El dictador Emilio Eduardo Massera tendrá que buscarse otra residencia donde permanecer bajo arresto y casi inmovilizado. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó su quiebra y en un par de meses su paquete departamento de Libertador y San Martín de Tours estará en condiciones de ser rematado. La venta será para pagar la indemnización de Daniel Tarnopolsky por la desaparición de toda su familia, secuestrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Massera logró demorar la subasta de su piso durante dos años y medio. En diciembre de 2000 el juez Juan Gutiérrez Cabello decretó la quiebra del represor, que se había negado a pagarle a Tarnopolsky 125 mil pesos, tal como había dispuesto la Corte Suprema. El trámite implicaba la desafectación de todos los bienes del dictador, pero el síndico del caso se encontró con que la única pertenencia a nombre de Massera era el departamento. Ni la quinta del Talar de Pacheco donde pasó parte de su arresto domiciliario antes de que se supiera que salía a caminar fuera de los límites permitidos, ni las acciones de las sociedades de las que sí forman parte sus hijos, pertenecían formalmente al Almirante Cero.
Las propiedades de Massera y sus oscuros métodos para adquirirlas forman parte de la trama financiera del terrorismo de Estado de la que todavía hay mucho por descubrir. Fragmentos de estos hechos salieron a la luz por investigaciones periodísticas. En mayo de 1999, Página/12 reveló que la quinta donde Massera cumplía arresto domiciliario por su responsabilidad en el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos fue adquirida en 1977 por un testaferro, Roberto Castellanos. El hombre la compró en nombre de una sociedad a la que pertenecía la esposa, la nuera y uno de los hijos del marino. Con los mismos escribanos, intermediarios y testaferros, el Almirante Cero y otros represores se apropiaron de terrenos en Chacras de Coria, Mendoza, que pertenecían a los desaparecidos Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez.
El juicio por el que Massera debe pagar 125 mil pesos –con los intereses son ahora 200 mil– fue iniciado por Daniel Tarnopolsky después de que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final le impidieron encarcelar a los responsables de la desaparición de su familia. En septiembre de 1987, Tarnopolsky presentó una demanda por daños y perjuicios morales y financieros. El 13 de julio de 1976, Sergio Tarnopolsky, hermano de Daniel, que hacía la conscripción en la ESMA, le contó a su familia que había sido obligado a limpiar sangre en un sótano y que había encontrado documentos tirados en el piso. La noche siguiente llamó a su esposa, Laura De Luca, para avisarle que no iría a dormir porque lo habían acuartelado. El 15 secuestraron a Laura y esa misma noche, un Falcon verde estacionó en la puerta de la casa de la familia Tarnopolsky. Un grupo de tareas se llevó a los padres, Hugo y Blanca. Daniel supone que su madre fue torturada para que revelara dónde estaba su hermana, ya que no demoraron en ir a buscarla a la casa de sus abuelos, donde había ido a dormir. Daniel fue el único que se salvó. Pasó la noche en casa de amigos cuya dirección sus padres desconocían. Daniel, entonces de 18 años, se fue a vivir a Chile, Israel y luego Francia.
En 1994 el juez Oscar Garzón, basándose en “la defensa del derecho a la vida” condenó a Massera, al ex comandante Armando Lambruschini y al Estado a pagar solidariamente (entre todos) un millón de pesos. La Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia, pero perdonó a Lambruschini. El nuevo fallo establecía que el Estado tenía que aportar un millón de pesos y Massera 125 mil. En 1999, la Corte confirmó la decisión y el caso Tarnopolsky se convirtió en el primero en el que un represor era obligado a pagar de su bolsillo una indemnización a una víctima.
La Corte, con los votos de Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor reconoció el carácter permanente del delito de desaparición forzada, es decir, el hecho de que el crimen se sigue cometiendo hasta que no aparezca el cuerpo de la víctima. El tribunal destacó también que la figura de delito permanente “ha sido recogida recientemente en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas cuya ratificación fue autorizada por el Poder Ejecutivo nacional y goza actualmente de jerarquía constitucional”. Este expediente fue utilizado como jurisprudencia por el juez español Baltasar Garzón, quien embargó a los 98 procesados por genocidio, terrorismo y torturas en Madrid por más de 250 mil millones de euros.
Massera decidió ignorar la decisión de la Corte y se rehusó a pagarle a Tarnopolsky, por eso la Justicia le declaró la quiebra. Cuando la bandera de remate ya casi colgaba de su departamento, argumentó que el piso de Libertador y San Martín de Tours era un bien de familia y por lo tanto no podía ser subastado. El 26 de junio pasado los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana Isabel Piaggi y Enrique Manuel Butty rechazaron el planteo porque el departamento fue constituido como familiar después del hecho por el que tiene que responder, es decir, por la desaparición de la familia Tarnopolsky.
Cuando se venda el piso, 20 mil pesos irán para la AFIP. El organismo se presentó como acreedor en la quiebra porque Massera tenía una deuda de Impuesto a las Ganancias. Además, el dictador tendrá que abonar los honorarios de los abogados, incluidos las representantes de Tarnopolsky y el síndico que manejó la quiebra, y otros gastos como la tasa de Justicia. Si después de que Tarnopolsky reciba su indemnización queda un remanente, será para Massera. Durante 13 años, el dictador desconoció este juicio. Pero desde que se declaró su quiebra comenzó a interesarse. Logró ganar dos años y ser beneficiado por la devaluación –la sentencia es en pesos– pero aún así, y aunque un derrame cerebral lo dejó semi-inmóvil, ahora quiere dar la pelea judicial. Para seguir ganando tiempo, podría presentar un recurso extraordinario ante la Corte, pero esta medida tiene pocas posibilidades de prosperar. Actualmente están dadas las condiciones para que el piso en el que está arrestado por razones médicas y custodiado por la Gendarmería sea rematado en un par de meses. “Lo que le molesta es tener que pagar por esto, ya sea un peso o un millón. Le molesta que Daniel cobre por esto”, aseguraron las abogadas de Tarnopolsky, Betina Stein y María Magdalena Badillo.