El subcomisario Luis Abelardo Picapiedras fue el primero en exigir que los fiscales practicaran allanamientos y ordenaran detenciones en lugar de los jueces de garantías. “En definitiva, con el viejo Código Jofré los señores fiscales representaban al Estado y acusaban. ¿O no era así? ¿Por qué no pueden ser jueces de garantías los señores fiscales? De otro modo, “los va a terminar insultando toda la sociedad”, dijo. Al concluir su alocución fue el más aplaudido de los oradores. Esto ocurrió en la audiencia pública celebrada en la Legislatura Bonaerense el 8 de febrero de 2000 para tratar el proyecto de reforma a la ley de excarcelación que propiciaba el entonces gobernador Carlos Rückauf. Hace diez días parte de esa pretensión fue decretada como necesaria y urgente por Felipe Solá, el vicegobernador que asumió el Poder Ejecutivo a la fuga de Rückauf y que aspira a ser reelecto por otros cuatro años en los comicios de septiembre. La legislatura provincial rechazó el pedido de diversos organismos públicos y privados que deseaban exponer sus objeciones a una disposición manifiesta e indudablemente inconstitucional y convirtió esos decretos en una ley. Solá anticipó que en el futuro puede ir por más, siempre en la línea Picapiedras que adoptó con oportuno fervor. Un juez que pidió reserva de su identidad comentó: “Esta provincia estuvo gobernada nada menos que por Carlos Tejedor, profesor de derecho penal de la Universidad Nacional de Buenos Aires desde 1857 y autor de un código penal que rigió en media Argentina, y por Rodolfo Moreno (h) autor del Código Penal aún vigente, sobrio escueto y racional. Si ambos vieran lo que se está haciendo en materia penal y procesal penal y en particular la ley Solá, volverían a morirse”. Para la sanción de la ley volvió a funcionar el viejo pacto justicialista-radical. En el Senado con mayoría oficialista se aprobó en apenas veinte minutos. En Diputados la UCR había anunciado que no ayudaría a formar los 2/3 necesarios para el tratamiento sobre tablas. Esto hubiera permitido que las organizaciones que lo cuestionaban hicieran sus aportes a la discusión. Pero a último momento el Ejecutivo formuló un ofrecimiento irresistible para los radicales. Después de conceder los dos tercios votaron en contra. Defendió la ley el justicialista alakista Carlos Bonicatto y se opusieron Luis D’Elía y Alejandro Mosquera. La sesión no duró más de dos horas. “No había tiempo. O había estas medidas o no había más Solá”, dramatizó el gobernador. Es decir, actuó en defensa propia.
Zapatos y botines
Los artículos 12 y 24 de la Constitución Provincial sólo admiten allanamientos, registros, requisas personales, secuestros e intercepción de comunicaciones con orden previa de un juez, no de un fiscal ad referendum del juez como autoriza la ley Solá. Este “acrecentamiento casi ilimitado” de facultades del ministerio público, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria, se produce en una situación institucional en la que los fiscales “carecen de personal propio y son asistidos en sus oficinas por empleados policiales”, por lo que en realidad se ha sancionado “una transferencia de facultades propias de los jueces a una policía que contiene sectores indignos de confianza”.
Lejos de incrementar la eficacia en la persecución de quienes cometen delitos la ley la disminuirá: un alto número de procedimientos serán anulados por los jueces que tomen en cuenta la prohibición constitucional. Solá no lo ignora. Se lo hizo saber por escrito antes de la sanción de la ley su secretario de derechos humanos, Leonardo Franco. En la tensa audiencia del jueves con la Comisión, Solá dijo que “Franco fue el gran perdedor en este apuro porque no fue escuchado. Planteó incluso sus desacuerdos desde el punto de vista jurídico y las consecuencias que podía tener”. Pero “frente a la sensación de inseguridad no puedo aparecer no haciendo nada. Estas medidas no van a mejorar la seguridad pero responden al reclamo de la sociedad de que se haga algo”, dijo. A la objeción de que las nulidades harán la fortuna de muchos abogados sacapresos, Solá repuso que “si se busca la perfección técnica nunca va a quedar nadie detenido”. Es cierto mi general, el estado de derecho es un verdadero estorbo. Además es evidente que los ingenieros agrónomos entienden de cultivos transgénicos y de cupos de pesca pero no de procedimientos legales. “Me pongo en los zapatos de ustedes, que se preocupan por los derechos humanos. Pero yo soy el gobernador de todos y me preocupan otros ochenta temas. A veces para resolverlos tengo que pasarme de la raya.” Le contestó el fiscal general de la justicia federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón: “El estado de derecho es para todos, más aún para el gobernador”. Cañón exhibió un ejemplar de un diario de Tres Arroyos, cuya portada proclamaba “Comenzó la guerra contra la delincuencia”. Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo y el CELS, agregó que “en las situaciones de emergencia hay que aferrarse a los principios. Porque situaciones de excepción va a haber siempre. Y nunca pueden ser un vía libre para pasarse de la raya. No somos la Comisión por la Memoria para acordarnos del ’76. Somos la memoria de todas las veces que en este país por situaciones de emergencia se pasaron de la raya y entraron en el camino del todo vale. Y vinimos a dar un alerta”. La Comisión por la Memoria declaró luego que no tiene sentido recordar el terrorismo de Estado si no se extrae “la lección de que las emergencias no pueden enfrentarse sacrificando los principios básicos del estado de derecho”. Comparó las propuestas oficiales con “los procedimientos de la dictadura militar”. En su lugar, recomendó catorce medidas de perfeccionamiento institucional, muy necesarias y útiles pero de bajo impacto emocional y proselitista. Su redacción quedó a cargo del camarista federal Leopoldo Schiffrin, a quien Solá recurrió en busca de consejo y ayuda en la década pasada, cuando jueces corruptos le impedían proceder contra los frigoríficos truchos, desarmaderos de hacienda robada.
Estas son algunas de las medidas sugeridas:
- designar muchos más jueces de garantías en los grandes centros urbanos e incorporar al personal contratado y a los meritorios que trabajan gratis;
- aumentar el personal judicial (no policial ni municipal) de las fiscalías;
- establecer la policía judicial como ordena la Constitución provincial y colocarla en dependencia de una comisión integrada por dos ministros de la Suprema Corte y el Procurador General y crear dentro del ministerio público una fiscalía de investigaciones administrativas, con amplias facultades para investigar delitos contra la administración pública;
- descentralizar la policía de seguridad, de modo que dependa de los municipios bajo la coordinación del ministerio de Seguridad e implementar los foros de control ciudadano;
- sancionar por ley la autonomía del Ministerio Público de la Defensa que hoy depende del jefe de los fiscales y asignarle la realización del Banco de Datos sobre Torturas;
- crear un registro de detenidos en la órbita de la Suprema Corte;
- establecer el Defensor del Pueblo que manda la Constitución;
- disponer medidas para el desarme de la población civil;
- legislar la creación de una mesa de trabajo para que produzca información estadística e investigaciones de campo para determinar políticas penales y penitenciarias. Debería ser coordinada por la secretaría de derechos humanos y la integrarían representantes de los organismos de derechos humanos, la propia Comisión de la Memoria, la Suprema Corte, los ministerios de Justicia y de Seguridad, los ministerios públicos fiscal y de la defensa.
Violaciones
Decidido a no aceptar críticas, Solá dijo que si le hablaban de violaciones constitucionales había otras más graves. “La Constitución también dice que las cárceles deben ser limpias y sanas”, observó, como si él no tuviera parte de responsabilidad en la situación inhumana de las personas privadas de su libertad en la provincia que gobierna. La Comisión por la Memoria recordó luego de la audiencia que al asumir Rückauf y Solá había 15.000 personas detenidas en la provincia y que hoy son 27.700, casi el doble. Ese incremento sin precedentes es consecuencia de la reforma procesal que convirtió a cárceles y comisarías en calderas en ebullición, por no hablar del crecimiento vertical de apremios y tormentos por parte de policías y agentes penitenciarios. En minoría en la Legislatura, Rückauf y Solá negociaron una versión atenuada del proyecto con el gobierno nacional de la Alianza, al que impartieron tres lecciones de política florentina. La primera fue el retiro de los legisladores justicialistas de la Cámara de Diputados para que los de la Alianza votaran en soledad el proyecto acordado, en el que no creían. La segunda fue la elevación de la apuesta: Solá agregó en el Senado la autorización del interrogatorio policial a detenidos y la Alianza lo aprobó a condición de que los interrogatorios policiales sirvieran para guiar la investigación del delito pero no pudieran usarse como prueba en juicio. La tercera fue el veto de Rückauf a las ocho palabras que prohibían tal cosa.
Lo que Rückauf y Solá no entienden (o sí entienden, pero desprecian, eso es opinable) son las consecuencias objetivas de tal política. El camarista de San Isidro Raúl Borrino las describió en un trabajo académico: en la provincia se ha instalado “la mayor barbarie carcelaria conocida hasta el presente en la historia argentina”. El encarcelamiento en locales policiales “a su vez suscita la demolición de la capacidad de intervención de las fuerzas de seguridad”. Ese sistema “antijurídico y vergonzante” no logró ni siquiera “un mínimo descenso de la estadística criminal sino por el contrario un aumento sensible de la violencia derivada directamente de la opresión brutal que el encierro carcelario imprime al delito en ciernes. Como la pena de muerte, el encierro que casi suprime la vida deja sin nada que perder a los que delinquen. Esto es realizar un acto contraindicado por todos los métodos conocidos y prestigiados de política criminal, cuyo primer objetivo es promover la pacificación de una sociedad y no profundizar sus contradicciones”.
Durante la audiencia con la Comisión por la Memoria, Solá admitió que la violencia en el delito había aumentado y dijo que no cometería lo que llamó “el error de[l ex ministro Carlos] Arslanian de recurrir a estadísticas para mostrar mejorías”. Léase: no las tiene. También informó que se estaban trasladando presos de las comisarías a la aún no inaugurada cárcel de Magdalena. Poco después de asumir la gobernación Solá admitió ante la Comisión la gravedad del problema que había creado esa ley y aprobó un proyecto de enmienda que daría facultades a los jueces para excarcelar a los procesados en los casos de delitos menores. Pero dijo que la Comisión debía procurar su sanción porque él no podía presionar a la Legislatura. Ahora usó todo su poder para conseguir un trámite instantáneo de sus decretos. Sus visitantes se fueron con la idea de que el alojamiento de presos en las comisarías no lo preocupaba demasiado. “No están tan mal. Les pusimos televisión por cable para que se entretengan y si se produce un motín en algún lado es fácil de cortar para que no se propague”. Tal vez sus amigos Enrique Albistur, secretario de medios de la presidencia, y Ginés González García, ministro de Salud, podrían ayudarlo a comparar el costo de este método para reducir seres humanos a la imbecilidad con el de la inyección de psicofármacos que los planchen de día y de noche.
Identidad
En otra admisión de cálculo electoral Solá también se jactó de que las críticas le dan identidad. “No me importa la prensa”, dijo en la audiencia. Además sorprendió a sus visitantes con una llamativa definición política: “No pienso entrar en la variante en que entraron (Aníbal) Ibarra y [Néstor] Kirchner”. Se abstuvo de explicar en qué consistía pero advirtió que si alguien repetía la frase él la desmentiría. “Solá es Solá”, dijo, en petulante tercera persona. Si fuera tan indiferente a la prensa como afirma, no hubiera intentado salir de la reunión en compañía de la presidenta de la Comisión, maniobra que Estela Carlotto, que tiene un poco más de rodaje político que Solá, desbarató con una cortés negativa.
Como Rückauf en 1999, Solá cree que la sirena del patrullero es el mejor sonido de fondo de su campaña proselitista. A Rückauf le funcionó bien porque durante el gobierno de Isabel Perón y José López Rega demostró de qué era capaz. Su intimación a Mercedes Benz en 1975 para que despidiera a los delegados preanunció el secuestro de esos gremialistas bajo la dictadura. Su firma en el decreto de aniquilamiento allanó el camino para la masacre de 1976. Además, competía con Graciela Fernández Meijide, madre de una de las víctimas de esa política. Dentro de cincuenta días se verá si la fórmula también le sirve a Solá, ex secretario privado del vicecanciller Jorge Vázquez durante la primavera camporista, para confrontar con el subcomisario Picapiedras y con el coronel Aldo Hulk. Esto es lo único que le preocupa a Solá. Las últimas encuestas que maneja le dan una ventaja de ocho puntos sobre los hombres de las cavernas. Solá aplica el mismo razonamiento que uno de los compañeros que influyeron en su formación, el Maquiavelo de Alto Palermo, Carlos Alvarez. Durante los años de auge del Frepaso, Alvarez justificaba cada claudicación de principios con un cálculo electoral: “Tenemos que buscar votos del centro hacia la derecha. Los progres nos van a votar igual porque no tienen alternativa”. Era cierto, pero así les fue, a él y al país.
Autitos
La Comisión por la Memoria también estimó el alto costo económico de la opción que el gobierno provincial ha hecho por reprimir en lugar de prevenir: mil pesos mensuales por cada detenido. Unos 250 millones por año, más la construcción de nuevas cárceles. “Ante la proliferación de la delincuencia juvenil, los recursos debieran volcarse a prevenirla mediante la contención cultural, social, educativa y religiosa de los jóvenes en peligro”, agregó la Comisión. Las decisiones de Solá tampoco constituyen una respuesta racional a las demandas sociales de seguridad que invoca como justificación. El gobernador sabe que la movilización del 26 de junio en Lanús fue una emboscada que le tendieron adversarios políticos dentro de su propio partido. El intendente Manuel Quindimil (uno de los más comprometidos con las trenzas policiales) lo invitó a una misa por Perón y Evita asegurándole que todo estaba en orden. Al mismo tiempo envió a funcionarios de la municipalidad a los barrios de clase media del distrito para agitar en contra del gobernador. Trataban de desviar la ira vecinal hacia el sitio en el que aterrizaría su helicóptero. Solá se replegó en auto.
Ante la Comisión por la Memoria, Solá reconoció que esas marchas por la seguridad responden a problemas reales pero “están operadas”. Aun así sólo se preocupa por dar una imagen de macho fuerte que obture la fuga de votos hacia Picapiedras o Hulk. Al primero que debería convencer es a sí mismo, cuando termine de arrepentirse por no haber aceptado la candidatura presidencial que le ofreció el Senador Eduardo Duhalde. Por eso Solá repite que él es el jefe de policía y no vacila en conducir un patrullero. Sus intentos por negarlo agregan ridículo al ridículo: la foto que ilustra esta nota fue distribuida por el servicio de propaganda de la propia gobernación. Obsérvese su temible expresión: la de un chico jugando con un autito de policía con sirena. Mauricio Tenembaum apeló a la conciencia de Solá. “Está actuando por culpa ante la derecha, para responderle no a la sociedad sino a los fascistas. Pero la derecha siempre quiere más. Y en este momento particular en que hay un nuevo clima en el país están exacerbados y buscando nuevas víctimas. Vinieron por Kichner y perdieron, ahora están entretenidos con Zaffaroni pero después vendrán por Solá. No los va a calmar con estas medidas. Usted está haciendo esto por los próximos cincuenta días, pero va a quedar para siempre como el gobernador que lo hizo. Y los fascistas se van a montar en lo que usted hace hoy para subir más la apuesta.”
La catástrofe social
La Comisión atribuyó en su documento la mayor cantidad de delitos violentos a “la fractura social provocada por la pauperización de la mayoría de la sociedad, frente a un enriquecimiento concentrado en pequeños grupos de poder”. Esto ha transformado al país “en una fábrica de indigentes y la circulación social se da hacia abajo. Si esta tendencia negativa no se detiene mediante cambios de fondo en la distribución de la riqueza y por la reforma de la mentalidad y la ética colectiva, las viejas y nuevas formas de violencia creciente y extendida contra la vida y la propiedad no retrocederán”. A la “catástrofe social” se había referido durante el debate parlamentario el candidato piquetero a la gobernación Luis D’Elía. El 75 por ciento de los pibes menores de 14 años son pobres o viven en condiciones miserables, dijo. Y “esta Cámara votó el año pasado un ajuste para la escuela pública que puede constituirse en un problema de seguridad, porque hoy los pibes de los dos últimos años del polimodal se van y tenemos un cuarenta por ciento de deserción”. Por eso los ídolos y modelos en el conurbano son Los Pibes Chorros, agregó. Expresó su alarma por el encargo a la policía del registro de desarmaderos y la habilitación a los fiscales provinciales para tramitar causas por consumo de estupefacientes: “Como están desbordados, termina investigando la policía”.
El dirigente de la CTA explicó que el hoy destituido y prófugo ex jefe de policía Alberto Sobrado lo querelló por sostener que “la policía maneja el tráfico de drogas, los desarmaderos, la prostitución, el juego clandestino y los secuestros más resonantes”. Las propuestas oficiales consisten en “apagar el fuego con nafta”. Propuso en cambio el combate a la pobreza y a la mafia policial ya que “las sociedades más seguras son las que tienen mejor distribución del ingreso”. En la cárcel de Olmos “no están los poderosos que vaciaron y destrozaron esta provincia y este país. Están los pibes de los barrios pobres, los que no tuvieron cultura, los que no tuvieron educación, los que no tuvieron la capacidad de ilustrarse y los que fueron víctimas bestiales de este modelo de exclusión”. Dijo que comprendía la desesperación de Solá pero que el camino era la democratización de la estructura policial y el control ciudadano de la seguridad.
Hamlet llamando
Durante la audiencia con la Comisión por la Memoria, otro miembro de la mesa directiva de la CTA, Víctor Mendibil, preguntó qué salida proponía el gobierno para los jóvenes: ¿el caño, la prostitución y las drogas o el trabajo? Hamlet Solá lo citó al final del encuentro. “Represión o distribución de la riqueza, esa es la cuestión”, dijo luego de empecinarse en el primer camino, con plena conciencia de su inutilidad. Además de la desigualdad social, Solá reconoció la incidencia en la inseguridad de lo que llamó “el arreglo entre el poder y la policía”, como si él no estuviera persistiendo en el mismo error que ya transitaron Antonio Cafiero, Duhalde y Rückauf. Todos ellos consideraron a la policía como el Ente Regulador del delito en la provincia y algunos como una caja recaudadora. A todos el monstruo se les escapó de las manos. Si lo único que se les ocurre a Solá y Juan Pablo Cafiero es purgar jefes y cúpulas cuando la prensa descubre sus cuentas millonarias, pero al mismo tiempo expanden sus facultades sin un verdadero control, lo único seguro es que los comisarios aprenderán a esconder los bienes malhabidos con la misma habilidad que algunos compañeros justicialistas de las ramas política y gremial.