Enrique Mathov sabe que se acerca la hora de las definiciones y prepara el terreno. El ex secretario de Seguridad trató de distanciarse de las decisiones tomadas por el gobierno de Fernando de la Rúa durante sus últimas horas en el poder, en un escrito en el que rebatió las acusaciones de los fiscales del caso. “Lo acusan de haber aportado ideas para la confección del decreto de estado de sitio pero nosotros respondimos que ésa es una facultad estrictamente presidencial y que Mathov ni siquiera firmó el decreto”, indicó a Página/12 su defensor Jorge Valerga Aráoz.
Aunque el letrado insistió en que ese señalamiento no implica involucrar al ex presidente en los delitos cometidos durante la represión del 20 de diciembre, apuntó que en su escrito mencionó como antecedente el caso Granada, según el cual “la única persona que puede dar explicaciones sobre el estado de sitio es el presidente de la Nación”.
La jueza María Servini de Cubría tiene que resolver en las próximas horas la situación procesal del último secretario de Seguridad del gobierno aliancista. Mathov ya fue indagado por las cinco muertes y más de un centenar de lesiones graves provocadas por la represión con que la Policía Federal ejecutó la orden de “liberar la Plaza de Mayo”, mientras De la Rúa se preparaba para renunciar a la Presidencia. Hace dos semanas, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron su detención y procesamiento. “Enrique Mathov debe ser considerado autor, por omisión impropia, de las acciones homicidas que provocaron la muerte de cinco ciudadanos”, indicaron en su dictamen. Y consideraron que el ex funcionario también podría ser considerado responsable de la privación ilegítima de la libertad de 200 personas que fueron detenidas el 20 en el marco del estado de sitio. “(Mathov) tuvo activa injerencia en todas las decisiones políticas que llevaron al entonces presidente De la Rúa a decretar el 19 de diciembre el estado de sitio en todo el país”, habían escrito los fiscales.
“Mathov no participó de la elaboración de ese decreto, ni siquiera lo firmó al costado como suelen hacer los secretarios de Estado”, afirmó Valerga Aráoz al ser consultado por este diario. Y reiteró que su cliente admitió haber dado la orden de cuidar los edificios públicos, la integridad de los manifestantes y evitar saqueos. El letrado enfatizó que ni Mathov ni De la Rúa son responsables de los asesinatos, pero del escrito presentado se desprende que la jueza Servini de Cubría tiene que pedirle explicaciones al ex presidente y no al ex secretario de Seguridad. Sin embargo, Valerga Aráoz no refutó el planteo de los fiscales en cuanto a la responsabilidad de Mathov por haber omitido frenar los supuestos excesos que cometían los policías, dando por comprobado que no pudo desconocer la masacre que se estaba perpetrando a pocos metros de la Rosada. En forma paradójica, los fiscales usaron el mismo caso Granada para señalar que el estado de sitio debe tener en sus fundamentos cierta “razonabilidad” de la que el decreto delarruista careció.
Por otra parte, la jueza encarceló a otro policía, de apellido Firpo, que habría estado en la camioneta gris sobre la cual se apoyó el comisario inspector Orlando Oliverio para disparar contra los manifestantes. Y los fiscales apelarán la falta de mérito que Servini le dictó a tres policías –Guillermo Galdame, José Bercovich y Horacio Barrios– que habían sido detenidos e indagados por esos hechos y el lunes fueron liberados.