“Evidentemente no fueron permeables a esas presiones”, dice con satisfacción el fiscal jujeño Pablo Pelazzo. La referencia alude a los jueces de la Cámara Federal de Salta, que confirmó el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y de su ex administrador Alberto Lemos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Las presiones refieren a notas guionadas por la defensa del empresario que aparecieron en su diario amigo La Nación.

–La Cámara consideró probado el aporte de vehículos de Ledesma para los secuestros y el “conocimiento y voluntad” de que era para detenciones o traslados de personas secuestradas. ¿Está conforme?

–Sólo en parte. Como sostuvimos al apelar, entendemos que ese conocimiento se extiende a la cadena de delitos que eran parte del plan de la dictadura. Es muy difícil creer que en aquel momento quien colaboraba en un secuestro no colaboraba para que esa persona no apareciera más. Y en el medio además se torturaba, es difícil suponer que sólo participaban del secuestro. Ya antes del golpe hay pruebas de gente secuestrada como parte de persecuciones que denunciaba el sindicato.

–Un testigo contó que lo colgaron de un árbol para pegarle y le decían “éste es el zurdo que hizo el paro” en el ingenio, que había una camioneta de Ledesma y sugirió que los torturadores se comunicaban con la empresa. ¿Cómo se explica el procesamiento por secuestros y no por tormentos?

–En ese caso fue un testigo pero Blaquier no fue indagado por ese hecho. Esto pasó con un montón de víctimas y ahora se deben instruir nuevas causas. En términos generales los jueces se limitan a imputar dolo sólo por el aporte de las camionetas, dicen no encontrar elementos materiales que den cuenta de la participación en tormentos, como si fuera necesario encontrar elementos de tortura en las oficinas de Ledesma o sobrevivientes que cuenten haber sido torturados en la empresa. Para nosotros el tabicamiento es una forma autónoma de tortura, que se inicia cuando te ponen una venda, y eso ocurría durante el secuestro. Es autónomo, o es un empujón para subir a alguien a una camioneta. Además era sistemático.

–¿Qué dicen ellos sobre el uso de las camionetas?

–Fueron cambiando de discurso. Primero negaban rotundamente haberlas aportado. Cuando ya era insostenible dijeron que “podía ser” por donaciones al hospital y a Gendarmería, y sugirieron que no habían borrado el logo de Ledesma. Más adelante hicieron distintos planteos y juegos de palabras para intentar probar que los testigos no dijeron lo que dijeron. Ahora en La Nación insisten con que nunca prestaron camionetas, cuando hay pruebas hasta en Salta, donde dos personas dijeron haber visto una camioneta de Ledesma en el destacamento de Gendarmería en Orán y se corroboró en el libro de ingresos: figuraba nombre de los choferes, dominio y decía “procedente de Ingenio Ledesma” el 24 de marzo de 1976.

–El procesamiento es para Blaquier como partícipe necesario y para Lemos como secundario porque uno facilitó los vehículos y el otro ejecutó la orden. ¿Coincide?

–No, para nosotros en ambos casos hay participación primaria, porque cómplice es quien participa en un hecho ajeno. Hay un informe de la Comisión Nacional de Valores donde Lemos figura como integrante del directorio de Ledesma, es decir que no sólo era administrador.

–Lemos admitió ante Olga Arédez que pusieron cuarenta vehículos al servicio de la dictadura “para limpiar el país de indeseables”. Otro directivo, Mario Paz, se ufanaba de que Ledesma puso mucha plata para el golpe. ¿Qué dicen sobre sus dichos del pasado?

–Lemos lo niega, dice que nunca habló con Olga Arédez en esos términos. En el otro caso la defensa es graciosa. Paz, ya fallecido, admitió su colaboración en el documental Sol de Noche, hay horas de filmación con pruebas interesantes. En un momento apareció un escrito de una persona diciendo que Paz le contó que le ofrecieron plata para que dijera algo escrito para el documental. Pero cuando le propone hacerlo constar ante escribano, Paz se muere y nadie puede dar fe. Es absurdo, todo Jujuy sabía que Paz era alguien comprometido con la empresa y con la dictadura.

–La Cámara dice que el aporte de Ledesma fue “desde la creación de la unidad de Gendarmería” y que un año antes del golpe ya habían prestado vehículos a la policía para trasladar gremialistas detenidos, según figura en panfletos. ¿Podría ampliarse la imputación a hechos de 1975?

–Sí, hay muchos expedientes incorporados como prueba, sobre todo por la ley 20.840 o “antisubversiva” que se aplicaba a perseguidos políticos. Está ese panfleto donde se denuncia el uso de camionetas, e incluso el juez admite que no se explica el porqué de un destacamento de Gendarmería a 400 kilómetros de la frontera, no hay explicación lógica.

–Salvo que esté al servicio de la empresa.

–Exacto.

–Blaquier sigue libre, la Cámara dice que no hay riesgo de fuga y sólo tiene prohibido salir del país. ¿Teme la fuga?

–Sí, sobre todo porque el pedido de detención nuestro se funda en que hay muchos más delitos que se les deben reprochar a Blaquier y a Lemos, con lo cual aumenta la expectativa de pena y se presume mayor la probabilidad de que quieran entorpecer la investigación y evadir la Justicia. A su vez está la capacidad económica, que se vio en el editorial de La Nación. Pueden entorpecer de esa forma pero también de otras más directas.

–La Cámara destaca el grado de organización del servicio de seguridad de Ledesma, sostiene que tenía “su propio servicio de informaciones, registros y documentación”. ¿Qué tan activo sigue ese servicio?

–La respuesta más contundente entiendo que surgió del allanamiento del juez (Fernando) Poviña a la empresa: encontró material de seguimiento de las marchas por la conmemoración de la Noche del Apagón, con detalle de participantes, número de inscripción de vehículos, oradores, panfletos y muchos detalles, en dos libros anillados de casi 500 páginas.

–El fallo de la Cámara se dio en el contexto de una campaña de medios amigos de Blaquier para desacreditar a fiscales y jueces. ¿Le preocupa la incidencia de ese lobby?

–Estaba más preocupado antes. Los editoriales de La Nación estaban claramente dirigidos a deslegitimar el proceso y a presionar a los jueces. Evidentemente no fueron permeables a esas presiones, pero el impacto no deja de ser fuerte, sobre todo en Libertador General San Martín. A partir de la operación que iniciaron desde que se los citó a indagatoria trataron de instalar el miedo, la idea de que si la causa avanza la empresa puede cerrar, cuando acá sólo se persigue a dos personas por su responsabilidad concreta en delitos de lesa humanidad.