La abogada Carolina Varsky, de destacada actuación durante más de una década al frente del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, fue designada ayer como coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la unidad a cargo del fiscal Jorge Auat que diagrama las estrategias del Ministerio Público Fiscal para optimizar el trabajo de los fiscales que intervienen en los procesos penales a represores de la última dictadura. Subsecretaria letrada de la procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó, Varsky asumió el cargo que hasta noviembre del año pasado ocupó Pablo Parenti, actual titular de la Unidad Especial para casos de Apropiación de Niños de la Procuración.

Entre los desafíos de la nueva coordinadora figuran el impulso de investigaciones sobre los responsables civiles del terrorismo de Estado y sobre abusos sexuales en cautiverio y el fortalecimiento del vínculo entre actores estatales y de la sociedad civil. “La idea es reforzar líneas de trabajo, profundizar investigaciones sobre responsables civiles en causas como Ledesma y Ford, entre otras, y prestar especial atención a las investigaciones para dar con los imputados prófugos”, explicó Varsky.

“En función de la resolución que crea la procuraduría, vamos a avanzar en el registro e investigación de abusos sexuales e impulsar acciones en ese sentido. Generar un archivo de datos que reúna las investigaciones y testimonios que se producen en los debates orales, lo que incluye la digitalización de causas, para generar un registro histórico-judicial que esté disponible para consultas. La idea es mejorar las herramientas tecnológicas e informáticas para seguir procesando los datos relacionados con estas causas en todo el país y trabajar en coordinación con las unidades de género y apropiación de niños”, agregó.

Otro de los objetivos de la procuraduría relanzada por Gils Carbó es “reforzar el vínculo con distintos actores de la sociedad civil”, explicó la abogada. Para ello “serán invitados a la mesa de discusión los distintos poderes y agencias estatales y también las organizaciones sociales involucradas en el proceso de verdad y justicia. La idea es que unos y otros puedan alcanzar inquietudes y preocupaciones, y al mismo tiempo garantizar un mayor control ciudadano a los operadores judiciales”.

“Me siento honrada con la designación, que implica volver a trabajar en un tema del que en realidad nunca me había despegado”, confesó Varsky, referente

ineludible para sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura, quien desde abril trabajó junto al fiscal Félix Crous en la Procuraduría de Narcocriminalidad.