Doce personas cuyos restos calcinados y con disparos a quemarropa se recuperaron de una fosa común ubicada en donde funcionó una unidad de arsenales del Ejército durante la dictadura militar fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Por esos crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex Batallón de Arsenales Miguel de Azcuénaga, de Las Talitas, Tucumán, hay 41 imputados, la mayoría de ellos militares del Regimiento 19 de Infantería, gendarmes y personal civil del destacamento de Inteligencia 142, un alto jefe policial y un civil, quienes son juzgados por el tribunal oral que integran los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga. El principal imputado era el entonces jefe del Cuerpo de Ejército III, Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado de la causa por su estado de salud y la simultaneidad de otros procesos. Tampoco llegó a ser juzgado el ex jefe de la Brigada de Infantería V de Tucumán, en cuya jurisdicción estaba el arsenal, Domingo Antonio Bussi, quien murió antes de la apertura de las audiencias públicas. El procesado de mayor jerarquía es el general Ernesto Alais, el comandante que nunca llegó a Campo de Mayo para reprimir el alzamiento carapintada de 1987.

Entre los procesados está el sacerdote José Myjalchik, alias padre Pepe, quien según sobrevivientes de ese campo de concentración intervino en las torturas. Antes de ser capellán, confeccionaba fichas de Inteligencia sobre los vecinos de su parroquia. En todo el país hay testimonios de la presencia de sacerdotes en las sesiones de tormentos o a su consejo a las víctimas para que contaran todo lo que les pedían sus captores si querían eludir el castigo. Sólo uno de ellos fue condenado a prisión perpetua, por torturas y homicidio: el ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, quien pese a ello no fue objeto de una sanción canónica. Antes de ser detenido, VW estuvo prófugo en Chile con otro nombre, bajo protección de la Iglesia local. También están procesados los capellanes Miguel Regueiro, del batallón de ingenieros de San Nicolás, por privación ilegítima de la libertad del bebé de una pareja de detenidos-desaparecidos, y Eugenio Zitelli, de la policía de Rosario, por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Pero sólo VW está alojado en una unidad penitenciaria. El resto goza de libertad, detención domiciliaria o en institutos religiosos. Una parte de la fianza para la libertad de Mijalchyk, por 115.000 pesos, fue aportada por el arzobispado de Tucumán, entonces a cargo del ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal durante la gestión del entonces cardenal Jorge Bergoglio, Luis Villalba. En su defensa, el sacerdote dijo que se trataba de una persecución de la izquierda por su carácter eclesiástico. Incluso el ex Vicario General Castrense, José Miguel Medina, fue denunciado por presionar a los torturados para que confesasen en vez de denunciar los tormentos que padecieron, pero murió sin que avanzara una investigación judicial. La existencia de la fosa común fue denunciada ya en 1984 ante la CONADEP por el ex gendarme Antonio Cruz, quien también declaró como testigo ante la justicia federal en 1985. Cruz fue enviado con su destacamento de Gendarmería como custodio. El Arsenal era el lugar en el que se quitaba la vida a los detenidos-desaparecidos una vez terminados los interrogatorios en los otros campos de concentración de la provincia. Cruz vio cómo un grupo de prisioneros eran ejecutados a quemarropa frente a un pozo cubierto de ramas al cual luego se arrojaron combustible y neumáticos para quemar los cuerpos. Incluso narró el caso de una de esas personas, que fue quemada aún en vida. Un ex conscripto del RI 19, Domingo Jérez, declaró que le ordenaron quemar los cuerpos pero que se negó a hacerlo. También dijo haber visto varias violaciones y a siete mujeres encintas que supone asesinadas luego de dar a luz. También observó cómo el propio Bussi mataba a garrotazos a dos detenidos que estaban atados. Fue necesario que pasara un cuarto de siglo para que la causa se reactivara, con la instrucción realizada por el fiscal Pablo Camuña y el juez federal Daniel Bejas, fue elevada a juicio el año pasado.

En diciembre de 2011, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó esqueletos completos e incompletos en el predio que ocupó el Arsenal, que fueron analizados en Buenos Aires. Se extrajeron muestras óseas, cuyo ADN permitió identificar a doce: Eduardo Marcelo Vizcarra, detenido-desaparecido el 16 de setiembre de 1976 en Santiago del Estero; José Luis Maldonado, detenido-desaparecido en la Capital Federal el 1 de noviembre de 1976; José Máximo Tapia, detenido-desaparecido el 13 de noviembre de 1976, con lesiones previas a la muerte en el cráneo y el tórax; Damian Octavio Márquez, detenido-desaparecido el 13 de enero de 1977, en cuyos restos había restos de sogas; Pedro Guillermo Corroto Barraza, detenido-desaparecido el 21 de enero de 1977; Juan Angel Jiménez, detenido-desaparecido el 13 de febrero de 1977; Miguel Avelino, Miguel Avelino y Hugo Alarcón, detenidos-desaparecidos el 26 de febrero de 1977; Ricardo Luis Salinas, detenido-desaparecido el 7 de enero de 1977; Felipe Arturo Urueña, detenido-desaparecido el 28 de enero de 1977; Rosario Argañaraz, detenido-desaparecido el 8 de enero e 1977. Salvo los dos primeros, los restantes fueron detenidos en Tucumán. En nueve casos las lesiones de los restos son compatibles con disparos de armas y todos fueron sometidos a la acción del fuego. Se encontraron restos de caucho, alambres y maderas, que fueron utilizados para la quema de los cuerpos. Las audiencias del tribunal oral comenzaron en noviembre de 2012 y se estima que la sentencia se leerá el mes próximo.

El cráneo de José Máximo Tapia, con el orificio en el frontal derecho.

Esquema de la fosa y la posición en que fueron encontrados los cuerpos.