“Acá sí aparecieron las armas de destrucción masiva”, comentó anoche con alivio el interventor en el PAMI, Juan González Gaviola. Hablaba del informe final sobre la obra social de los jubilados que elaboró la Auditoría General de la Nación, presidida por Leandro Despouy. Página/12 tuvo acceso a las 76 páginas del texto completo, en el que se confirma que ni siquiera las inundaciones de Santa Fe merecieron un tratamiento eficaz por parte del PAMI, un monstruo que atiende a tres millones de personas (dos millones de mujeres y un millón de hombres) con una mezcla de desidia, desorganización y falta de control. Excelentes condiciones para montar una caja negra.
El ejemplo de las inundaciones es ilustrativo. El director ejecutivo Reynaldo Hermoso firmó una resolución, el 2 de mayo último, para asistir a los damnificados en 650 mil pesos.
La comisión económico-financiera del directorio entregó la mayor parte de esa suma a Hermoso en efectivo.
Hermoso le pagó 156.331 pesos a la empresa Balkash. Le dio 404.078 a Autoservicio Mayorista Diarco. Y le entregó 26.450 a Transporte Frate.
Estas son las observaciones de la Auditoría:
u “No existe cifra cierta de la cantidad de afiliados damnificados”.
u “No todas las resoluciones fueron convalidadas por el directorio”.
u “No se ha podido constatar que el Directorio haya autorizado el retiro del dinero en efectivo al señor Reynaldo Hermoso”.
u “No se encuentran los fundamentos para que las contrataciones y/o adquisiciones fueran canceladas mediante dinero en efectivo y no en cheque, contrariando elementales normas de control interno”.
u “Se ha comprobado que entre el 3 de mayo de 2003 y el 13 de mayo de 2003 el señor Reynaldo Hermoso había retirado en efectivo la totalidad de los $ 550.000, mientras que existen facturas pagadas recién en las fechas que se consignan a continuación: 26/05/03, Diarco SA, $ 56.544; 27/05/03, Balkash, $ 87.571; 03/06/03, Frate, $ 26.450”.
Hermoso era uno de los representantes en el PAMI de la Confederación General del Trabajo que responde a Rodolfo Daer. Dentro del PAMI funcionaba como la pieza de mayor confianza de Luis Barrionuevo.
Pero no es el único cuestionado. También aparece en el informe de la AGN una contratación directa resuelta por el jefe del PAMI desplazado por Néstor Kirchner, el duhaldista Antonio Pacheco. Pacheco firmó un contrato con Empresas Privadas Odontológicas de la República Argentina, Epora SA para la cobertura nacional.
“Las ofertas presentadas y el proceso de selección del contratista seguido no se corresponden con algún ordenamiento determinado, careciéndose de previsiones para las etapas básicas a cumplir”, dice el texto de la AGN. Y detalla: “formulación del requerimiento, autorización, pliego de bases y condiciones, publicidad de la convocatoria, apertura de ofertas, garantías de oferta y adjudicación y evaluación de las ofertas, etcétera”. Pese a ello, la Gerencia de Prestaciones Médicas analizó la propuesta de Epora y la de Susana Music y Asociados y optó por la primera señalando que “cubre las expectativas que el Instituto tiene en relación con la cobertura odontológica”.
El expediente pasa a la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Dice que la decisión excede su competencia, pero eleva la actuación al directorio. La Comisión de Política Sanitaria también aprueba. La Sindicatura no objeta. La Gerencia Económico Financiera recomienda pequeños ajustes y sugiere precisiones, que nadie satisface. Algunas observaciones son respondidas con una síntesis que envidiaría Borges. “El área que nos ocupa se encuentra en emergencia nacional”, dice una de las contestaciones.
Poco después, y ante protestas de 29 centros de atención sobre cupos e insuficiencias, la Subgerencia de Asuntos Contenciosos verifica “conducta dolosa” y sugiere abrir un sumario.
La AGN cita la opinión de la jefe del Departamento de Prestaciones Odontológicas. Dijo a los auditores que no había ninguna emergencia nacional, ni falta de prestaciones ni corte de servicios, e informó que el directorio “no le dio ninguna intervención al departamento a su cargo”. Y agregó: “Si los controles se hubieran efectuado, el prestador no hubiera sido contratado dado que no tiene la capacidad prestacional y funcional para brindar la cobertura de servicios”.
Así fue que el 25 de junio último el directorio encabezado por González Gaviola rescindió el contrato.
La de Epora no es la única contratación directa. Se destaca el acuerdo con Amplitone, que provee audífonos, la compra de 60 mil jeringas y la adquisición de 360 marcapasos.
Del informe se desprende que la organización del PAMI es anárquica, con repetición de funciones y conflictos que impiden un trabajo eficaz.
u “El INSSJP se configura como una organización con fuerte tendencia a la hipertrofia en el ámbito central e insuficiente descentralización operativa. Las normas y valores que orientan su actividad se reflejan en comportamientos administrativos no homogéneos”.
u “Las normas que guían la acción en las distintas áreas se presentan en forma inconexa, y dificultan la identificación de las funciones y responsabilidades de cada sector”.
Los departamentos operan como compartimientos estancos, con duplicación de tareas. Esto genera conflictos por competencia. El ejemplo que da el informe es que cada gerencia tiene abogados para analizar sus propios expedientes sin que la Gerencia de Asuntos Jurídicos haya emitido un criterio único. Otro ejemplo es el plan de vacunación antigripal del 2003. Un departamento inició el trámite para comprar las vacunas. Un laboratorio del exterior donó las dosis. Pero nadie interrumpió el trámite de compra aunque la compra, al final, no se produjo.
El tercer ejemplo es el de Julio Curotto. “Se desempeñó como jefe del Departamento de Salud Mental sin haber sido nunca designado.” El tema es que Curotto llegó a firmar documentos que según el informe favorecieron “a los prestadores en desmedro de los intereses del Instituto”.
Los inspectores de la Auditoría cruzaron información. Les fue mal. Por ejemplo una resolución, la número 25 del 10 de marzo, puso en vigencia la Red de Sepelios PAMI. Indicaba que la medida fue aprobada por el acta número 6 del 18 de febrero. Pero en el acta el punto no figura.
El desastre organizativo se nota también en lo que la Auditoría define como la falta “de un sistema de información adecuado sobre los aspectos básicos de su gestión”.
No hay registro con base de datos único sino que cada área tiene el suyo, cosa que duplica costos informáticos y desorganiza.
Otra falencia es que el padrón general “tampoco incluye información sobre enfermedades prevalentes en la población afiliada”, por lo cual no puede ser utilizado como herramienta para definir políticas.
La falta de organización lleva a que el Estado tampoco pueda discutir con fuerza con los proveedores.
La obsesión de la Auditoría con los padrones no es solo formal: “Son un elemento fundamental en la determinación de los precios, y consecuentemente de los egresos del Instituto, dado que brinda sus servicios mayoritariamente a través de terceros y los abona por el sistema de cápitas, a partir del padrón de afiliados que mantiene el propio Instituto”.
Un dato, tomado del propio informe: “Una diferencia en más o en menos del 1 por ciento del padrón provoca un mayor o menor gasto anual para el Instituto de aproximadamente $ 7.400.000”.
El presupuesto es alto, pero la eficacia baja. Sobre alrededor de 500 bocas de atención, solo 110 están informatizadas, y la baja por fallecimiento se asienta solo si lo hacen los familiares del muerto.
El sistema de control de prestaciones no mereció ni un cuatro de lástima por parte de la Auditoría. En el primer semestre de este año se abrieron 280 expedientes con proyecto de dictamen. Pero no se aplicó ninguna penalidad a ningún prestador a pesar de que algunas de aquellas 280 recomendaciones recomendaban aplicar multas que iban de los 20 mil a los 509 mil pesos. Nada se hizo simplemente, en algunos casos, porque faltaba la firma de gerente de Asuntos Jurídicos.
La organización del personal tampoco deslumbró a la Auditoría, que no logró comprender por qué en Concordia hay un empleado por cada 756 afiliados y en Rosario, uno por cada 110.
Las curiosidades que detectó la AGN incluyen las siguientes:
u Hay despedidos que son indemnizados y se reincorporan de inmediato.
u Otros pasan de la planta a la consultoría externa.
u Hay contratados que tienen gerencias a cargo.
u En los contratos no constan los antecedentes profesionales ni el horario de la prestación, y menos los resultados.
Son aún peores las presuntas transgresiones de la ley de ética pública. El ejemplo es el de Gustavo Adolfo Juliá, gerente económico financiero y a la vez presidente de la empresa Federal Aviation.
Otro ejemplo: el gerente de Prestaciones Médicas Néstor Juan Scian era representante de Abril Salud.
Otro más: Omar del Valle Valenzuela es jefe de la Sección Coordinación Farmacia, Salud Mental y Atención Médica de 6.30 a 15.30. Pero a la vez trabaja en Cirugía en el Hospital Perrando de Resistencia desde media mañana y es director administrativo del sanatorio Femechaco para la Comunidad, prestador del Pami.
El capítulo de horas extras es uno de los más detallados. Un tercio de los empleados realizaron horas extras en abril, con un gasto global de un millón y medio de pesos. Pero las cifras de horas trabajadas no coinciden según el listado que se tome. Cinco dependencias de las 45 ejecutan más de la mitad de las horas extras. El 10 por ciento de los empleados concentra el 37 por ciento del gasto en horas extraordinarias. Ganaron más de tres mil pesos mensuales en oras extras 46 agentes.
Al analizar la forma de contratar servicios con los prestadores, la Auditoría concluyó que quedaron restringidos “los principios de concurrencia e igualdad que rigen el procedimiento de licitación pública”.
Según la AGN, cuando se licita no se brindan detalles del servicio requerido, ni el costo aproximado y el período de vigencia de la prestación.
“No se especifican cantidades y calidades mínimas exigibles, parámetros mínimos de uso (por ejemplo, que deberá ofrecerse un médico de cabecera cada mil beneficiarios del padrón) ni condiciones mínimas de infraestructura para internaciones, ni tiempos máximos de demora”, dice el informe.
Los pagos por las prestaciones son erráticos. La AGN tomó una muestra de clínicas (entre otras, Argenmed de Lanús, el Sanatorio Modelo Burzaco, Salud 2000 para Jujuy, Marcos y Hugo Libedinsky de San Justo) y registró que los pagos no respetan el orden de entrada de las facturas. Incluso a veces hay anticipos y otras demoras sin que se haya encontrado una norma que regule el pago y evite el trato discriminatorio.
El control también es deficiente en las prestaciones de salud mental. “No se ha identificado la cantidad de pacientes efectivamente tratados”, señala el informe.
La AGN cita que en la Oficina Anticorrupción hay una denuncia según la cual la ausencia de controles es tan grande que cabe la posibilidad de que “exista duplicidad de pagos”. “Esta duplicidad se verifica en el pago por pacientes comprendidos en el cupo de internados de un prestador de salud mental que a su vez serían abonados contra prestación al ser internados en un instituto para discapacitados (programa Proidis) o en geriátricos con modalidad psiquiátrica (Ramp).”
Según la AGN, solo en salud mental habría que realizar una auditoría especial porque el monto anual que sale del presupuesto llega a los 103 millones de pesos.
Otro sector bajo la lupa es el de las ambulancias. En el caso de la empresa Cruz Alsina, la AGN ya llegó a la conclusión de que “el Instituto pagó en el período 1998/2001 un sobrecosto estimado en $ 19.194.165”. En noviembre del 2000, la firma dejó de poner médicos en la dotación de las ambulancias, pero no rebajó el precio del servicio, y todo a pesar de que el PAMI liquidó la deuda que arrastraba desde hacía un año.