El Frente para la Victoria salió a responder ayer las críticas de la oposición respecto del supuesto “tratamiento exprés” de la reforma de los códigos Civil y Comercial. Luego de que se reuniera el miércoles la comisión bicameral que debe elevar el dictamen y que el kirchnerismo anunciara su intención de sancionar el nuevo código antes del 10 de diciembre, sectores de la oposición, como el PRO, manifestaron su “repudio” por lo que consideraron una decisión de impulsar el proyecto “sin debate y con explícita renuncia a la búsqueda de consensos y acuerdos”. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, en cambio, recordaron que el proyecto tuvo su origen en un decreto presidencial de 2011, que encargó la elaboración del texto a una comisión de juristas encabezada por Ricardo Lorenzetti, luego su revisión por el Ejecutivo, para llegar al Congreso el 7 de junio de 2012. Desde entonces se realizaron 29 reuniones de la comisión bicameral, entre ellas 18 audiencias públicas por todo el país. Además, en paralelo comenzó esta semana a debatirse en Diputados el proyecto de ley sobre la responsabilidad civil del Estado, que fue eliminado del proyecto original.

“Hubo un debate abierto durante dos años con más de dos mil ponencias sistematizadas, puestas en red, compartidas por asesores y legisladores”, aseguró ayer el presidente de la comisión bicameral, el kirchnerista Marcelo Fuentes. Para el senador por Neuquén, se debe avanzar con la reforma del código, “por el respeto a los miembros de la comisión que trabajaron en el texto y cuyo mandato termina a fin de año”. Respecto de las críticas señaladas en la reunión del miércoles por los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, Fuentes señaló que desde principios de año las reuniones de comisión se suspendieron “con motivo del curso del año electoral”, pero que se mantuvo el trabajo de los asesores, “con el compromiso de que llegada esta etapa del año se presentarían los preproyectos de dictamen”. Por último, el legislador kirchnerista explicó que las propuestas de dictamen no son “una cuestión de bloques” dado que la reforma del código “afecta la vida, las relaciones privadas de todos los argentinos”. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, afirmó el miércoles que “el proyecto no tiene titularidad”. “Es de un cuerpo de juristas, nadie puede decir que es el código de la Presidenta”, remarcó.

Así salió el kirchnerismo al cruce del comunicado firmado por el titular del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, y por el integrante de la bicameral Pablo Tonelli, quienes expresaron su repudio por el tratamiento que sobre el final del período de sesiones ordinarias le imprime el oficialismo al proyecto. “El kirchnerismo tiene más interés en anunciar la sanción del nuevo código como si fuera un triunfo deportivo, que en aprobar una norma de excelencia y que sea el resultado de un fructífero intercambio de ideas y propuestas entre todos los bloques con representación parlamentaria”, advirtieron Pinedo y Tonelli.

Los macristas también criticaron que “otros partidos de la oposición (por el Frente Peronista y el Frente Renovador) consientan este tratamiento exprés y no alcen su voz y su protesta para impedir un nuevo atropello institucional”. Se referían a legisladoras como Graciela Camaño, que rescató hasta el momento la tarea realizada por la comisión.

La propuesta del bloque oficialista realiza 172 modificaciones al texto de la comisión de juristas, revisado también por el Ejecutivo. Con la designación de Jorge Bergoglio como papa en el medio, el predictamen oficial da lugar a algunos reclamos de la Iglesia, aunque mantiene otras cuestiones como las referidas a los derechos de familia. Se elimina el alquiler de vientres, pero se mantiene la fecundación post mortem; precisa que la vida comienza en la concepción, pero no deja claro el estatus de los embriones congelados; y mantiene la aceleración del trámite para el divorcio y las adopciones. Entre los múltiples aspectos que regula el nuevo código, una de las cuestiones más criticadas es falta de regulación sobre la responsabilidad civil del Estado, que el kirchnerismo presentó esta semana para su tratamiento como una ley especial por fuera del nuevo código por considerar que pertenece al ámbito del derecho administrativo.