La resolución de Gómez Centurión con la que contrató al abogado Mendilaharzu.

En la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña pasan hechos incontrolables. Un abogado del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, es contratado para brindar servicios de consultoría a inspectores del organismo por 741.180 pesos, pero los presuntos beneficiarios nunca se enteraron de esa asistencia jurídica y técnica porque jamás se les informó. Una licitación para construir la guardería del personal fracasa porque se considera excesivo el monto de 3.498.900 pesos que pide una empresa, aunque un mes después se llamó a contratación directa por una suma casi idéntica. Estos y otros expedientes se tramitaron en la AGC con las firmas de su máximo responsable, Juan José Gómez Centurión, y los dos últimos directores generales de Legal y Técnica, Diego Enriquez y Roberto Padilla. Mientras tanto, al personal de la Agencia se lo hostiga de distintas formas para que renuncie o acepte condiciones laborales para las que no fue contratado. Los trabajadores continúan de paro y el organismo se mantiene cerrado al público desde hace una semana. No hay inspecciones del organismo en toda la Ciudad.

El 26 de marzo de este año, la AGC aprobó “la contratación de un servicio de consultoría para el desarrollo de mejores prácticas inspectivas, a efectos de posibilitar consultas en línea relativas a cuestiones técnico–jurídicas en materia contravencional y/o penal, en ocasión del ejercicio del poder de policía desempeñado por esta Agencia Gubernamental de Control”. Se le adjudicó el trabajo al abogado Mariano Mendilaharzu para que brinde el asesoramiento por 130.680 pesos en el expediente 523904–2013.

En otra resolución, pero del 26 de julio, se contrató al letrado por la suma de 610.500 pesos “pagadera en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos 203.500 cada una, comenzando con la prestación en el mes de julio de 2013” (ver facsímil). La información consta en el expediente 2888993-2013. Todo suma 741.180 pesos por la consultoría online para inspectores, que hasta ahora nunca se brindó a quienes supuestamente estaba destinada.

La AGC ya libró lo que se denomina el parte de recepción definitiva (PRD), el último trámite para que luego la Dirección General de Tesorería le pague por sus servicios al prestador, en este caso Mendilaharzu. El letrado está vinculado con el jefe de Gabinete, el funcionario de más poder en el gobierno porteño después de Mauricio Macri. Lo patrocinó al menos en una causa: la 31.909, “Rodríguez Larreta sobre recurso de Casación”. Fuentes consultadas por Página/12 en la Agencia sostienen algo más: que el abogado asesoraría en temas penales a Gómez Centurión. Esa sería su función en la AGC. En estos días, el mayor retirado del Ejército y director teme por las posibles consecuencias de una denuncia penal que le hicieron los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo que pretendía incorporar a su organismo. Los 137 afectados también recurrieron a la Justicia con varios amparos y lograron revertir el traspaso.

Los buenos servicios de Mendilaharzu pudieron ser afrontados gracias al decreto 556/10 que les permite a los directores generales y directores del gobierno porteño disponer de 2.500.000 y 2.000.000 de pesos mensuales, respectivamente, para contrataciones directas. El expediente 5239047-2013 dice: “Surge de forma manifiesta la urgencia de la contratación, por tratarse de un servicio impostergable e indispensable para dar cumplimiento a las facultades propias del área, esto es atribuciones de control y fiscalización”.

La urgencia que invoca el trámite expeditivo no provocó una avalancha de consultas de los presuntos interesados. Nunca se enteraron de los servicios que presta el abogado, según se lo confirmaron a este diario varios de los inspectores de la AGC.

La guardería

El 12 de julio pasado se dio por fracasada una licitación para construir la guardería en el edificio del barrio de Once donde funciona la Agencia, en las instalaciones de lo que fuera la fábrica de Cinzano. El expediente 1029507-2013 dice que se presentaron dos oferentes: las compañías San Marino Construcciones SA y Metrocons SA. La primera pidió 3.498.900 pesos para realizar las obras y la segunda, 2.176.146,48 pesos. La Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó declarar fracasada la subasta porque San Marino ofertó “un monto excesivamente superior al cotizado por la empresa Metrocons SA para realizar la misma tarea, resultando manifiestamente inconveniente”. Y a esta última la bochó porque su propuesta carecía de firma hológrafa.

El 9 de agosto, o sea menos de un mes más tarde, la AGC hizo un llamado a contratación directa por 3.500.000 pesos para construir la misma guardería, bajo los mismos pliegos y condiciones. El 23 de agosto venció la recepción de ofertas. Todavía no se sabe qué empresa ganó la obra. Sería un negocio hecho a medida.

En la Agencia hay más expedientes abiertos (que no son publicados en el Boletín Oficial) por licitaciones sospechadas o servicios no comprobados. En uno se le pagó 48 mil pesos a una consultora top del mercado por una encuesta de opinión que no realizó. En otro se menciona que un curso para funcionarios costó 60 mil pesos y la empresa contratada nunca lo dictó.

Mientras estas irregularidades comienzan a ver la luz, la Agencia permanece cerrada por decisión de su director, Gómez Centurión. Los trabajadores iniciaron también un paro porque a 74 de ellos (en principio eran 94) los obligaron a presentarse en el Programa de Capacitación y Movilidad (Procam), el umbral de lo que suponen será un despido con causa. Una de las profesionales afectadas, arquitecta con varios posgrados, le comentó a Página/12 con reserva de su nombre: “Me sorprendió que me manden a un programa de capacitación que realizan los que quieren terminar la primaria o secundaria, o para aprender Word o Excel o preparar comidas para celíacos. Me siento perseguida, agraviada y humillada”.

En el interior de la Agencia se cortaron los sistemas informáticos, personal de seguridad recorre los pasillos en actitud intimidante y se decretó asueto lunes y martes por desratización. Se intenta con esto moderar los efectos de una asamblea que los trabajadores convocaron para hoy. El gremio de Sutecba va por la renuncia de Gómez Centurión y convocaría a un paro en toda la Ciudad si la situación de los enviados al Procam no se revierte. Acusó al director de la AGC de evitar el ingreso del personal a sus áreas de trabajo, movilizar a la Policía Metropolitana y hacer un lockout patronal. ¿Quién controla a los que controlan? Al parecer, nadie.