“El problema sigue siendo la falta de articulación de las respuestas entre todos los actores que participan a la hora de proteger a una víctima de violencia de género”, señaló Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, con experiencia en la implementación de políticas públicas en el territorio bonaerense para asistir a víctimas de violencia machista. Estuvo a cargo de la puesta en marcha de una línea telefónica especializada del gobierno provincial, además de participar en la definición de protocolos de atención a las víctimas. En una entrevista con Página/12, con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enumeró los avances para enfrentar la problemática y lo que falta todavía para que las intervenciones sean efectivas. La necesidad de disponer de un plan nacional contra la violencia de género, de mayor presupuesto para la temática, de un sistema de acompañantes para quienes quieren denunciar como prevé la nueva ley y de dispositivos para situaciones de emergencia, fueron algunos de los puntos que incluyó entre las asignaturas pendientes. “No alcanza sólo con hablar de refugios. Hoy vemos varones extremadamente violentos, dispuestos a todo. La decisión de las mujeres de cortar la relación, en otros momentos parecía un paso trascendente para el fin de la violencia, en cambio las cifras de femicidios muestran que casi el 30 por ciento es perpetrado por la ex pareja”, alertó Díaz.

–¿Siempre la mujer que sufre violencia de parte de su pareja o ex pareja debe denunciarlo? ¿O hay situaciones en que es mejor que no recurra a la Justicia?

–El tema de la denuncia judicial está sumamente mitificado. Escuchamos relatos que reiteran que la mujer denunció seis, diez, veinte veces, como si el hecho de la denuncia pusiera en acto mecanismos mágicos de solución de un problema que es complejo y multicausal. En tal caso, la denuncia es una parte de una serie de acciones que será necesario desplegar. No hay respuestas únicas. Cada historia tiene sus particularidades a considerar a la hora de pensar en las mejores intervenciones. Cuánto tiempo de violencia, qué tipos de violencias presentes, la frecuencia, si hay amenazas de muerte, si hay armas, el nivel de aislamiento de la persona que sufre la violencia, si toma psicofármacos, si tuvo intentos de suicidio, si ya hubo denuncias o consultas por el tema en alguna institución. Muchas veces puede resolverse el problema sin ningún tipo de intervención judicial, incluso a veces es realmente contraproducente, porque los mecanismos de victimización secundaria del aparato judicial y policial desalientan a la mujer, que se enfrenta con una institución poco amigable, con escasa capacidad de escucha realmente activa. Para esto es importante recurrir a consultar en primer término a líneas telefónicas especializadas o servicios que atiendan la violencia, con equipos interdisciplinarios capacitados con enfoque de género. El problema es que este tipo de servicios no están presentes en todo el territorio y muchas veces la situación es de emergencia. En ese caso se debe recurrir al lugar más cercano, que suele ser una comisaría o el Poder Judicial.

–La nueva legislación contempla aspectos muy detallados y novedosos para el procedimiento judicial...

–Sí. La figura del acompañante es muy importante y será necesario avanzar mucho más en su concreción. Coloca subjetivamente de modo diferente a las personas estar con alguien de su confianza, contribuye a fortalecer el lugar de la persona que está solicitando una intervención institucional. Un aspecto central contemplado en el enfoque integral de la nueva ley es que se requiere y reconocen las intervenciones públicas para asistir y atender a las personas que sufren violencia como sujetos de derecho que están siendo vulnerados. Esto requiere atender a las víctimas no como pasivas sino como personas que están siendo vulneradas. No necesita quien sufre violencia salir del tutelaje y la sumisión del violento al tutelaje estatal. Lo que necesita es la revalorización como persona, que contribuya para la construcción de autonomía.

–¿Qué avances destacaría en el tratamiento de la temática en la Justicia y en las respuestas que brinda el Estado a las víctimas para protegerlas?

–El cambio de marco legal ha sido fundamental. Hoy los términos violencia de género y femicidio están incorporados al lenguaje común y sobre todo comunicacional, aunque todavía no se tenga una comprensión cabal de su significado. A pesar de los enormes cambios operados en estos años, las modificaciones culturales profundas conviven con prácticas, instituciones y discursos que resisten a los cambios. Por eso es tan importante la sanción de la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, por el poder simbólico que tiene el discurso jurídico, no sólo el alcance real y efectivo. En estos años también se avanzó con capacitaciones específicas para el personal judicial, de salud, de educación. El Consejo Nacional de las Mujeres inauguró este año una línea telefónica de tres dígitos gratuita, nacional, que atiende las 24 horas, el 144.

–¿Qué falta para mejorar las respuestas?

–Falta que se formule el plan nacional integral previsto por la ley. Este plan debe definir metas y objetivos concretos. También esto supone una infraestructura, presupuesto y personal mucho más importante que el actual. La persona que sufre violencia vive en determinado territorio y es allí donde el Estado debe estar presente y activo. También es fundamental mejorar los dispositivos de atención en la emergencia. No alcanza sólo con hablar de refugios. Es como si sólo tuviéramos un martillo para hacer una casa, hay que pensar en una caja de herramientas que contemple una adecuada evaluación de riesgo. Hoy vemos varones extremadamente violentos, dispuestos a todo. La decisión de las mujeres de cortar la relación en otros momentos parecía un paso trascendente para el fin de la violencia. En cambio, las cifras de femicidio muestran que casi el 30 por ciento es realizado por la ex pareja. Los alcances y la dimensión de esta problemática no se resuelven con voluntarismo ni con respuestas aisladas.