El ex candidato presidencial por Recrear, Ricardo López Murphy, fijó su posición sobre los juicios contra los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura. No quiere que los procesos se realicen en el exterior, pero tampoco cree que los represores deban ser castigados aquí. “La idea de que algún país europeo pueda actuar como corte de apelación de los fallos nos reduce a un status colonial”, advirtió el dirigente, con pruritos que no suele tener cuando se trata de aplicar las recetas económicas del neoliberalismo.
“Los hechos ocurridos en la Argentina tienen que ser juzgados en el país, y no conozco que ningún Estado esté dispuesto a resignar soberanía a la hora de aplicar la pretensión punitiva”, dijo López Murphy, quien como ministro de Defensa de la Alianza se convirtió en un ferviente defensor del lobby castrense encabezado por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni.
López Murphy manifestó su oposición a la derogación del decreto 1581, que establece el rechazo de los eventuales pedidos de extradición sin que sean examinados previamente. En relación a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuya anulación analiza la Corte Suprema, el ex ministro señaló que “es una cosa más cuestionada” pero advirtió que “hay un problema”, porque el tribunal “con la composición primigenia votó por la constitucionalidad de estas normas y tribunales inferiores adujeron a lo largo de la década del ‘90 que era inconstitucional”.
Durante la década del `80, la Corte avaló las leyes que truncaron los juicios a los militares que violaron los derechos humanos, pero a partir de 2001 varios jueces federales y la Cámara Federal porteña declararon la nulidad de las leyes, mediante –entre otros argumentos– la aplicación del derecho internacional y jurisprudencia posterior de la misma Corte. Además, el ex presidente Raúl Alfonsín comunicó, a través de una carta dirigida a los legisladores de la UCR, que respaldaría que se revirtieran los efectos de esas normas. Explicó que actualmente están superadas “las debilidades” que lo llevaron a impulsar las leyes y que en su momento actuó “condicionado por las circunstancias”.
Cuando los gobiernos locales decidieron no hacer justicia, fueron abiertos juicios en otros países, como España, Francia, Italia y Alemania. Es decir que Argentina “resignó su soberanía punitiva” (como señaló López Murphy) cuando se inclinó por cerrar los juicios y no al decidir reanudarlos.
El vocero presidencial, Miguel Núñez, reiteró que el Presidente va a anunciar “en el momento que considere oportuno” la derogación del decreto que impide las extradiciones militares. Esa medida permitiría que se analizara caso por caso la situación de los 46 represores cuyas capturas pidió el juez español Baltasar Garzón. “Los episodios de violaciones a los derechos humanos, imprescriptibles, que no juzguen los tribunales argentinos, los van a juzgar otros tribunales del mundo”, advirtió el canciller Rafael Bielsa.