Resulta difícil establecer con claridad cuál fue el propósito de los jueces de la Corte para agregar, antes del fallo final sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la instancia de audiencia pública que finalizó ayer. Se puede especular al respecto, pero no vale la pena hacerlo para no insistir en el escenario planteado por el Grupo Clarín con la evidente complicidad de la Justicia.

Pero hay que señalar que con la convocatoria la Corte recreó el escenario más deseado por el Grupo Clarín: la visibilización de dos partes enfrentadas, parangonadas incluso en la disputa. El Estado nacional no es lo mismo y no puede ser equiparado a un grupo económico. No existe equidad entre quien tiene la responsabilidad de defender los derechos del conjunto de la sociedad y quien, aunque diga lo contrario, intenta perpetuarse en una situación privilegio y de poder, utilizando la tenencia concentrada de los medios como la pata más fuerte de su poder económico político.

Pero aún más allá de lo anterior y de todo lo dicho y actuado hasta el momento, lo que no se puede perder de vista es el sentido profundo del debate que se está dando. En la actualidad, no solo en Argentina sino en todas partes del mundo, la democratización de las comunicaciones es parte fundamental de la vida política, hace a la gobernabilidad pero también a la vida misma en democracia. Sin medios de comunicación democráticos no hay democracia política y social.

Puede decirse que estos argumentos valen tanto para el Estado como para los defensores de Clarín que se llenan la boca hablando de democracia aunque sus prácticas demuestren lo contrario. Es inadmisible también que los voceros del grupo mediático argumenten que la libertad de expresión depende del volumen y la capacidad económica de las empresas. Es una demostración más de cómo entienden el mundo al mirarlo solo desde el poder económico. Visto desde este lugar, ¿cuál es el margen que queda para todos aquellos que hacen comunicación desde la diversidad de actores de la sociedad aun careciendo de poderío económico? Poco falta para volver aquí y por otro camino al arcaísmo conservador del voto calificado.

En esta línea de pensamiento resulta imprescindible rescatar –y esto más allá de la resolución que finalmente pueda adoptar la Corte– que lo que está en juego es el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, de cuya vigencia son tan responsables el Estado como las empresas y todos los actores implicados en la vida ciudadana. Por eso hay que seguir hablando de un derecho ciudadano a la comunicación que se garantiza con diversidad de actores y pluralidad de voces en el escenario. Para ello no alcanza ni alcanzará nunca con las leyes, aunque éstas sean un pilar fundamental. Para no perder el sentido de lo que se defiende es preciso redoblar la tarea político ciudadana a favor del derecho a la comunicación. Por más voces y más diversidad. Sin posiciones dominantes en el mercado que terminan imponiendo agenda, presionando hasta la asfixia económica a quienes disienten, jaqueando gobiernos que no les sean genuflexos. Por políticas de comunicación que no confundan lo nacional, que también es diverso y es plural, con el gobierno de turno y que garanticen, por convicción y por sentido democrático, la polifonía de voces propias de una sociedad democrática.

En todo esto no hay una disputa entre dos partes. No hay una lucha de intereses entre sectores. Hay interés ciudadano por encima de todo. Lo que se está decidiendo, a no perderlo de vista, es el sentido mismo de la democracia en un escenario vital: la comunicación.