Mar 24.09.2013

EL PAíS  › OPINIóN

Manos a la Obra

› Por Claudia Fernández Chaparro *

En 1987, Julio César Grassi se ordenó sacerdote bajo el lema “El padre de los que no tienen padre” y, el 23 de diciembre de 1993, creó la Fundación Felices los Niños. El cura se convirtió en un marketinero profesional que logró que el ex ministro Domingo Cavallo le donara 5 millones de pesos y 65 hectáreas para que funcionara la sede central de “su obra”.

Habrá que revisar qué pasó con el fenómeno Grassi, por qué este hombre se convirtió en el adalid de la infancia sin ningún control eficiente, sin la mirada del Estado, creando ese megahogar carente de toda perspectiva de derechos.

El caso Grassi también nos interpela como sociedad. ¿Cómo se puede llegar a naturalizar el hecho de que miles de niños vivan todos juntos, en un mismo predio, yendo al colegio en el mismo lugar y recreándose allí, encerrados, sin contacto con el mundo exterior, sometidos al arbitrio de un cura que oficiaba de amo y señor de sus vidas?

Legitimada por todos, desde el Estado hasta las estrellas más rutilantes del show business, Felices los Niños recibía el aporte de cadenas de supermercados que pedían a sus clientes la donación de los centavos del vuelto de sus compras. El impactante número de niños que vivían “felices” bajo el cobijo del “padre” funcionaba como un verdadero estímulo para recaudar. Más niños, más dinero, más poder. Pero nada de atención por parte de personal profesional ni de una mirada que ayudara a revincular socialmente a esos chicos y chicas.

Hoy Julio César Grassi, condenado por abuso de menores, dormirá por primera vez en una cárcel después de haber evitado durante cuatro años la condena efectiva gracias a todo el arsenal de artificios legales proporcionado por los estudios jurídicos amigos.

Lo que queda ahora es un faraónico “hogar” en el que aún viven miles de niños, niñas y adolescentes, creado a imagen y semejanza de la doctrina del Patronato, contrario a la Convención Internacional de Derechos y violatorio de la actual Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia.

Grassi estuvo cuatro años condenado y en libertad, al acecho, viviendo frente a la fundación, monitoreando y decidiendo junto a sus colaboradores sobre el destino aquellos miles de chicos. Es tiempo de poner manos a la “Obra”, el lobo está preso.

* Consejera por la Legislatura ante el plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CABA).

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