EL PAíS › CINCO OFICIALES DE LA POLICIA CORDOBESA DETENIDOS POR COMPLICIDAD CON TRAFICANTES Y ARMADO DE CAUSAS
El fiscal secuestró en la Jefatura de Policía drogas sin declarar, que sería utilizada para “plantar” y armar causas. La investigación se inició hace dos meses, pero salió a la luz por las declaraciones de un arrepentido en televisión.
› Por Eduardo Videla
Con la detención de dos jefes de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y de tres de sus subordinados, comenzó a deshacerse la trama de una organización criminal enquistada en esa fuerza, que se habría dedicado, entre otros delitos, a proteger a bandas de narcotraficantes y armar causas contra ciudadanos inocentes con la intención de extorsionarlos. El fiscal federal Enrique Senestrari reveló ayer que en un allanamiento a la Jefatura de Policía fueron halladas armas limadas y estupefacientes sin declarar judicialmente, que podrían estar destinados a “plantar” en operativos fraguados.
“Había estupefacientes en la Dirección de Drogas en condiciones absolutamente ilegales y eso avala la idea de que tenían estupefacientes ahí de modo irregular. Eso permite pensar que puede ser cierto que la tenían para cargar a personas a las que quisieran comprometer”, dijo el fiscal. Además, “tenían armas con numeración limada que no estaban en una habitación de secuestro con el acta correspondiente, sino tiradas en las oficinas de Drogas”, agregó.
Los detenidos son el jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; los oficiales Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio, todos imputados por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica. Los cinco, con licencia desde que el caso se hizo público, se entregaron el miércoles a la noche en los Tribunales Federales y ayer fueron trasladados a la cárcel de Bower.
La organización comenzó a quedar al descubierto cuando cayó uno de sus presuntos integrantes, un civil que actuaba como informante y agente encubierto. Se trata de Juan Viarnes, alias El Francés, quien a través de sus vinculaciones con el mundo del delito se habría encargado de “invertir” el dinero obtenido por la banda policial en la compra de vehículos. El Francés respondía directamente al comisario mayor Sosa.
En una de esas operaciones, una compra de autos, Viarnes entregó dólares falsos. Sus “víctimas” prefirieron hacer justicia por mano propia y lo molieron a palos. Una patrulla policial se llevó detenidos a todos. Esto ocurrió el 18 de julio último.
Fue entonces cuando Sosa le soltó la mano al Francés, quien entonces decidió abrir la boca. Tomó la causa, con la máxima reserva, el fiscal Senestrari. Pero el caso tomó estado público cuando el programa periodístico ADN, del Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, sacó al aire el testimonio del arrepentido, por entonces en libertad, como testigo protegido. Entonces los hechos se precipitaron.
“Desde hacía un mes y medio teníamos el testimonio de un narco arrepentido que trabajaba para la policía”, cuenta a Página/12 el periodista Tomás Méndez, conductor de ADN. “Nos relató que no podía traficar droga sin el consentimiento de la gente de Narcotráfico, que tenía que mandar al frente a otros narcos y con la droga que se secuestraba en los procedimientos, ellos declaraban la mitad y el resto se lo quedaban o la entregaban en compensación a las bandas que habían colaborado. Fue él quien nombró al Francés antes de que cayera detenido.”
El programa venía haciendo cámaras ocultas con algunos de los policías involucrados, como el comisario Alfredo Saines, de Drogas Peligrosas. El testimonio del Francés Viarnes, que repitió en público lo que había declarado al juez federal Ricardo Bustos Fierro, terminó de cerrar el círculo.
El programa salió al aire el 4 de septiembre. Tres días después, uno de los policías mencionados en la denuncia, el sargento primero Juan Alós, apareció muerto misteriosamente con un balazo en la cabeza, dentro su auto, que estaba con el motor encendido en el paraje Bosque Alegre, cerca de Alta Gracia. Tenía una carta dirigida a su familia en la que aludía al fiscal Senestrari y criticaba al conductor del programa de TV. Para la Justicia, fue un suicidio.
El jefe de la policía cordobesa, Ramón Frías, en lugar de tomar distancia del pantanoso caso, organizó un sepelio masivo para Alós y pronunció un discurso en el que atribuyó su muerte a “la difamación, la injuria y las mentiras”.
Ayer, el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, dijo que el gobierno “va a dejar que actúe la Justicia”. Pero justificó la presencia de droga en el Departamento de Policía al afirmar que “está bajo custodia con un oficio para el entrenamiento de los perros y esto se dio a la prensa como si fuera un hecho completamente anormal”.
Pero según el fiscal, la droga estaba en condiciones absolutamente ilegales. “Esto demuestra que puede ser cierto que podría ser utilizada para cargarla a personas a las que quieran incriminar”, dijo Senestrari.
Según la denuncia de Viarnes, los policías plantaban la droga y luego extorsionaban a sus víctimas para desarmar la causa que habían fabricado.
Además de los cargos por narcotráfico, el fiscal investiga a Sosa por su inexplicable participación en un caso de secuestro extorsivo. Ocurrió el 16 de julio, cuando fue secuestrado Eugenio Viano, amigo de uno de los dueños del boliche Palmira, un local bailable de la capital cordobesa. Al parecer, ninguno estaba en condiciones de hacer la denuncia a la Justicia, por lo que el propietario de la disco decidió recurrir a su amigo Sosa.
El policía, en lugar de notificar a sus colegas de Secuestros Extorsivos, decidió intervenir por su cuenta. Ante la sola presencia de la brigada encabezada por Sosa, los delincuentes huyeron dejando liberado a su prisionero. Esto ocurrió el 17 de julio. Al día siguiente cayó el Francés Viarnes.
Ayer, el fiscal de la Cámara Federal de Córdoba, Alberto Losada, reunió a los tres fiscales de primera instancia y a los dos de los tribunales orales, con la idea de pasar revista a las últimas causas con imputados por tráfico de drogas que pudieron quedar imputados o condenados en causas armadas.
Ayer, el fiscal se defendió de las acusaciones lanzadas por sectores del oficialismo provincial respecto de que la investigación tendría un móvil político: “Yo no sé si pretenden señalarme a mí. No tengo filiación política. Los que dicen eso tienen que ver las pruebas que hay en el caso y verán que no hay ninguna operación”.
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