Las fortunas increíbles que manejan los altos mandos de la Policía Bonaerense y la inacción frente a los delitos que les permiten recaudar esas fortunas produjeron ayer el desplazamiento del jefe de la fuerza, Alberto Sobrado –entre otras cosas por un giro de 333.000 dólares a Bahamas– y el cuestionamiento a otros famosos comisarios, como Aníbal Degastaldi, a quien la División Asuntos Internos le detectó una cadena de restaurantes en la zona norte del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, todos ellos puestos a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada encabezada por quien fuera su secretario. Página/12 adelantó en exclusiva que estaba en marcha una investigación patrimonial sobre los bienes de comisarios y subcomisarios y que esa pesquisa produciría resultados de alto impacto. Ayer mismo, el gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, desplazaron a Sobrado, pero habrá más pases a retiro y ya se habla de una megacausa judicial. La forma en la que se constituyeron las riquezas quedó evidenciada esta misma semana, después de las muertes ocurridas en Lanús, en el marco de dos intentos de robo. Ante la pregunta del gobernador y el ministro, el informe oficial de los policías fue que “en Lanús no hay desarmaderos”, pero desde La Plata se ordenó un procedimiento en esa zona y bastó el allanamiento a un solo desarmadero para demostrar la verdad: 227 autos desguazados, 1321 puertas de vehículos, 761 capots y tapas de baúl, 1173 ruedas y 846 butacas. Anoche, funcionarios bonaerenses y nacionales sentaron las bases para un trabajo conjunto de inteligencia que abarcará los desarmaderos bonaerenses y las casas de venta de repuestos robados ubicados en la zona de la avenida Warnes en la Capital Federal.
–Bueno, mire, tengo que hablar con mi contador –respondió Sobrado cuando Cafiero le preguntó por los 333.000 dólares girados desde el Scotiabank Quilmes de Buenos Aires al de Uruguay y desde allí al Nova Scotiabank de Bahamas.
–¿Pero de dónde salió el dinero? –le preguntó el ministro Cafiero.
–Es una herencia de mi padre. Yo soy único hijo y ese dinero lo deposité allá para que le quede a mi hija –argumentó el jefe de la Bonaerense.
–¿Figura en su declaración de impuestos? –insistió el ministro.
–Sí, pero déjeme consultarlo con mi contador.
Lo cierto es que el dinero fue enviado a Bahamas antes de que Sobrado asumiera como jefe –según consta en la documentación publicada anoche por la revista Veintitrés– y en tiempos en que Sobrado tenía un sueldo inferior a tres mil pesos. Lo que se verificó en la pesquisa sobre los patrimonios de comisarios y subcomisarios es que el ahora ex jefe no declaró semejante suma en su declaración jurada ante la AFIP y tampoco figuran una serie de bonos y títulos de su propiedad.
Tal como anticipó este diario, la investigación patrimonial está haciendo ruido y ya se habla en la División Asuntos Internos de una megacausa. Uno de los comisarios más renombrados, Aníbal Degastaldi, ex jefe de la Departamental de Investigaciones de la Bonaerense en San Isidro y figura notoria en los casos de secuestros y en el asesinato de María Marta García Belsunce, también aparece expuesto en la pesquisa sobre las fortunas de los uniformados: entre los bienes que se le adjudican aparece una sociedad propietaria de varios restaurantes, algunos de ellos de renombre, situados en lo mejor del exclusivo corredor norte del Gran Buenos Aires y en la Capital Federal, con su ex secretario como accionista clave. Los estudios hechos por Asuntos Internos indican que hay numerosas preguntas que Degastaldi tendrá que responder.
“Hay un hecho novedoso y de máxima importancia –señalaron anoche en La Plata–. Por primera vez hay cuadros medios de la fuerza que han venido a declarar y dicen: ‘Sí, ese comisario bajo cuyas órdenes estuve, tiene una fortuna. Por ejemplo, en tal dirección tiene una mansión, en tal otra dirección, otra. Y se lo digo porque yo lo llevaba’. Esta indignación tiene que ver con que ven que hay comisarios enriquecidos de forma fabulosa, mientras que el resto de la fuerza paga el pato.” En la División Asuntos Internos hay actualmente trabajando 200 personas en esa investigación.
En la Gobernación y en el Ministerio de Seguridad analizan la relación entre esas fortunas y la inacción policial. Más allá de las declaraciones públicas, hubo un fuerte enojo porque ante los reclamos de la población, Sobrado nunca salió a dar la cara. Tuvieron que salir a dar explicaciones los oficiales de la zona. Y el hecho que desencadenó el retiro obligatorio de Sobrado fue la pueblada de Lanús, producida luego de la muerte de un joven al que le quisieron robar el auto cuando estaba esperando en la puerta del colegio la salida de su sobrina. Allí tampoco hubo ningún integrante de la cúpula de la Bonaerense, que encabezaba Sobrado, que diera la cara, cuando la gente reclamaba “que se haga algo contra los 114 desarmaderos que hay en la zona”. Desde La Plata se pidió un informe inmediato y la respuesta oficial fue que “no hay desarmaderos en Lanús”. Cafiero entonces le ordenó al comisario Osvaldo Seisdedos que se metiera en la zona y 24 horas más tarde, en Villa Barceló, partido de Lanús, se detuvo a cinco personas en un desarmadero en el que, obviamente, se encontraron autos con pedidos de captura y nada menos que cuatro mil partes de automotores, entre ellas 1300 puertas.
–Es obvio que las grandes fortunas de los comisarios surgen de hacer la vista gorda con desarmaderos de esa envergadura. Y eso termina en muertes de civiles e incluso policías a los que matan cuando les roban el auto –le señaló este diario a un alto funcionario bonaerense.
–Mire, hemos detenido 3500 personas en desarmaderos y secuestramos 25.000 vehículos –argumentó el funcionario–. Hicimos más procedimientos contra los desarmaderos que en toda la historia. Hay un proceso diferente en este momento. Como nosotros fuimos contra los desarmaderos, el trabajo de cortado se está haciendo en pequeñísimos garajes: se atomizó. Por eso usted no percibe tantos procedimientos en grandes desarmaderos.
–Sin embargo, mire el caso de Lanús. La gente protestó y ustedes encontraron en 24 horas un desarmadero enorme –insistió Página/12.
–Bueno, es un caso excepcional. Le aclaro que hemos detectado, por ejemplo, un desarmadero en Wilde de tres pisos, con ascensor. Y lo allanamos. También está el hecho de que a los detenidos se les imputa un delito leve, el encubrimiento. Estamos planteando un encuadre que ya se consiguió en Bahía Blanca: que el dueño de un desarmadero sea procesado y condenado, no por encubrimiento, sino por instigación al robo, y cuando hubo de por medio un homicidio, de instigación al homicidio.
La investigación patrimonial de los altos mandos de la Bonaerense, la caída de Sobrado y otros oficiales y la ofensiva contra los desarmaderos fue evaluada anoche en una reunión que mantuvieron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, y el secretario de Seguridad, Norberto Quantin. Por orden del presidente Néstor Kirchner, el ministro Gustavo Beliz impulsó ese encuentro y se pusieron sobre la mesa enormes mapas en los que se evaluó cada zona por el nivel de robo de autos y el nivel de asesinatos en esos intentos de robo. El gobierno nacional aportará el patrullaje de unos dos mil efectivos de Gendarmería y Prefectura, pero al mismo tiempo se resolvió poner en marcha un megaoperativo conjunto de inteligencia –se supone que participará la SIDE– para establecer los desarmaderos del conurbano y la forma en que llegan los repuestos usados a la avenida Warnes, donde –bajo jurisdicción de la Policía Federal– los venden masivamente. También se barajan operativos sorpresivos de envergadura en distintos puntos del área metropolitana.
Por ahora, Solá y Cafiero no designarán un reemplazante para Sobrado. El ministro asumirá la responsabilidad sobre la Bonaerense y la decisión de nuevas designaciones se tomará recién cuando se termine de desplazar a los acusados en la investigación de Asuntos Internos y después de que se den los primeros pasos en el plan conjunto que delinean la Nación y la provincia para enfrentar el robo de autos, el delito que está produciendo el 40 por ciento del total de asesinatos del país.