mandatarios provinciales hayan participado del acto en la Casa Rosada: en verdad sólo concurrieron trece gobernadores y hubo cinco vicegobernadores y cinco ministros de Educación. Mendoza no mandó ningún representante pero sí la adhesión.
Los gobernadores que estamparon su firma junto a la de Kirchner en el acuerdo fueron Felipe Solá (Buenos Aires); Carlos Reutemann (Santa Fe); Jorge Sobisch (Neuquén); Héctor Icazuriaga (Santa Cruz); José Luis Lizurume (Chubut), Angel Maza (La Rioja); Wbaldino Acosta (San Juan); Oscar Castillo (Catamarca); Angel Rozas (Chaco), Pablo Verani (Río Negro), Julio Miranda (Tucumán) y Ricardo Colombi (Corrientes) y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Salta, Jujuy, Córdoba y San Luis enviaron a sus vicegobernadores, mientras que por Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Misiones estuvieron sus respectivos ministros de Educación. Al acto también concurrieron los titulares de los gremios docentes Marta Maffei (CTERA), Hugo Yasky (Suteba) y Horacio Ghilini (SADOP).
La adhesión de todas las jurisdicciones –más allá de las ausencias que haya habido entre los gobernadores– indicaría la existencia de un consenso que haría posible aprobar esta vez una ley para asegurar el efectivo cumplimiento del ciclo lectivo. Cabe recordar, de todos modos, que en 1994 todas las provincias firmaron el Pacto Federal Educativo, que garantizaba una inversión de 3000 millones de dólares de parte de la Nación para equipamiento, capacitación e infraestructura y suponía un 20 por ciento de contrapartida de inversión provincial, que en la mayoría de los casos jamás se concretó.
El punto central del convenio –y también el más polémico– es el que establece el modo de garantizar el pago de los sueldos docentes para evitar conflictos salariales que deriven en paros e impidan cumplir los 180 días de clase: el mecanismo consiste en la integración de un fondo mediante la retención de una parte de la coparticipación federal que les corresponde a las provincias y al que recurriría la Nación para abonar los sueldos de los maestros en aquellas jurisdicciones donde no se paguen.
La retención de fondos que les son propios generó malestar entre los mandatarios provinciales. El santafesino Carlos Reutemann dudó incluso enestar presente en la Casa Rosada, pero finalmente decidió concurrir para que no se interpretara que no estaba a favor de la mejora de la educación.
Los gremios docentes consideraron positiva la firma del acuerdo, pero también expresaron sus dudas acerca de su efectivo cumplimiento. Maffei opinó que habría que poner énfasis sobre “la calidad”. La titular de CTERA advirtió que “no se trata de hacer una declaración que está en todas las leyes provinciales” y exigió que “no incumplan los gobiernos nacional y provinciales los compromisos que tienen”.
Ghilini manifestó que el convenio “es un paso adelante”. Aun así, agregó que “es imprescindible discutir con Economía la distribución del ingreso en función del presupuesto educativo” y dijo que se debe “lograr que el porcentaje para la educación sea el 6 por ciento del PBI”.
“Esta es una iniciativa fundamental”, aseguró el titular de la UDA, Sergio Romero. Sin embargo, declaró que “a esto hay que acompañarlo con otras medidas, como un mayor presupuesto para la Educación, mayor capacitación para los docentes y más días de clase”.