Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud denunció haber sido despedido por revelar maniobras irregulares del estilo de las que se investigan en el PAMI. Entre ellos hay tres delegados sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El conflicto viene creciendo desde hace dos semanas. Diputados de distintos partidos, como Marcela Bordenave (ARI), Eduardo Macaluse (ARI), Alfredo Villalba (Frente para el Cambio), Ricardo Gómez (PJ) y Lucrecia Monteagudo (PI) se interesaron en el tema. Lo mismo hizo el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien señaló a Página/12 que “la mayoría de los trabajadores son del área de auditoría y venía haciendo denuncias importantes”. Una calificada fuente de la cartera de Salud, en cambio, rechazó categóricamente las imputaciones.
El panorama se completa con la mención de que, según los denunciantes, el ministerio incorporó a funcionarios que prestaron servicios en el PAMI durante las gestiones de Matilde Menéndez y Víctor Alderete. También desembarcó Oscar Cavarra, asesor directo de Horacio Pacheco en la obra social de los jubilados. Pacheco era uno de los directores nombrados por Eduardo Duhalde que el Gobierno acaba de desplazar. Juan González Gaviola, actual interventor, dijo de él la semana pasada que “su gestión fue un gran fracaso”.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, recibió el 30 de junio una carta del secretario adjunto de ATE de Capital Federal, Leopoldo González. En ella le informaba sobre el despido de 21 trabajadores que participaban del Programa Federal de Salud (Pro-Fe), un plan que brinda asistencia médica y social a discapacitados, madres de 7 o más hijos y personas de más de 70 años sin jubilación. La población bajo cobertura es de 480 mil personas en todo el país. El 85 por ciento son indigentes. “Es de destacar que entre los perjudicados la mayoría elevó a las autoridades reiteradas denuncias por el deterioro en las prestaciones médicas y por irregularidades en contrataciones, y que varios de ellos prestan funciones en el área de auditoría”, señaló en la carta al jefe de Gabinete. El mismo González acudió el último viernes al Ministerio de Trabajo para denunciar los despidos.
Las quejas de los beneficiarios del Pro-Fe se acumularon el último año, superando proporcionalmente a las efectuadas contra el PAMI y otras obras sociales. En particular, hubo numerosos reclamos por las prestaciones de una gerenciadora de Capital Federal, llamada Agrupación Salud Integral (ASI). Esta entidad fue recontratada en enero, “contrariando la multitud y gravedad de antecedentes detalladamente documentados que demuestran los incumplimientos de la gerenciadora”, menciona una comunicación que firmaron 35 empleados del Pro-Fe. Esa nota fue entregada el 28 de abril al entonces director del programa, Santiago Alvarez, un profesor de educación física que fue ministro de Desarrollo de La Pampa.
La nota describía una situación preocupante por el estado del programa. En el caso de ASI, los empleados señalaron que se le aumentó la cápita, de 26 a 53 pesos, y se le redujeron las exigencias, mientras que otras gerenciadoras siguen con los ingresos congelados. La relación original con ASI proviene de la época de Matilde Menéndez, aunque en aquella época tenía otro nombre.
Un segundo eje de la presentación de los empleados fue que se redujo la cápita por beneficiario de 20 a 13,80 pesos, con el argumento de que así se liberaban fondos para operaciones de alta complejidad. Esos recursos, de acuerdo con la denuncia, dejan de ser auditados, lo que constituye una irregularidad. Finalmente, el tercer aspecto de mayor relevancia es que hay algunos prestadores que cobran dos veces. Esto se daría en contratos con geriátricos y psiquiátricos, según los trabajadores. “Son las prácticas comunes del PAMI que el Gobierno tanto combate allí”, subrayaron. Los diputados mencionados al comienzo mantuvieron reuniones con el jefe de Gabinete del ministerio, Leonardo Di Pietro. La respuesta de este funcionario coincidió en lo esencial con la explicación que otra alta fuente de la cartera dio a este diario. En primer lugar, se negó que hubiera despidos, sino que hay contratos que no se renovaron y personas que fueron reubicadas en otras áreas del ministerio. “Se hicieron muchas bajas de otros contratos sin que hubiera problemas en ningún otro sector”, indicó el funcionario. También puntualizó que se reconsideró la situación de ocho trabajadores, a los que se les ofreció renovarles el contrato, aunque ya no para permanecer en el Pro-Fe. En cuanto a las denuncias de irregularidades, “no consentimos que las haya bajo ningún aspecto”. “En la medida en que tomamos contacto con las denuncias les damos el trámite administrativo correspondiente”, agregó.