La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana tres condenas por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti durante la última dictadura. La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas de Eduardo Rodolfo Cabanillas, Raúl Antonio Guglielminetti y Honorio Carlos Martínez Ruiz y confirmó las penas de prisión perpetua, 20 años y 25 años de prisión, respectivamente, que les impuso el Tribunal Oral Federal 1 en marzo de 2011. Casación no debió pronunciarse sobre el cuarto condenado, el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Eduardo Alfredo Ruffo, porque el represor desistió de su derecho de apelar la condena. La confirmación de la sentencia por parte de la sala que integran los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos es la sexta en causas por delitos de lesa humanidad en lo que va de 2013.

El fallo que dictaron hace dos años y medio los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante dio por probada la privación ilegal de la libertad de 65 víctimas del Plan Cóndor, como pasó a la historia la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70. En el proceso se probó además la aplicación de tormentos contra sesenta víctimas y cinco homicidios agravados por alevosía. Los delitos tuvieron como epicentro el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó en un taller mecánico de Flores alquilado por la SIDE, de la que dependía el lugar de detención.

Guglielminetti, agente civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, es el más conocido de los represores de Orletti, sobre todo por su trayectoria posterior: el “Mayor Guastavino”, tal su alias en los ’70, se dedicó en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia a los secuestros extorsivos. También fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín e integró la oficina de inteligencia paralela del gobierno radical, conocida como Grupo Alem. La ley de obediencia debida no le permitió zafar de su detención por tenencia de armas de guerra, que se prolongó hasta 1989. En agosto de 2006, el juez federal Daniel Rafecas lo volvió a detener por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, hechos por los que fue condenado en 2010 a 25 años de prisión. Luego llegaría la condena por Orletti, a la que se sumó otra en Neuquén, donde también prestó servicios como enviado del Batallón 601.

El entonces capitán Cabanillas, que a fines de los ’90 llegó a comandar el Segundo Cuerpo de Ejército y se retiró como general, fue jefe de la base Operaciones Tácticas 18 de la SIDE, de la que dependía Orletti, y había sido detenido por primera vez en septiembre de 2006, luego de treinta años de impunidad.

Martínez Ruiz, alias “Pájaro”, había sido detenido un año antes, en 2005, por el robo de cajas de seguridad del Banco Nación. Fue integrante de la Triple A de Aníbal Gordon, que murió cuando todavía reinaba la impunidad, y agente de inteligencia de la SIDE. Idénticos pergaminos tuvo Ruffo, alias “Zapato”. La marca distintiva de su prontuario es la condena por la apropiación ilegal de Carla Rutilo Artés, hija de Graciela Rutilo, quien fue secuestrada en Bolivia, entregada a militares argentinos y vista por última vez en Orletti. Ruffo también siguió en la SIDE tras el retorno de la democracia, al servicio de Hugo Anzorreguy. El gran ausente en la sentencia fue el coronel Rubén Víctor Visuara, que también estaba en el banquillo de los acusados pero murió poco antes de que comenzara la etapa de alegatos.