El presidente uruguayo José Mujica atribuyó la falta de entendimiento por la ampliación de la planta papelera sobre la margen oriental del Río Uruguay al proceso electoral argentino. Basta ver los avisos televisados de los distintos candidatos para advertir que en campaña muchos ánimos se trastornan y muchas mentes se ofuscan. Pero también Uruguay está en pleno proceso proselitista, si bien la renovación presidencial no ocurrirá dentro de un mes sino en un año, y Mujica enfrenta una de las situaciones más difíciles de su larga vida política, cosa que incluso confesó en Buenos Aires. Por eso, habló de la Argentina pensando en el Uruguay. En cualquier caso, está claro que de aquel lado del río las empresas aún condicionan las decisiones del sistema político, tal como ocurrió en las dos primeras décadas de la democracia argentina, y que el anuncio de Mujica obedeció a una imposición de la pastera finlandesa UPM sobre la institucionalidad uruguaya. La Argentina no tiene movida ganadora en este juego: o se resigna a la decisión unilateral del Uruguay, en desmedro de su propia entidad nacional, o actúa del mismo modo inamistoso, recortando beneficios concedidos a los amigos orientales, y excita así el nacionalismo del Paisito, que llega al culmen de su unidad cuando acusa la prepotencia del poderoso vecino.

Bandazos

El chacarero de Rincón del Cerro perdió la disputa por la política fiscal con su vicepresidente Danilo Astori, la candidatura para sucederlo ante su peor rival e incluso el premio consuelo de que su esposa, la senadora Lucía Topolansky, pudiera acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula que competirá el año próximo, contra los desvaídos partidos tradicionales, cuya política histórica es hoy mejor servida por el Frente Amplio. En lugar de Lucía, Tabaré impulsa a la presidente del Frente Amplio, la socialista Mónica Xavier. Durante una charla en un colegio, Vázquez comunicó que había contemplado con los jefes militares un posible conflicto bélico con la Argentina y que había pedido en Estados Unidos el apoyo diplomático de Washington. Por el escándalo que produjo esta grave revelación, Tabaré anunció su retiro de la política, decisión que no le llevó ni dos años revisar. Ya sin opciones para su MPP, el primer ex guerrillero que llegó a la presidencia por medios legales dedica su último año de gobierno a facilitar el regreso de Vázquez, ahorrándole el costo de las decisiones más controvertidas. Ya en 2006, cuando Mujica sólo era ministro de Agricultura de Tabaré, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James D. Nealon, lo describía en un despacho a su ministerio de relaciones exteriores como “un aliado clave”, que “ha sido útil en contrarrestar a los ideólogos de la extrema izquierda” y apoyado a Tabaré a “buscar buenas relaciones con Estados Unidos”, aunque “gran parte de la región haya dado un bandazo hacia la izquierda”. En el ocaso, Mujica comienza a parecerse a quien lo desplazará.

La autorización a la pastera para que aumente la producción, sin esperar el acuerdo que la Argentina reclama según los tratados vigentes y las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, no es el único indicio. Antes de viajar a las Naciones Unidas, donde sedujo a los encandilados por la era de la imagen, sin tomar en cuenta la vaguedad de sus (in)definiciones, había anunciado la adjudicación de nuevos canales de televisión a las más poderosas empresas de medios, dejando de lado a las cooperativas de trabajadores, que habían obtenido la mejor evaluación de la comisión independiente que estudió las propuestas. Los elegidos fueron los tres canales de aire privados (Montecarlo Canal 4, Saeta Canal 10 y Teledoce, del grupo que edita el diario El País), VTV (del grupo Tenfield, que monopoliza la transmisión del fútbol y otros eventos deportivos, propiedad del traficante de jugadores Francisco Casal, asociado con el ídolo rioplatense Enzo Francescoli) y Bla, una revista de farándula y avisos. La objeción de Mujica a las cooperativas La Diaria y Demos fue que contemplaban financiar su inversión con aportes del Fondo para el Desarrollo. Para compensar, Mujica también anunció que entregaría un canal a la central de trabajadores PIT-CNT. Durante el mismo viaje, en el que mateó con David Rockefeller, quien a sus 98 años es dudoso que supiera con quién estaba, Mujica anticipó la inminente autorización a UPM en una entrevista con la agencia de negocios Bloomberg, propiedad del alcalde de Nueva York.

Su curiosa justificación para violar tratados y fallos internacionales obligatorios suscita preguntas obvias: de haber un problema electoral argentino y si, como dice, no le quedaba otro remedio que inclinarse ante la exigencia de la empresa respaldada por Tabaré y la oposición albirroja, ¿qué razón había para adelantar el piedrazo? Si el factor electoral existe, su proyección en la Argentina se agotará en tres semanas, mientras Uruguay convivirá con él hasta el 26 de octubre de 2014.

La pregunta del millón

El límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado en 2005 por el gobierno del Uruguay, en base a un informe propio de Impacto Ambiental, que fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia, bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. En 2012, Uruguay sometió a la CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción anual, en modificación de las condiciones previstas en el proyecto original. El procedimiento de información y consulta previas se encuentra en pleno desarrollo, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay. La Argentina sostiene que la información y documentación recibidas eran incompletas y cuatro veces solicitó información complementaria, que Uruguay no suministró. De las 21 preguntas que presentó la Argentina, sólo diez fueron respondidas por Uruguay. Según el gobierno argentino, ésta es una nueva violación al procedimiento de información y consulta que, de acuerdo con el fallo de La Haya, Uruguay ya violó en ocho ocasiones y actuando de mala fe. Por eso entiende que la autorización unilateral implica una nueva controversia entre las partes, que puede ser sometida por cualquiera de ellas a la Corte Internacional. El incremento que ahora permitió Mujica blanquea niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal, según los registros aduaneros del propio Uruguay: la planta de UPM se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya. El Día de los Inocentes de 2012, el Uruguay reconoció que no había consentido ningún excedente de producción sobre el millón de toneladas autorizadas. Desde 2010, el Comité Científico ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones y tomar de muestras de efluentes, instaló siete boyas con sondas de medición en la zona de potencial influencia de la planta sobre el Río Uruguay y tomó muestras de las aguas en 32 puntos del río. Las únicas mediciones válidas de acuerdo con la sentencia de La Haya son las que se realizan dentro de la planta, en el caño de desagüe, y no las que puedan realizarse en cualquier lugar del río, como intenta presentar el gobierno uruguayo. Los resultados no se difundieron debido a los desacuerdos en la CARU sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, por falta de información y obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta. Según la posición argentina, Uruguay pretende mezclar el monitoreo de la planta ordenado en la sentencia de La Haya con el de la Desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay e incorporar esa desembocadura dentro de la zona de influencia de la planta de UPM en el Río Uruguay. También se opone a difundir los cálculos másicos y volumétricos de parámetros medidos por el Comité Científico, a publicar sus actas de ingreso a UPM, sus conclusiones, y los datos y análisis de las muestras de los equipos instalados y a instalarse en la planta y pretende reemplazar los informes del Comité Científico de la CARU por los de sus propios organismos nacionales. De acuerdo con la posición argentina, la planta no cumple con la normativa conjunta ni con la específica uruguaya, como el exigente decreto 253/79 y sus modificatorios. La planta de UPM no cumple estos límites establecidos:

- su temperatura supera el valor establecido en más del 50 por ciento;

- el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido por la normativa uruguaya, lo cual redundará en un incremento de los elevados valores que ya contiene el río;

- en cuatro muestras, los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente y en tres la cantidad admisible de cromo;

- el Comité Científico también detectó en el efluente de la planta endosulfán, un pesticida organoclorado de uso prohibido desde 2011 en el Uruguay, y

- en seis de catorce mediciones se detectaron grasas y aceites, que no debían estar allí.

La Argentina también se opone al aviso previo que el Comité Científico debe dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, ya que los diez días que demora el trámite permiten corregir algunos apartamientos de la normativa antes del control. La alta concentración de fósforo promueve el crecimiento de algas que se corresponden con la acumulación de cianobacterias en la superficie. Estas masas densas de algas pueden ser barridas por el viento hacia las bahías o las costas e interrumpir el balance de oxígeno disuelto en el curso de agua. De día, el problema es atenuado por la fotosíntesis de las algas, pero de noche los bajos niveles de oxígeno disuelto consumido por las algas pueden causar la mortalidad de peces, lo cual se agrava con el aumento de la temperatura. Esas bacterias también pueden ser tóxicas para los animales que beben el agua, que adquiere olor y sabor desagradables. La descarga de una masa líquida con una temperatura superior a la del río constituye la violación al Estatuto del Río Uruguay contemplada en su artículo 40. De acuerdo con los datos recolectados desde mayo de 2008, la temperatura de los efluentes supera en más del 50 por ciento el valor establecido vigente. A lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento. Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen.

El miércoles 2 la Argentina hizo conocer estos valores. Al día siguiente, dos ministros uruguayos aseguraron que la planta cumplía con los estándares ambientales. Sin embargo, debieron reconocer que las cifras mencionadas por la Argentina eran reales. La diferencia reside en su interpretación. Uruguay informó sobre supuestas contaminaciones en otros sitios y localidades de los dos países. Pero los datos divulgados por la Argentina, que Uruguay no desmiente, fueron recabados dentro de la planta, en los caños de desagüe de efluentes y en los pluviales antes de llegar al río, tal como lo estableció el fallo de La Haya. Los estándares establecidos aplicables son los del Digesto de la CARU y, sólo cuando fueren más exigentes, los de la normativa uruguaya. Pero Uruguay aplica en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la CARU. Incluso si se tomaran los valores máximos uruguayos, el vertido de UPM al río equivaldría al de una ciudad de 36.000 habitantes en fósforo, 440.000 habitantes en demanda de oxígeno y 197.000 habitantes en nitrógeno. El efluente de fósforo de UPM supera nueve veces al del río y 36 veces lo permitido por la norma uruguaya.

El recurso a la Corte Internacional anunciado por la Argentina intenta mantener el litigio en términos razonables, pero no sería beneficioso que los denominados ambientalistas de la margen occidental volvieran a enturbiar las relaciones con sus desplantes belicosos. Además de tener la razón, es conveniente guardar las proporciones, algo que no pueden hacer los municipios ni las provincias sino el gobierno de la Confederación Argentina.