Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso para abrir el canje de deuda por tercera vez y que el siete por ciento de los bonistas que nunca ingresó tenga las mismas posibilidades que el resto. Además, le ofrecerá al 93 por ciento que entró a los canjes anteriores la posibilidad de reemplazar sus títulos por unos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en Buenos Aires para dar una garantía adicional. De este modo, el Gobierno deja en claro que no les pagará a los fondos buitre el ciento por ciento de lo que reclaman y busca evitar que la reestructuración de la deuda se caiga en caso de que quede firme el fallo del juez de Estados Unidos Thomas Griesa, que ordenó cumplir con lo que reclaman los buitres. Ambas medidas son a su vez un mensaje para la Corte Suprema de ese país, la cual debe decidir si revisa el dictamen de Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. “La decisión que hemos tomado es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos porque estaríamos ante un caso que no sólo tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria, sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda”, aseguró la Presidenta.

El anuncio es en respuesta a la decisión de la Cámara de Nueva York que el viernes respaldó a Griesa, aunque dejó en suspenso la ejecución del fallo hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la apelación del gobierno argentino. Cristina Fernández de Kirchner comunicó las novedades a las 19.30 por cadena nacional durante un discurso de media hora, en el que además reivindicó la reestructuración que encaró el gobierno de Néstor Kirchner para hacer sustentable la deuda y buscó dejar en claro la voluntad de pago, al recordar que desde 2003 a la fecha el país desembolsó la friolera de 173.733 millones de dólares para hacer frente a sus compromisos financieros.

De ese total, 41.044 millones de dólares correspondieron a cancelaciones intra sector público, 81.487 millones se le abonaron al sector privado extranjero y nacional y 51.201 millones a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, aseguró la Presidenta, en respuesta a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que en su fallo del viernes calificaron a la Argentina como un “deudor recalcitrante”.

“Creo que así como fuimos el país que entró en el Guinness por ser la deuda soberana más importante que se ha defaulteado, creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más han pagado. Por eso me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que hemos hecho y que también el mundo tome conocimiento”, resaltó la Presidenta. Luego recordó que el 12 de septiembre se van a pagar 2000 millones de dólares del Bonar VII y sostuvo que a partir de ese momento la deuda en moneda extranjera pasará a representar apenas el 8,3 por ciento del PBI.

Además de recordar lo que se pagó de deuda, Cristina Fernández de Kirchner destacó que fue con recursos genuinos, ya que Argentina no accedió al mercado de capitales durante la década kirchnerista. “Nuestro gobierno es un pagador serial, pero no es un endeudador serial porque la deuda se tomó durante otras gestiones y se defaulteó durante otras gestiones”, agregó.

Después de reivindicar lo hecho en materia financiera durante la última década, la Presidenta sostuvo que el fallo judicial de Griesa, que pone en riesgo la reestructuración, recién podría quedar firme el año próximo o en 2015, pero anunció que ahora impulsarán la reapertura del canje y la oferta para que los que canjearon sus bonos defaulteados en el pasado puedan reemplazarlos por otros con legislación argentina y cobrar a través de la Caja de Valores. “No podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello y esperar a que en cualquier momento alguien tome una decisión y se caigan los canjes de 2005 y 2010 y el país vuelva al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir. No por lo menos mientras yo sea presidenta”, dijo para justificar los anuncios.

En lo que respecta a la reapertura del canje, la consultora Econométrica estimó que si el 7 por ciento que no ingresó antes lo hiciera ahora, los 11.200 millones de dólares que reclaman se reducirían a 4200 millones, aunque el objetivo del Gobierno no es seducir a ese núcleo duro que hasta ahora se negó a negociar una quita sino simplemente volver a ofrecerle lo mismo que al resto para demostrar que no los discrimina. Es la propuesta que ya le hizo a la Cámara de Apelaciones de Nueva York el 29 de marzo y que ese tribunal no tomó en cuenta.

Además de dejar en claro que no discrima a los buitres, el Gobierno buscó remarcar que son una expresión muy minoritaria dentro del conjunto de los acreedores. La Presidenta recordó que los que no aceptaron los canjes son el 7 por ciento del total, pero los que obtuvieron el fallo a favor en el juzgado de Griesa son sólo el 0,45 por ciento. También dijo que esos fondos no tenían los títulos cuando Argentina defaulteó sino que los compraron en 2008 a precio de remate. “Si se hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares que obtendrían sería de algo más del 1300 por ciento”, recalcó.

La Presidenta sostuvo que si se les da la razón a los fondos buitre que litigan en Nueva York, no sólo se afectará la reestructuración que concretó Argentina sino que se dificultarán las futuras reestructuraciones de deuda a nivel mundial. “No en vano se han presentado ante el tribunal numerosos amicus curiae, que no son precisamente amigos de Argentina. Basta recordar a la ex directora del FMI, Anne Krueger”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.

El discurso presidencial buscó llevarle tranquilidad al conjunto de los argentinos y a los tenedores de títulos públicos, al mismo tiempo que interpeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la última y tenue esperanza del Gobierno en la batalla judicial que mantiene con los buitres. “Hago un llamado a la razonabilidad y al sentido común. No puede ser que un 0,45 por ciento que adquirió bonos pueda poner en jaque al 93 por ciento de los acredores y fundamentalmente las posibilidades de seguir creciendo en la Argentina. Por este motivo, quería comunicarme con el conjunto del pueblo y con quienes han creído en el país para que sigan haciéndolo porque estamos al frente de la nave y la vamos a conducir a buen puerto. Tenemos fuertes esperanzas de que el sentido común impere sobre el lobby formidable que hemos visto en estos días, en donde un 0,45 por ciento se puede imponer sobre la voluntad de otro 93 por ciento. Esto afecta la igualdad, la equidad y la seguridad jurídica”, concluyó.

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