Ante la gravísima crisis que atraviesa la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y luego de intensos esfuerzos para impedir un escándalo, vemos ahora que se lapida públicamente a un militante de los derechos humanos y con ello se avanza hacia la destrucción de la comisión. Por ello, manifestamos:

1 Ante la denuncia de acoso recibida oportunamente contra el secretario Ejecutivo de la institución, Alejandro Mosquera, la CPM abrió un proceso de actuaciones administrativas el cual se encargó al reconocido jurista Dr. Beinusz Szmukler, con la asistencia de la Dra. Elizabeth Rivas. La convocatoria a una personalidad jurídica externa a la institución tuvo el cometido de otorgar transparencia y garantías a las partes, las que fueron escuchadas con la mayor discreción. Según el dictamen final, “de las constancias descritas no surgirían a criterio de esta Instrucción, elementos probatorios que acrediten la existencia de una situación de acoso sexual o laboral a la denunciante por parte del denunciado”. En base a ello se dio por finalizado el sumario.

2 Sin embargo, reiteradamente se incumplió lo resuelto: primero porque sólo se destacó la renuncia de Mosquera, que fue un voluntario gesto positivo, y además porque lo resuelto se fue desnaturalizando, dada la visible resistencia a aceptar la validez del mencionado dictamen por parte de algunos miembros de la conducción actual.

3 A diario, se persistió en la intención de “castigar” a Mosquera mediante una sistemática acusación mediática no sólo contra él, sino contra la CPM toda, cuando ha sido conducta de vida de todos y cada uno/a de nosotros que toda persona es inocente de lo que se le acusa en tanto no medie condena. Y en este caso no la hubo por parte del tribunal interno que condujo el Dr. Szmukler. Por lo tanto, no corresponde condena por acoso por más que así lo quieran algunos colectivos políticos y/o de género que más que justicia parecen buscar venganza de hechos no probados, sentimiento que es ajeno por completo a todos los organismos de derechos humanos. La CPM siempre hizo docencia cívica alrededor del principio constitucional de inocencia, el que sostenemos y defendemos desde hace muchos años y por el cual hemos luchado en las peores condiciones. Toda persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario y respetar ese criterio es fundacional del estado de derecho y de la defensa de los derechos humanos.

4 El pronunciamiento público de inocencia de Alejandro Mosquera sigue siendo postergado absurdamente, maniobra de desgaste que nos resulta ya inadmisible. No podemos sino interpretar que esa demora busca explícitamente generar el clima negativo que hoy advertimos, con fuertísimas acusaciones a miembros de la institución, y todo con la misma ligereza y fanatismo de quienes hace siglos inventaban brujas para arrojarlas a la hoguera pública.

5 Sostuvimos y sostenemos que la denunciante de un supuesto acoso en la comisión y donde sea tiene todos los derechos de su lado para proceder en otros ámbitos, si quiere hacerlo. Y allí probar su acusación, si puede hacerlo. Y desde ya que en el hipotético caso de que se probara inconducta alguna en la CPM, aceptaríamos el veredicto y aplicaríamos las sanciones correspondientes. Pero si los derechos de la acusadora son indiscutibles, también es cierto que no es el escándalo lo que construye verdad.

6 La CPM y todos los organismos de derechos humanos han hecho del camino de verdad y justicia, y de la no venganza, la esencia de su labor durante más de 30 años. Rechazamos todas las formas de inculpamiento social o mediático basadas en sospechas, y así levantamos nuestra voz cuando se aplica a los jóvenes pobres de nuestras barriadas populares por el mero hecho de serlo. Entendemos que el caso de Alejandro Mosquera es similar, y si acaso se probara –lo que hoy creemos imposible– nosotros mismos propondríamos su separación. Pero hacerlo ahora, como se nos exige, sería compartir esa condena mediática que vemos con preocupación que algunos miembros de la comisión sistemáticamente comparten en los hechos, y sería además practicar una lapidación pública que de ninguna manera admitiremos.

Por lo tanto, el tendencioso argumento de que algunos estaríamos “esperando a que haya una violación” para que se pruebe el acoso, es irresponsablemente ofensivo e insostenible, como todas las acusaciones mediáticas que se hacen a personas de probadas trayectorias tanto en la defensa de los derechos humanos como de los derechos de género. Entendemos por ello que el “escrache” que se realizó días atrás por parte de algunas personas no fue sólo contra Alejandro Mosquera, sino contra la institución toda.

7 Nos llama la atención que la condena a Mosquera por parte de una minoría de la comisión no tiene en cuenta, entre otras cosas, que la labor de dicho compañero al frente de la Secretaría Ejecutiva del organismo fue excelente, intensa, inteligente y en todo momento alineada con los principios y la historia de los organismos de derechos humanos. Durante más de una década el compañero Mosquera realizó una labor ejemplar, por lo que para muchos de nosotros sin dudas ha sido el más competente secretario Ejecutivo que la CPM ha tenido. No podemos dejar de pensar que quizá es por eso mismo que se lo quiere marginar con tanta saña.

8 La CPM jamás se mostró dividida por la sencilla razón de que siempre practicamos el diálogo, la discusión fraternal y el acuerdo. Ahora vemos, en cambio, que las decisiones mayoritarias son cajoneadas y/o distorsionadas en su esencia. Desprestigiar al jurista convocado, insistir en mantener abierto el caso y distorsionar la información pública de la CPM es tan irresponsable como las acusaciones a miembros de la comisión por parte de sectores que creen que hacer justicia es condenar sin pruebas. Y cuyas agresiones y escraches cuentan con la aquiescencia inexplicable de algunos miembros de la actual dirección.

Por todo lo anterior, y con dolor ante lo que jamás hubiésemos esperado, declaramos:

- Creemos en la inocencia de Alejandro Mosquera respaldada en la investigación realizada, porque toda persona es inocente en tanto no se demuestre lo contrario.

- Es la Justicia la que decide agravios, culpabilidades y condenas. Denostar y agraviar a miembros de la CPM nada tiene que ver con el reclamo de justicia. Y no aceptamos ninguna forma de persecución.

- No aceptamos que la CPM quede en manos de un grupo que sólo busca reconocimientos individuales y no respeta decisiones tomadas democráticamente.

- Avalar a grupos, asambleas o individuos que utilizan el término “cómplices” hacia miembros de la CPM, con la carga histórica que ello denota, demuestra una irrespetuosidad que no estamos dispuestos a aceptar de ninguna manera.

Por lo tanto, y notificados de las renuncias de Fortunato Mallimacci, el rabino Daniel Goldman y Alejandro Mosquera por razones similares a las aquí expuestas, también no-sotros presentamos nuestra renuncia a la Comisión Provincial por la Memoria.