Las declaraciones indagatorias de tres militares acusados por su participación en la masacre de Margarita Belén, previstas para ayer, fueron suspendidas debido a que la Cámara Federal del Chaco reclamó el expediente. El tribunal se expedirá sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de los imputados.
Norberto Raúl Tozzo, Luis Alberto Pateta y Ernesto Jorge Simoni debían presentarse ayer a las nueve de la mañana en el despacho del juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Pero los militares se quedaron en la Base de Apoyo Logístico, donde están detenidos. El magistrado suspendió los interrogatorios hasta que la Cámara Federal de Resistencia opine acerca del hábeas corpus que presentó el defensor oficial Carlos Pujol, así como sobre la recusación del magistrado.
Pujol sostiene que sus asistidos “no declararán ante un juez que es incompetente”, ya que según su criterio “el tribunal que debe entender en la causa es la Cámara Federal de Rosario”. Esta última, de todos modos, ya declinó su competencia y le entregó el expediente a Skidelsky antes de que el juez ordenara los arrestos de diez militares acusados de ser los ejecutores directos de la masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados 22 presos políticos en diciembre de 1976.
Entre el martes y miércoles, el juez citó a seis de los diez detenidos y todos ellos se negaron a declarar. Luego de que la Cámara federal de Resistencia se expida sobre las impugnaciones de la defensa, Skidelsky podría viajar a Buenos Aires para interrogar a Jorge Alcides Larrateguy, el décimo detenido, quien se encuentra internado en el Hospital Militar Central. También debería resolver si llama como testigos a los ex jefes del Ejército Ricardo Brinzoni y Martín Balza.
Los diez militares están imputados del “delito de homicidio agravado por el número de personas y alevosía”, a raíz del fusilamiento de 22 presos políticos el 13 de diciembre de 1976, en inmediaciones de la localidad de Margarita Belén.