A mediados de mes, el canciller Rafael Bielsa podría entrevistarse en España con el juez Baltasar Garzón, quien está estudiando si envía 46 órdenes de arresto, dijo ayer a Página/12 un funcionario del Estado español. Si la reunión se produce, Garzón escuchará de Bielsa un postulado: “Lo que no se juzgue acá, se va a juzgar afuera”, como repiten los funcionarios de la Cancillería para explicar la posición oficial sobre los pedidos de extradiciones contra militares acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura.
El postulado se corresponde con el principio jurídico de “aut dedere, aut iudicare” (o extraditar o juzgar). Y no hay otra forma de aplicarlo que derogando el decreto 1581/01 con el que Fernando de la Rúa decidió rechazar sin examen previo los reclamos de distintos países que intentaban aportar la justicia negada en la Argentina. El Gobierno ya tiene la decisión de barrer con ese impedimento. Sólo espera el momento adecuado.
“Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de juzgamiento en relación a los derechos humanos, así que mientras nosotros no podamos juzgar en el país porque existen todavía las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tenemos realmente la obligación de extraditarlos”, dijo ayer en declaraciones a radio América Alicia Oliveira, la funcionaria encargada del área de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La derogación del decreto 1581 se hará a través de otro decreto. La anulación de la resolución delarruista podría firmarse en cualquier momento, ya que reglamentó una ley, la de cooperación internacional en materia penal.
Todo indica que el Gobierno no esperará a que llegue un pedido concreto de un país sino que actuará por propia voluntad. Ese gesto podría hacer a su vez que Garzón u otros jueces enviaran pedidos de captura internacional contra los represores argentinos. El tema podría formar parte de una eventual reunión entre Bielsa y Garzón, el magistrado que odenó arrestar al dictador Augusto Pinochet y al marino argentino Ricardo Cavallo.
El juez español ya está considerando el reclamo que le hicieron los abogados de la acusación popular para que reenvíe las órdenes de captura contra 46 militares (eran 48 pero Leopoldo Fortunato Galtieri y Francis Whamond murieron) que remitió el último día de 1999 y que trabó el gobierno de la Alianza. En esa solicitud hay varios acusados que están siendo juzgados aquí por robo de bebés, como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Carlos Guillermo Suárez Mason. Pero personajes como Alfredo Astiz o Domingo Bussi figuran en la lista de Garzón y siguen libres. Sólo si la Corte Suprema anulara definitivamente las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los responsables de violaciones a los derechos humanos fueran condenados en la Argentina, los procesos en el exterior carecerían de sentido.
Las extradiciones son el mayor temor de los represores argentinos. A su vez, el Gobierno aspira a que no todos los represores tengan que esperar en prisión los dos años o más que podría durar un juicio de extradición en la cárcel. Confía en que no se efectivicen automáticamente las capturas, sino que se aplique el Código Penal, que dice que el juez puede o no encerrar a los acusados durante el proceso.
El decreto 1581/01 estableció que la Cancillería “rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional” y que “las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez competente dejando constancia de que el ministerio” no haría lugar a los pedidos.
Con esta resolución derogada, los reclamos de jueces extranjeros serán resueltos por la Justicia. Luego, según establece el procedimiento, el gobierno argentino tendrá la última palabra para definir si los acusados son entregados a los países que los piden.
“El decreto de De la Rúa cierra la puerta a que ingrese un pedido de extradición y en realidad abrir esa puerta no significa que todo pedido de extradición proceda porque hay tres momentos. Si la Justicia dice que no a la extradición, el Presidente no la puede admitir. El Presidente puede decir que no a una extradición, pero para decir que sí hace falta también la palabra de la Justicia”, explicó el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rosas.