Con un tono monocorde y por momentos exageradamente pausado, el flamante interventor del PAMI, Juan González Gaviola, desglosó, frente a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las innumerables irregularidades detectadas en la mayor obra social del país. Anticipó su decisión de presentar –en un plazo de 150 días– un plan alternativo de funcionamiento para una futura normalización y, sobre todo, la concentración de todas las denuncias de corrupción en una sola causa que entregarán a la Justicia. Los legisladores escucharon con atención la exposición de tres horas del funcionario y en su mayoría –incluso la menemista y presidenta de la comisión Martha Alarcia– se comprometieron a acompañar la nueva gestión y conformar una comisión bicameral de seguimiento de la intervención.
La sala de conferencias de la Cámara baja estuvo bastante concurrida. Diputados, colaboradores y periodistas colmaron el amplio salón. No había clima de conflicto. Los legisladores se sentaron dispuestos a escuchar y en lo posible a no molestar con las preguntas. Tras la presentación de rigor realizada por la ahora moderada menemista, González Gaviola se dedicó a realizar un extenso y crítico relato del funcionamiento del PAMI.
- Concentrar denuncias. El interventor del PAMI anunció que todas las denuncias por irregularidades fueron derivadas a la Oficina Anticorrupción, pero anticipó que la idea es consultar a la Auditoría General y a la Procuraduría General de la Nación sobre la posibilidad de elegir un fiscal y presentarle todas las irregularidades descubiertas. “Sería bueno concentrar todos los posibles ilícitos contra el PAMI en una sola fiscalía”, afirmó González Gaviola, y recordó que lo mismo “ocurrió con la mafia del oro”.
- Los intermediarios. En la descripción de los males de la mayor obra social del país, el interventor nombró a las gerenciadoras, verdaderas intermediarias de la prestaciones médicas. Si bien no lo dijo con todas las letras, para González Gaviola el manejo de estas empresas forma parte del cúmulo de razones que llevaron al PAMI a la crisis por la que atraviesa. Como al pasar dejó entrever la posibilidad de terminar con este mecanismo. Un dato no menor pero que ningún legislador se atrevió siquiera a preguntar o pedir más precisiones.
- Desequilibrios. González Gaviola destacó que entre los desequilibrios encontrados en la institución el que más le llamó la atención fue que de los 9865 personas de planta permanente con un salario de bolsillo del orden de los 1850 pesos, apenas 38 son auditores médicos contra las 135 personas destinadas a la seguridad a las que hay que sumarle el pago a una empresa privada que cumple igual función y los efectivos de la Policía Federal que custodian el edificio central. “Es preciso resolver estos desequilibrios, donde predomina la seguridad contra el control de las prestaciones”, indicó.
- Expectativas. Más allá de los pesares descriptos, el interventor dijo que “si se ajustan las clavijas” se podría terminar el año con superávit operativo de 165 millones de pesos. Recordó que su meta es presentarle al Presidente un plan alternativo de funcionamiento en 150 días. “Servirá como punto de partida para una nueva normalización”, dijo. El interventor prometió esforzarse “para hacer funcionar los 78 contratos” actualmente vigentes en la obra social, mientras se diseña el nuevo modelo. Precisó además que el presupuesto 2003 es de 2655 millones de pesos y que podría sumar otros cinco en concepto de recaudación. De los 221 millones de pesos mensuales que ingresan al PAMI, González Gaviola precisó que 160 millones se derivan a prestaciones médicas, 24 millones a programas sociales y 9 millones a gastos administrativos. “Estamos tratando de bajar la deuda flotante en 9 millones de pesos”, indicó.