Desde Gualeguaychú

Los asambleístas de Gualeguaychú se quedaron a las puertas de Fray Bentos. La decisión uruguaya de disponer un virtual cierre de fronteras frenó la protesta que planeaban realizar en suelo oriental contra la decisión del presidente José Mujica de autorizar un incremento en la producción de la pastera UPM-Botnia.

Como habían anunciado, las autoridades uruguayas mantuvieron las barreras bajas en la aduana e impusieron una férrea custodia de la Prefectura Nacional Naval para impedir que los vecinos de Gualeguaychú cruzaran la frontera en bote. Sólo catorce asambleístas, junto con el intendente local Juan José Bahillo, estaban autorizados a cruzar el puente en cuatro autos. Del otro lado, los esperaba el intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, en un parador fraybentino.

Las chimeneas humeantes de la pastera fueron el fondo de la protesta y una provocación para miles de personas que llegaron hasta el puente enarbolando banderas argentinas y uruguayas, y también celeste y blancas con la franja roja que es la insignia de Entre Ríos. La marcha tuvo el colorido tradicional de las protestas de la Asamblea Ciudadana Ambiental, con jóvenes con niños en brazos; otros, mate en mano, caminando por el puente con las clásicas remeras negras que proclaman “no a las papeleras” en letras rojas. Una tarde soleada y primaveral también empujó a los vecinos a la ruta, en lugar del tradicional paseo pueblerino por la costanera.

El entusiasmo chocó primero con la extraña actitud de los gendarmes argentinos, que demoraron el paso de vehículos bajo el pretexto de resguardar la estructura del puente del sobrepeso que podría significar la presencia masiva de vehículos y personas a pie. Luego estaban las vallas de los prefectos uruguayos.

“Si no pasamos todos, no pasa nadie”, fue la respuesta que dieron los asambleístas, en la voz de Juan Veronessi, tras un pequeño debate al pie de la cabecera oriental del puente binacional. “Esta es una acción de la Asamblea Ciudadana Ambiental, no es institucional, yo vine a acompañarlos y me ajusto a lo que decidan; si ellos no pueden pasar, yo tampoco lo haré”, dijo luego el intendente Bahillo a Página/12. De todas maneras, el jefe comunal agregó enseguida que “de alguna manera, y a la brevedad, le haré llegar el petitorio a Lafluf”.

Desde la cabecera del puente, los asambleístas leyeron la proclama en la que insistieron en que la pastera genera contaminación y ratificaron su postura de que el conflicto “solamente terminará cuando se erradique la planta de UPM-Botnia y desaparezca la causa que perjudica la unión de dos pueblos hermanos”. El mensaje del colectivo ambiental estuvo también cargado de críticas hacia los dos gobiernos: al Uruguay le reprochan haber hecho “siempre oídos sordos de nuestros reclamos” y a las autoridades argentinas les cuestionan que “reconoció tardíamente los índices de contaminación” de la pastera.

“Responsabilizamos una vez más al gobierno uruguayo y a la empresa UPM-Botnia por la contaminación ambiental producida y por la afectación de la salud humana (como se demostró recientemente al tener que evacuar personas de urgencia por organismos de salud de ambos países), y por la tendenciosa información que sobre la misma brindan al pueblo uruguayo”, expusieron en uno de los puntos centrales del documento, para luego exigir al gobierno argentino que actúe “con firmeza y responsabilidad” en la defensa de la salud de los habitantes y del río Uruguay.

También hicieron referencia al rol de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos, y que tiene a su cargo la vigilancia de UPM-Botnia. El organismo debía hacer públicos los resultados de los controles ambientales apenas se fueran obteniendo, pero nunca lo hizo, según dijeron, por la falta de acuerdo entre los técnicos argentinos y uruguayos en la redacción. Al respecto, los asambleístas replicaron que “la CARU no puede ser un organismo burocrático e indolente, que en vez de administrar el río se conforma con administrar la contaminación”, por lo que reclamaron una “apertura a la participación ciudadana, que garantice el derecho de acceso a la información pública y que cumpla activa y públicamente con el mandato del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, junto al comité científico, de examinar y controlar” a la pastera.

Del gobierno

Antes del arranque de la marcha de ayer, el gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado en el que sostiene que la autorización del presidente uruguayo José Mujica para que la empresa Botnia-UPM incremente su producción anual de pasta de celulosa “en verdad reconoce niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal” establecido por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Citando registros del propio gobierno uruguayo, indicó que la pastera se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013. De ese modo se introdujo en el río Uruguay la “mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en de-sacato a todas las normas”.

En el informe se destaca que desde que comenzaron las mediciones, en 2010, la temperatura del río “subió más del 50 por ciento; el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido; en cuatro muestras los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente”. También se detectaron niveles elevados de endosulfán y grasas y aceites, que no debían estar.