Las denuncias por violencia familiar en las 64 comisarías de la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires aumentaron casi un 30 por ciento en el último año: de 88.521 en 2011 a 113.028 en 2012. Sin embargo, las mujeres que recurren a la Justicia para pedir ayuda deben enfrentar importantes obstáculos que “conspiran contra el sostenimiento de las denuncias”, y un porcentaje significativo de las causas queda paralizado y luego se archiva, según advierte un informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Si se analizan los trámites de las causas por violencia familiar en 2012, surge que ese año se iniciaron 50.307 causas; en 9943 se habían dictado medidas cautelares de protección y en apenas 2018, sentencia definitiva. Uno de los mayores problemas que enfrenta la denunciante es que gran parte del sostenimiento del proceso judicial queda en sus manos. “El proceso judicial impone a la víctima la obligación de presentarse a ratificar en algunos casos y en otros casos a ampliar lo dicho en la dependencia policial; presentar aportes probatorios sobre los hechos denunciados; concurrir a audiencias. Incluso se los compromete a hacer ciertas diligencias, como llevar oficios a comisarías y hacer el seguimiento en la notificación de las medidas, activar la denuncia por el incumplimiento de las medidas”, señaló a Página/12 Laurana Malacalza, coordinadora del equipo técnico del Observatorio. (Ver página 5.)

El Monitoreo de Políticas Públicas y Violencia de Género del Observatorio acaba de presentarse ante funcionarios bonaerenses de las áreas involucradas, en coincidencia con el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy. El relevamiento evalúa en qué medida el Estado provincial cumple con las obligaciones establecidas por la ley e implementa políticas públicas tendientes a la modificación de las condiciones estructurales que promueven la violencia de género. El estudio analiza el circuito crítico institucional que deben transitar las mujeres que rompen el silencio y deciden denunciar las agresiones y malos tratos que sufren de parte de sus parejas y ex parejas. Uno de los primeros escollos tiene que ver con la “falta de información con que cuentan las mujeres sobre la forma de acceder a instancias de protección, el recorrido institucional y los alcances de las intervenciones judiciales”, señala el estudio. También constataron en la gestión policial “una serie de obstáculos que dificultan la interposición de denuncias y crean instancias de revictimización”, como “la falta de capacitación específica para el abordaje de situaciones de violencia en el personal policial y de protocolos de actuación con pautas claras y precisas que favorezcan la adecuada recepción de las mismas”.

Pero si la mujer llega a realizar la denuncia, deberá luchar con una serie de trabas que le impone el mismo sistema de administración de justicia, alerta el estudio. En primer lugar, la necesidad de tener que concurrir personalmente al juzgado luego de haber denunciado, lo que implica costos económicos de traslado, dificultades de organización con los hijos, tiempos de espera, imposibilidad de asistir por el control del agresor y temor a sufrir posibles represalias. “A ello se suman las dificultades relacionadas con el acceso al patrocinio jurídico gratuito, por la insuficiencia de este recurso desde lo institucional, en relación con el alto nivel de demanda que se presenta”, señala el informe.

En segundo lugar, “verificamos que no se cumple con el deber de proteger adecuada y eficazmente a las víctimas por la demora en los plazos para resolver las medidas de protección, ante la exigencia de requisitos probatorios previos y la ausencia de integralidad en el dictado de las mismas”, indicó Malacalza.

Otro problema que detectó el equipo de investigación del Observatorio está relacionado con la notificación en forma fehaciente al agresor de las medidas dispuestas por el juez, como prohibición de acercarse a su pareja o tener contacto por cualquier medio. Las notificaciones quedan a cargo de la policía bonaerense, “que incurre en demoras y en interpretaciones discrecionales al realizarlas”, advierte el relevamiento. Además, el organismo encontró que se registra “un alto nivel de incumplimiento (de las medidas cautelares de parte de los victimarios) y falta de diligencia en el órgano judicial, ya que no se efectivizan las sanciones establecidas en la ley de violencia familiar, ni se impulsa de oficio la iniciación de la causa penal por el delito de desobediencia”. Así, las mujeres quedan nuevamente desprotegidas, a pesar de haber recurrido a la Justicia en busca de protección.

Otro nudo crítico observado fue “la existencia de instancias de revictimización en la tramitación del proceso”. Por ejemplo, cuando se fijan u homologan audiencias celebradas con la presencia conjunta de denunciante y denunciado, contrariando normativa nacional y provincial, o los operadores judiciales no están especializados en la temática y en cambio están atravesados por prejuicios y estereotipos de género, lo que “condiciona la posibilidad de realizar intervenciones adecuadas”. También registraron que hay demoras en el proceso judicial, “con consecuencias altamente perjudiciales para la denunciante”.

Otro punto preocupante es que desde el Observatorio se verificó una “absoluta desconexión” entre las actuaciones del juzgado de Familia o el juzgado de Paz y las del fuero penal. “Ello genera el desconocimiento de antecedente previos, el dictado de medidas contradictorias y superpuestas, falta de rápida actuación ante el incumplimiento de las mismas, y repercute además en el desconcierto de la víctima sobre su situación”.

Además, encontraron “falencias de articulación con los organismos del Poder Ejecutivo destinados a prestar ayuda multidisciplinaria a las denunciantes, lo cual dificulta un abordaje integral, que apunte al fortalecimiento y sostenimiento de las mismas”.