La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Tucumán, Virginia Duffy, aseguró ayer a Página/12 que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión del tribunal superior de Tucumán de rechazar la impugnación presentada contra el actual intendente electo de San Miguel de Tucumán, el ex general Antonio Domingo Bussi, por “falta de idoneidad moral” para ejercer un cargo público en razón de sus antecedentes de “represor y genocida”.
El fallo, firmado el viernes por tres de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Tucumán, entiende que “la sola condición de ciudadanos electores no les confiere (a los organismos patrocinantes) suficiente legitimación para deducir las impugnaciones”. Virginia Duffy sostiene que la APDH, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la fundación Abogados y Abogadas del Nordeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) no se presentaron ante la Junta Electoral como “ciudadanos electores” sino como “organizaciones civiles cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos”. Quienes sí lo habían hecho como “ciudadanos electores” fueron la agrupación HIJOS y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La abogada entiende que la sentencia es “inconstitucional” y asegura que la Corte provincial “se basa en leyes de 1915 y su interpretación no se adecua al contexto en que se aplican”.
A partir del 25 de julio, día en que termina la feria judicial en Tucumán, los organismos de derechos humanos tendrán 10 días hábiles para apelar la resolución del máximo tribunal provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la Corte tucumana no habilita la apelación, podrán igualmente interponer un “recurso de queja” ante la Corte nacional.