Comenzó como una propuesta silenciosa, apenas una copia del famoso impuesto extraordinario que aplicó Tony Blair en Gran Bretaña. Pero de a poco va tomando forma. Ayer, la Concertación Socio-laboral Productiva, que se encarga de cristalizar las conclusiones del Diálogo Argentino, incluyó en su documento de cierre una propuesta para establecer un tributo “excepcional” a las empresas y sectores económicos enriquecidos en la última década. El vicefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, calculó que se podrían obtener unos 2 mil millones de pesos y, a pesar de las resistencias que generará la iniciativa, la dio como un hecho. “Esta medida se toma, porque es un acto de justicia”, aseguró.
Además de Cafiero, participaron de la reunión en el colegio porteño de Jesús María el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, y su segundo, Juan Carlos Tomada. En el documento, se anunció que “con los recursos actuales se generará medio millón de puestos de trabajo hasta mediados de este año”. También se acordó “extender la seguridad social a los grupos menos protegidos, como los trabajadores rurales y los mayores de 75 años”, y “eliminar progresivamente” las jubilaciones de privilegio.
Pero lo central fue la propuesta del impuesto extraordinario. “Es hora de lograr el aporte de los que más poseen en la Argentina. Es hora de que aquellos que han obtenido legítimos beneficios durante los últimos años aporten en forma desinteresada y solidaria para que podamos sostener, de alguna manera, la situación social”, expresa el documento.
Cafiero explicó que aquellos que “más han ganado o mejor pueden proyectar sus ganancias en el futuro, harían un aporte extra”. Aseguró que el objetivo es llegar a los dos millones de empleos que anunció Eduardo Duhalde. De todos modos agregó que el nuevo gravamen permitiría recaudar 2 mil millones y no los 3600 necesarios para cumplir la promesa presidencial.
En diálogo con Página/12, un funcionario que participó de la mesa de diálogo admitió que la iniciativa se encuentra en una etapa de preparación, aunque dio algunas precisiones:
- Se tratará de un impuesto excepcional, que se aplicará una sola vez, y que se pondría en marcha lo más rápido posible. “La idea es contener la situación social antes de que se produzca un estallido”, explicaba.
- Se aplicaría a los grandes grupos económicos y las empresas privatizadas que se beneficiaron con superganancias durante la última década, y a los sectores de la producción que resultaron beneficiados por la devaluación, como los exportadores agropecuarios. Una propuesta paralela consistiría en extender el gravamen a las empresas que se beneficiaron con la pesificación de sus deudas en dólares.
- Como anunció Cafiero, se recaudarían unos 2 mil millones, que se destinarían a la creación de empleos y a programas alimentarios y que se sumarían a los 1600 millones de gasto social previstos en el Presupuesto.
- Serían fondos de asignación específica: lo recaudado iría directamente a las políticas sociales sin pasar por el agujero negro del Tesoro.
Para que avance la iniciativa es clave el apoyo de la Iglesia. Los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone, y Artemio Staffolani visitarán esta semana los bloques parlamentarios para comentar la iniciativa. “El problema no es el Congreso, porque es casi imposible que algún legislador se oponga a ampliar los fondos sociales”, explicaban ayer en el ala política del Gobierno.
Las resistencias más importantes –decía– provendrán desde el exterior y desde el propio gobierno. “El equipo económico no estaba evaluando nada por el estilo”, dijeron a Página/12 voceros del Ministerio de Economía. “Ahora que lo pide la Iglesia, Economía analizará la iniciativa, pero no constituye una prioridad”, aclaró la fuente. De inmediato subrayó que lo prioritario es redondear un acuerdo con los gobernadores y lograr la sanción del Presupuesto, los dos elementos que permitirían conseguir en un mes el nuevo paquete del FMI. “Remes no quiere parches impositivos”, puntualizaron los voceros.