Por Alicia de Oliveira

Se recordaron el viernes nueve años del atentado terrorista a la AMIA. En el acto me preguntaba ¿cómo tratar, qué políticas son posibles, frente a las violaciones a los derechos humanos que supone tanto el criminal atentado como el largo tiempo transcurrido sin justicia? Pensaba que estos hechos deben ser entendidos en un contexto global, el acontecimiento como acontecimiento en sí, pero también como una parte de un tejido de acontecimientos cuya ideología es el terrorismo de Estado, las doctrinas de seguridad nacional, el Estado de policía: ideologías autoritarias que hacen posible la cómoda existencia de los autores directos y del sinnúmero de cómplices. Por eso me parece que hay varios debates superpuestos que debemos enfrentar para pensar políticas de justicia ante estos hechos.
El primer debate es sobre el conocimiento, lo que la comunidad de derechos humanos designa como la fase de la verdad, la investigación sobre lo ocurrido. Este hacerse cargo supone conocer exactamente qué sucedió, acción que enfrenta muy serios obstáculos. El primero son los intentos por tapar los registros de las atrocidades. La actual investigación de la causa pareciera dar cuenta de cuán dificultoso es este debate. En segundo lugar, lo que podemos denominar “retórica estándar”, que predica que se trata de un “hecho aislado”, “extraordinario” y así encubre lo que tiene de patrón sistemático, lo que lo hizo posible, las complicidades locales, policiales, los tribunales ineficaces, ignorantes, cómplices. La fase de la verdad, la recuperación y el descubrimiento de lo sucedido suelen constituir un ataque violento y conmocionante para muchos, porque las revelaciones resultan políticamente incómodas. La importancia de la fase de la verdad radica en la importancia del reconocimiento, la necesidad de saber y reconocer lo que pasó. Como plantea el filósofo del derecho Nagel, el reconocimiento es lo que le sucede al conocimiento cuando se lo adopta oficialmente y entra en el terreno de lo público.
La fase de la verdad debe conducir a la justicia. El segundo debate, por ello, es el de la responsabilidad. Esta puede ser llamada la fase de la justicia y supone el castigo de acuerdo al modelo tradicional del derecho penal y la compensación para las víctimas y sus familias. Este debate está apenas en ciernes, porque se le superpone el de la impunidad que aparece cuando los tribunales no son capaces de afrontar seriamente su tarea. Hay otras caras de la impunidad, la gradual y progresiva indiferencia. Sin embargo, la reiteración de los reclamos y el acto público al que por primera vez asiste el Presidente parece conjurar esta horrible faz de la impunidad. Escuchamos y decimos: “Todos estos años y aún no ha habido justicia”. Es en parte cierto y en parte no. Es cierta si pensamos en una investigación fundada, seria y rápida, pero no si pensamos que la justicia es también una forma de mantener viva la memoria, actuante en la búsqueda de la verdad y activa la acción de quienes reclaman y de quienes están llamados a escuchar esos reclamos.
* Representante para Derechos Humanos de la Cancillería.