Hasta el último minuto de su libertad vigilada, el sacerdote Julio César Grassi y su defensor, Juan Carlos Malvicini, procuraron victimizar al condenado como estrategia para evitar la prisión. Grassi aseguró que, en su contra, se había armado “una causa con testigos protegidos y acusaciones falsas”, algo que además se había combinado con la “impunidad” de “intentar armar una serie de notas mediáticas”. Grassi fue el último en dirigirse al tribunal. Previamente, su defensor había abierto el camino en el mismo sentido: los acusadores pedían la privación de libertad de su cliente porque “reescribieron el juicio”.

Grassi intentó demostrar cómo se había fraguado la causa en su contra ejemplificando con el caso de la pequeña Candela Rodríguez, asesinada en 2011. En ese caso, dijo, “con testigos falsos y de identidad reservada armaron una causa, como me la armaron a mí”, entre otras cosas, con “las mentiras” del fiscal Varela. El sacerdote también aseguró que, a lo largo de los años, él había cumplido “estrictamente las reglas” y, en cambio, sus acusadores “pasaron vergüenza diciendo que yo me había vestido de Papá Noel para ingresar a la fundación”.

Ensañado con el fiscal Varela, el sacerdote continuó: “La mentira tiene un sillón en la acusación, la ocupa el fiscal Varela, que miente delante de la gente, sobre todo ahora que hay medios”. Grassi también buscó desmentir las acusaciones de amenaza contra los testigos, sobre lo que habían hablado los acusadores. El presbítero aseguró que no amenazó “nunca a nadie, lo único que hice fue ayudar”. Por el contrario, continuó: “No mando patoteros a amenazar a nadie, no tengo ninguna cuenta bancaria. La pericia dice que no tengo rasgos de pedófilo, nunca falté a las citaciones de la Justicia y siempre me sometí a proceso”.

A su turno, previo a la exposición de Grassi, el defensor Malvicini aseguró que nada impedía la libertad del presbítero y pidió a los magistrados “que cumplan su tarea, aplicando la ley, porque no existe riesgo procesal alguno” en caso de permitir a su defendido gozar de libertad vigilada. Por el contrario, argumentó el abogado, la detención sólo debía tener lugar en caso de ser “absolutamente indispensable” y no como gesto de revancha, porque “la sociedad no necesita una respuesta para calmar la sed de venganza”. Porque aún resta la posibilidad de recurrir la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, Malvicini también señaló que la sentencia “no está firme ni ha pasado a ser cosa juzgada”. Además, aseguró, “la detención es la excepción del proceso”.

Para su defensor, Grassi no presentaba riesgo de fuga ni tampoco sus pedidos judiciales (la recusación del tribunal, el pedido de suspensión de la audiencia de ayer, entre otros) eran “maniobras dilatorias” como habían indicado los abogados querellantes y el fiscal. Por el contrario, dijo Malvicini: “No hay entorpecimiento, dilación o moras. Es ejercer los derechos. La buena memoria dice que la causa empezó en el 2000. El imputado está sentado al lado mío, siempre asistiendo. ¿Cuál es el riesgo que hoy dicen tener? ¿El temor velado? ¿Dónde puede ir Grassi? Si tiene portación de cara el padre Grassi”.