La abogada Graciana Peñafort fue una de las figuras centrales de la exposición realizada por el Estado nacional en la audiencia convocada por la Corte Suprema en el marco de la causa por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como ex directora de Asuntos Legales de la Afsca durante la gestión de Gabriel Mario-tto, fue una de las redactoras de la ley y conoce como pocos el contenido y las cuestiones técnicas del mercado de la comunicación en argentina. En diálogo con Página/12, consideró “muy positivo” el balance de la audiencia porque permitió “visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar”. “La argumentación de Clarín, llevada al extremo, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión”, advierte.

–¿Cuál es su balance de la audiencia de la Corte?

–El balance fue muy positivo para visibilizar las buenas razones del Estado en un debate que los grandes grupos concentrados han tratado de tapar. Es más fácil sostener que esta ley es mala cuando mientras hay debates en todo el país y simplemente decís que algunos canales “van a desaparecer”. Ahora tuvieron que decir públicamente que no defienden la libertad de expresión sino la rentabilidad. Del otro lado demostramos razones de concentración de mercado, pactos de derechos humanos y doctrina de libertad de expresión. Entonces la frase esloganera pierde su efecto. Además, quedó en evidencia que es el Estado, en este caso la Corte, el que garantiza la diversidad de contenido en los tiempos modernos frente a las decisiones empresarias que puedan invisibilizarlos. Porque permitió elegir si querías ver la versión parcial de la audiencia de TN o ver la transmisión entera. Eso es lo que busca la ley.

–¿Qué le parecieron las preguntas realizadas por la Corte?

–La Corte demostró que los jueces habían hecho una lectura del expediente y que lo conocían en profundidad. En el caso del Estado había muchas preguntas de contenido técnico. Hay que rebatir a un grupo monopólico que dice: “Me afectás a mí, afectás la libertad de expresión”. Es una premisa que dicha en el contexto de los medios suena agresiva, entonces hay que dejar muy en claro la respuesta. A ellos le preguntaron cómo afecta la libertad de expresión esta ley y no lo pudieron demostrar, pueden demostrar que afecta su rentabilidad.

–Hubo unas repreguntas de Ricardo Lorenzetti respecto del ejercicio y la revocación de las licencias...

–Eso se refiere a una materia de derecho administrativo sobre cuál es el nivel de propiedad, entendida la propiedad como todo aquello que no es la vida o la libertad. Es un paradigma bastante liberal. Es un concepto tan amplio de propiedad, que se contrapone con lo que es un privilegio en materia administrativa, un recurso del Estado cuyo gerenciamiento o administración se le da a un particular. Y se denomina privilegio por la escasez y porque el particular tiene que pasar por un trámite especial para acceder a él. Como es una actividad de interés público, son recursos del Estado administrados o gerenciados por un particular. Eso da que sus condiciones de vigencia estén sujetas a leyes especiales, cuya premisa es, básicamente que se deben explotar, desarrollar, nacer y extinguir, solo en función de las reglas del derecho y en función del interés público.

–¿Eso no choca con el argumento de Clarín respecto de que sólo se debe regular por los tribunales de defensa de la competencia?

–Por eso dijimos que esos tribunales sólo regulan mercados y valores de mercado. En cambio, la libertad de expresión es un valor simbólico. Los tribunales de defensa de la competencia regulan una vez que se ha vulnerado. Pero cuando se regula en materia de libertad de expresión tiene que ser anterior porque una vez que es vulnerada no hay manera de subsanarlo. En base a la información uno toma decisiones en su vida, participa como ciudadano. La ley cumple acabadamente eso.

–Uno de los argumentos centrales de Clarín fue que la ley afecta la sustentabilidad y por ende la libertad de expresión...

–Ese argumento es imposible de sostener. Es falso que la sustentabilidad está asociada a una economía de escala. De ser cierto, lo único que garantizaría la libertad de expresión sería una única empresa nacional que concentre toda la escala. La argumentación de Clarín, llevada al extremo final, es profundamente totalitaria. Si sólo la economía en escala garantiza la libertad de expresión, todos los que no la tienen no son sujetos de libertad de expresión, ni activos ni pasivos. Entonces los medios comunitarios, chicos o locales no son sujetos de la libertad de expresión. Eso anula la diversidad de fuentes de información.

–¿Le faltó algo a la presentación del Estado?

–Mi sensación es que el Estado demostró profesionales muy sólidos y pudo contestar acertivamente las preguntas. Te puede gustar o no esta ley ideológicamente. Lo que no podés discutir es que tiene razones de hecho y de derecho para existir y ser aplicada.

–El abogado de Clarín dijo que si pierden podrían recurrir a tribunales internacionales. ¿Qué pasaría en ese caso?

–En principio, no se suspende la aplicación de la ley. Es parte de su derecho y de la democracia, es bueno. Pero además, hay textos completos de la ley que son informes, apartados, artículos, que están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La ley está escrita en la letra del SIDH, y lo que no, lo hicimos en el debate público.

–¿Y si la Corte declarara inconstitucional algunos artículos?

–Aquellos que sostienen la posibilidad de un “fallo salomónico” son los que le dan la salida elegante a la Corte para apoyar la posición de Clarín. Eso implica mantener los privilegios y la posición dominante pero embanderándose en la libertad de expresión. Pero no es así. O hay posición concentrada o no la hay. Y si la hay, hay que tomar decisiones correctivas.

–Otro de los argumentos contra la ley es que no contempla la convergencia tecnológica, que es vieja...

–La ley está llena de cláusulas que permiten actualizarla. No nació vieja. Si hubiesen ingresado las telefónicas hubiera que haber pensado bien la convergencia pero esos artículos desaparecieron porque fue un pedido político de la oposición, no del Gobierno. Clarín está muy de acuerdo con eso porque está defendiendo el monopolio del mercado convergente. Su principal competidor, que es DirectTV, como se trata de satélite, no entra en ese mercado.

–Clarín dice que se lo quiere desguazar para acallar voces críticas...

–No comparto para nada eso. Se les pidió a todos los grupos que presentaran el plan de adecuación y lo presentaron. Se ha avanzado y algunos grupos ya se han adecuado. ¿Cómo puede decir que no es equitativa la aplicación de la ley el grupo que ni siquiera ha presentado la adecuación? Pero además, no es que se acaba la posibilidad de control judicial sobre la aplicación. Una cosa es que no compartas lo que dicen y otra cosa es que quieran callarlos. Lo que pasa es que los grupos concentrados de la Argentina estaban acostumbrados a dictar ellos la agenda y que nadie se la discutiera.