“Le quiero decir que muy probablemente usted sea acusado”, advirtió el diputado Marcelo Stubrin con una mirada fría clavada en el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ricardo Lona. A esa altura, el juez comenzaba a hundirse en el asiento con un cigarrillo casi colgando de su mano derecha, después de haber estado cerca de una hora tratando de desentenderse de su responsabilidad como ex magistrado federal en la masacre de Las Palomitas, en la que doce presos políticos fueron fusilados el 6 de julio de 1976. Lo había citado la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que impulsará ahora su destitución no sólo por ese tema sino también por su rol de albacea –incompatible para un juez– en una sucesión multimillonaria y por el trámite sospechoso de una causa de venta de un bebé. Le adjudicarán mal desempeño y algunos delitos.
Lona fue denunciado por el diputado de Salta Pablo Ismael Outes –hijo de una de las víctimas de Palomitas, Pablo Eliseo Outes–, por haber ordenado el traslado que terminó en el fusilamiento de los doce detenidos que estaban en el penal de Villa Las Rosas. En el expediente iniciado en el Consejo de la Magistratura, encargado de evaluar la conducta de los jueces, están documentadas las declaraciones de tres militares que involucraron a Lona. El coronel Carlos Mulhall, el coronel Raúl Gentil y el teniente coronel Carlos Grande coincidieron ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en que el entonces juez federal había solicitado el pase de los detenidos a Córdoba “personalmente y con insistencia” por supuesto temor a la organización de motines y fugas.
“Yo no di la orden”, refutó Lona ante Acusación. “Las declaraciones de esos oficiales fueron mendaces”, continuó. Dijo también que solía visitar la cárcel de Villa Las Rosas, pero que nadie había mencionado maltratos. Su postura erguida y desafiante comenzó a desvanecerse cuando, uno a uno, los consejeros presentes se encargaron de marcarle las contradicciones y la debilidad de sus argumentos. El senador Jorge Yoma leyó en voz alta el testimonio que dio en el Juicio por la Verdad la sobreviviente Mirta Josefa Torres. La mujer contó que había denunciado ante Lona las torturas que sufrió estando embarazada, dijo que recordaba perfectamente su cara y que sabía que él había ordenado que sacaran a algunos de los presos.
–¿Qué medidas tomaba cuando un imputado denunciaba torturas? -interrogó Jorge Casanovas. Tuvo que repetir la pregunta tres veces porque Lona sólo balbuceaba sin contestar. “Lo mandaba a revisar por el médico”, titubeó. La lectura del testimonio de otro ex detenido, Eduardo Tagliaferro, periodista de este diario, volvió a incomodar a Su Señoría. Tagliaferro contaba que había mostrado en el juzgado de Lona las secuelas de los golpes que habían roto una de sus costillas, que permanecía vendada. Pidió una pericia médica que nunca se concretó. Y recordaba que cuando su madre pidió permiso para verlo en el penal, Lona se lo concedió con una advertencia: “No sé si le falta un ojo, un brazo o algún miembro”.
Lona dijo que no recordaba a Tagliaferro ni a su mamá. En su memoria no figuraban torturas, ni asesinatos, ni reuniones con jueces y militares, ni nada que se pareciera al terrorismo de Estado. Su amnesia, admitía, sin embargo, que su hermano integraba el Tercer Cuerpo de Ejército. No pudo explicar por qué no abrió una investigación sobre la masacre de Las Palomitas, aunque la mayoría de los fusilados estaban a disposición de su juzgado. Ni por qué no dispuso la entrega de los cuerpos a sus familiares.
Por la masacre de Las Palomitas, Lona será citado otra vez en los próximos días para declarar como imputado. “Será una formalidad, porque sus imprecisiones, mentiras, contradicciones y su cinismo fueron evidentes”, señaló Yoma a Página/12. La acusación que concretará la comisión, que preside le diputada Marcela Rodríguez, incluirá otros dostemas por los que el camarista fue interrogado ayer, ya como sospechoso, y en los que según varios consejeros “quedó más comprometido que antes”.
Lona terminó admitiendo que actuó como albacea en la sucesión –que según una denuncia llegaría a 60 millones de dólares– de César León Pereyra Rozas, un vecino suyo que falleció en julio de 2000. Ningún juez, por ley, puede administrar herencias. Podría hacerlo, excepcionalmente, con permiso de la Corte, algo que él no gestionó. Reconoció también que dispone de 600 mil dólares de una cuenta de Pereyra Rozas y que tiene un haras con 50 caballos. Los investigadores señalan que, además, no pagó impuesto a los bienes personales. La denunciante en este caso es una nieta desheredada. Se llama Estela del Valle Pereyra Rozas y ayer presenció la audiencia desbordada de nervios. “Este hombre es un torturador, a mí me tortura hace años tomando posesión de mis derechos”, exclamó. Esta causa estuvo a cargo de Beinusz Szmukler, igual que una tercera, en la que el camarista es cuestionado por haber apañado u obviado investigar el cambio de identidad de un bebé y su venta a una pareja francesa en 1988. Había pruebas contundentes: un médico que alojó en su casa a una embarazada que no quería criar a su bebé, la internó con un nombre falso, la atendió sin costos, emitió un certificado de nacimiento trucho y entregó la criatura a un matrimonio francés, que también alojaba en su propia casa.
Los cargos formales contra Lona, según adelantaron en la Comisión de Acusación, serán mal desempeño y algunos delitos como el de encubrimiento.