Luego de un interminable debate, el Senado dio su respaldo a una reforma reglamentaria que incorpora la figura de las audiencias públicas para dar acuerdo a los miembros de la Corte Suprema. No fueron pocos los senadores que comenzaron sus exposiciones aplaudiendo la transparencia del mecanismo. Los radicales, algunos representantes de partidos provinciales y unos pocos peronistas se resistieron a que las audiencias se hicieran extensiva a los magistrados de los tribunales inferiores y a los integrantes del ministerio público, es decir, fiscales y defensores. La discusión no es un tema menor y pone de relieve como pocas la defensa de algunos cotos provinciales o influencias partidarias.
“Un poco de orden, senadores, así nos vamos todos a ver a Boca”, dijo desde el estrado el sanjuanino José Luis Gioja, una vez que el proyecto oficial obtuvo el respaldo de los 50 legisladores presentes en el recinto al momento de votar. A pesar de la mención de Gioja, la mayoría acordó continuar con la sesión. En el recinto quedaron hablando unos pocos parlamentarios y el grueso salió disparado hacia los televisores.
El dictamen en debate unificó proyectos de la porteña Vilma Ibarra, del riojano Jorge Yoma, del rionegrino Miguel Angel Pichetto y de la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner. Sorprendió por ello que una iniciativa que fue debatida durante varias semanas encontrará tantos obstáculos en el recinto. La principal crítica que se le hizo al proyecto oficial no fue la incorporación de las audiencias públicas para los jueces de la Corte Suprema, sino para los magistrados de los tribunales inferiores.
“Estas medidas no son sólo necesarias sino imprescindibles”, comenzó diciendo el radical santacruceño Carlos Prades, quien paso seguido criticó que las audiencias se hicieran extensivas a todos los integrantes del Poder Judicial. La ambivalencia radical motivó que Fernández de Kirchner repreguntara si apoyaban o no la norma. A esta altura el argumento de quienes se oponían a las modificaciones resaltaba el papel del Consejo de la Magistratura en el tema.
“Si escucháramos a los pueblos de las provincias tal vez nos hubiéramos evitado el bochorno que pasamos ayer –por anteayer– cuando en el Consejo de la Magistratura tuvimos que escuchar a un juez salteño (Ricardo Lona), involucrado en delitos aberrantes, diciendo que tuvo dos acuerdos del Senado”, sostuvo el riojano Jorge Yoma para reivindicar la figura de las audiencias públicas para los miembros de tribunales inferiores. Antes el riojano recordó que algo parecido sucedió con el acuerdo que el Consejo de la Magistratura dio el año pasado a un juez subrogante de Catamarca, Maulio Torcuato Martínez. El magistrado en cuestión había sido juez federal durante la dictadura militar y estaba denunciado ante el español Baltasar Garzón por no haber tramitado hábeas corpus a favor del ex diputado radical Pisarello, desaparecido en Tucumán.
La mención de Yoma no pasó inadvertida. Un par de horas después, la salteña Sonia Escudero afirmó desde su banca que el caso del juez salteño, Ricardo Lona, “era un caso más y no un ejemplo de cómo se seleccionaba a los jueces”. Resultó llamativo por lo menos que Escudero no tomara distancia de los copiosos antecedentes que vinculan a Lona con la dictadura militar. Más aún si se recuerda que precisamente Escudero supo estar al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y no podía desconocer las denuncias que pesan sobre el actual titular de la cámara federal salteña.
El radical mendocino Raúl Baglini hizo un repaso histórico en el que no estuvo ausente el aumento de los miembros de la Corte. Recordó que esa sesión duró tan sólo 41 segundos. También se detuvo en el nombramiento de Adolfo Vázquez en el ‘95. Precisó que en esa ocasión el cuerpo había modificado su reglamento y que para obtener el acuerdo de Vázquez se lo había sorteado. Con la ayuda de las versiones taquigráficas comentó que el hoy embajador en Estados Unidos, José Octavio Bordón, había admitido que el estudio del pliego de Vázquez había llevado una hora y nueve segundos. El estudio histórico no fue un impedimento para que los radicales insistieran en su oposición a que las audiencias incluyeran a los tribunales inferiores y reclamaran la reducción de la Corte. El cierre lo tuvo Kirchner, quien insistió que “las corporaciones existen y me resultan irritantes los mecanismos en los que los pares se eligen entre pares”, en clara alusión al Consejo de la Magistratura, tan endiosado por radicales y provinciales. La única modificación que se incorporó fue la propuesta por Rodolfo Terragno que pedía el voto nominal de los senadores. Finalmente la norma fue votada por la totalidad de los presentes.