Los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político esperan el descargo del supremo tenista, Eduardo Moliné O’Connor, previsto para pasado mañana. Sin embargo, y según lo esperado por los diputados, ese no será el único día en que el cortesano deberá visitar o enviar a sus abogados al Congreso. Todo indica que si el receso invernal se concreta, Moliné tendrá que responder por los cargos que se le impondrán en el denominado caso Leiva en la primera semana de agosto.
Los diputados están convencidos de que el proceso contra Moliné no será tan fácil como el que se realizó con Julio Nazareno. Es por ello que quieren que el supremo tenista reciba el mismo trato que el riojano y, sobre todo, no provocar ningún tipo de inconveniente que le permita al ministro de la Corte impugnar el proceso.
Esta razón y el casi seguro receso invernal, llevaron a la conducción de la comisión, que recae en el justicialista tucumano Ricardo Falú, a evaluar la posibilidad de postergar la aprobación del nuevo capítulo de cargo contra Moliné por la causa Leiva. Hoy, en las oficinas de la comisión permanecen las casi 4000 fojas que tiene la causa del juez mendocino Luis Leiva. Fue el propio perjudicado el que solicitó la remoción del supremo, quien no se apartó del proceso que se le inició al juez cuyano en el Consejo de la Magistratura por la causa Banco República –propiedad del banquero menemista Raúl Moneta– que investigaba el magistrado y donde Moliné ya había expresado opinión con anterioridad. Leiva terminó separado de su puesto y ahora exige que el fanático tenista sea removido de su poltrona por mal desempeño en sus funciones.
El problema de las vacaciones de invierno no es un tema menor para los legisladores de la comisión. Si ellos aprobaran el capítulo de cargo el próximo jueves, deberían exigirle a Moliné que realice su descargo una semana después tal como sucede en este momento con los diez cargos que se le imputaron. Si los diputados hacen uso de la licencia invernal debería entonces postergarse la defensa por tres semanas. Esto podría ser interpretado como una desprolijidad que podría permitirle a Moliné poner el grito en el cielo. Es que por diez cargos le otorgaron siete días corridos para preparar su defensa y ahora le darían 21 días por dos cargos nuevos.
“Moliné no es Nazareno y no hay que darle un centímetro de ventaja”, sostienen los miembros de la comisión. Pero éste no es el único tema que está pendiente de resolver entre los diputados. Saben que una vez superado el caso Moliné, los legisladores deberán sentarse a definir cómo continuará el proceso político contra el resto de los integrantes de la Corte.
En el justicialismo crece día a día la idea de abandonar la estrategia de abrir causas contra los supremos de uno por vez. El consenso que se está generalizando es que los próximos procesos deben abarcar a por lo menos dos magistrados. “Las causas por las que se los enjuicia son las mismas. Salvo que alguno tenga alguna diferente y lo merezca debería continuarse con la actual estrategia. Si no es así, no hay razones para estirar el trámite durante tanto tiempo”, explicó ayer a este diario uno de los legisladores del PJ de mayor ascendencia sobre el bloque. Así, el problema no está en el justicialismo sino en el resto de las bancadas que temen una embestida del oficialismo para imponer nombres en la Corte que no sean tan independientes como Eugenio Raúl Zaffaroni.