La Cámara de Casación indicó al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que, “atento al tiempo transcurrido, razones de celeridad y efectiva y eficiente administración de Justicia aconsejan la impostergable necesidad de fijar audiencia de debate de manera inminente” para el juicio oral en el que se investiga la masacre de diciembre de 2001. Fue mediante una resolución de Superintendencia firmada por el presidente del tribunal, Gustavo Hornos. La decisión se suma al planteo de “pronto despacho” efectuado la semana pasada por los abogados querellantes de los familiares de los asesinados el 19 y 20 de diciembre.

Sin embargo, Hornos evitó pronunciarse sobre la controversia que rodea al TOF 6, donde sus actuales integrantes siguen sin fijar la fecha del juicio y, en tanto, algunos de ellos son subrogantes, aducen tener otras prioridades a la hora de organizar este proceso oral por los sucesos que hace doce años determinaron la caída del gobierno de la Alianza y dejaron 38 muertos en todo el país. Hasta ahora no sólo fueron rechazados los pedidos de los querellantes para que, con esta conformación o con los jueces que ahora están apartados del caso, el TOF 6 se decida a dar inicio al juicio oral. Sino también los planteos de los propios integrantes de ese tribunal oral que tampoco quieren abocarse al tema. “Esta causa no sólo es compleja, sino que reviste una enorme gravedad institucional pero siguen jugando al gran bonete”, se quejó una fuente con acceso al expediente. De hecho, la resolución de Hornos se produce como respuesta a la falta de acuerdo en el TOF 6. Pero no indicó en forma explícita si tal o cual magistrado debe quedarse o tendría que reintegrarse aquel que se encuentra apartado, dado que la propia Casación estableció que una vez que termina la razón del apartamiento el juez debe volver a su puesto. Sólo dijo que “ese órgano jurisdiccional se encuentra integrado desde 2011”, en referencia al Tribunal Oral Federal 6.

A su vez, ese tribunal aún no resolvió el pronto despacho presentado por los abogados del CELS y algunos de los demás querellantes en la causa. “Doce años son demasiada impunidad, desearíamos que no hubiera un nuevo 19 y 20 de diciembre sin juicio oral”, había dicho Horacio Verbitsky, presidente del CELS. En el mismo sentido, Carina Lamagna, hermana del asesinado Diego Lamagna, calificó la situación como “una burla a familiares y víctimas”.