Entrada la madrugada y luego de una extensa sesión, el Senado se disponía a aprobar el nuevo Código Civil y Comercial. El kirchnerismo, con el apoyo de sus aliados habituales y algunos legisladores del peronismo disidente, garantizaba anoche la media sanción al proyecto que reforma y moderniza los más de 4600 artículos de los códigos actuales, reemplazándolos por unos 2700 artículos en un código unificado. “Querían presentar esta tarea como un capricho del Gobierno. El tratamiento de este Código es distinto al de Vélez Sarsfield: no miramos hacia afuera, sino hacia adentro”, afirmó el senador neuquino Marcelo Fuentes, miembro informante del oficialismo. La UCR, el FAP y otros senadores del PJ opositor expresaron su rechazo, entre otras cuestiones, por la ausencia de regulación sobre la responsabilidad civil del Estado, y por cambios concedidos a la Iglesia Católica. Organismos de derechos humanos como el CELS realizaron una conferencia de prensa reclamando la inclusión de la función social de la propiedad, mientras familiares de víctimas de la tragedia de Once se manifestaron en las afueras del Congreso.

En una jornada intensa, que incluyó la jura de los nuevos senadores y la visita del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el clima en el Congreso se tensó antes de iniciar el debate sobre el texto. La oposición cuestionó el tratamiento que le imprimió el oficialismo al tema en las últimas semanas y especialmente durante la sesión. “Votar a libro cerrado el Código Civil y Comercial significa un atropello y una decisión política de la cual el oficialismo tiene que saber cuáles son los costos. Esto significa no escuchar ninguna de las cosas que tenemos para decir hoy y que dijimos durante los debates en comisión”, aseguró el senador radical Ernesto Sanz, en una advertencia que sonó a una posible retirada del recinto a la hora de votar. Las críticas fueron acompañadas por el socialista Rubén Giustiniani y por Adolfo Rodríguez Saá.

“Nadie quiere agraviar ni llevarse por delante nada. Después de un debate arduo como ha tenido la comisión bicameral, los procesos concluyen, hay un punto de inflexión. Es un primer paso, no es un paso definitivo”, le respondió el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, quien aseguró que “no hay ninguna votación en el mundo de un Código que sea artículo por artículo”. En un gesto sorpresivo, Pichetto aclaró que el texto que se buscaba aprobar en el Senado podría ser modificado por Diputados en el caso de lograr un proceso de “reflexión” y “consenso”. “Lógicamente, la Cámara de Diputados trabajará y nosotros volveremos a tratar el tema”, insistió el rionegrino.

Después llegó la exposición del titular de la comisión bicameral, Marcelo Fuentes, quien retrucó las críticas por la ausencia de la responsabilidad civil del Estado en el Código. “Se aplica al derecho privado y no al derecho público. En este proyecto estamos reconociendo en plenitud la responsabilidad del Estado, sólo que lo hacemos en el encuadre teórico correcto, que es el de la autonomía del derecho administrativo.” El senador reivindicó la “prudencia” del oficialismo de disponer la regulación mediante una ley específica de esas cuestiones, así como el tratamiento a los embriones no implantados. Este último tema generó críticas de distintos sectores, ya que se modificó el artículo 19 estableciendo que la vida comienza “con la concepción” y eliminando la parte donde se especifica que en caso de técnicas de reproducción asistida la vida comienza con la implantación en el seno materno.

A su turno, el bonaerense Aníbal Fernández hizo especial hincapié en los avances en materia de derecho de familia. “Estamos por votar un Código Civil en cuestión de divorcio que será una solución para la familia. Logra un equilibrio entre autonomía de la voluntad y el orden público”, aseguró el ex jefe de Gabinete, que realizó un repaso histórico del Código Civil argentino, que cuando entre en vigencia el nuevo texto, en 2016, tendrá 145 años de antigüedad. “Con esta modificación nos vamos a encontrar que los marginados van a poder conquistar sus derechos, que van a ser reconocidos con fuerza de ley”, sostuvo Fernández.

El rechazo al nuevo código fue encabezado por la UCR. “Lo que aparecía como una herramienta para beneficiar al conjunto termina siendo una excusa para el Gobierno para obtener ventajas mezquinas. ¿Por qué se sacó la función social de la propiedad? ¿Por qué se sacó el derecho al agua? ¿Por qué se rompió el concepto de la igualdad en el tema de la responsabilidad del Estado?”, arremetió Sanz y remarcó la “incongruencia” del Código y advirtió sobre una futura “judicialización”.

Para el socialista Rubén Giustiniani, “se tiró por la ventana la posibilidad de tener un Código unificado aprobado por una inmensa mayoría a través de sus fuerzas sociales y representativas”. El senador del FAP consideró que se perdió la oportunidad de “reconocer el agua potable como derecho humano fundamental”, tal como lo había establecido la comisión redactora, encabezada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Además, dijo que la redacción del artículo 19 “anulará la práctica efectiva de las técnicas de la fertilización in vitro”.

Una de las principales defensoras de ese cambio fue la senadora ultracatólica Liliana Negre de Alonso, que lanzó una proclama “a favor de la vida”. Argumentó que había una “injusta discriminación” en el artículo 19. “No iba a ser el Código de la igualdad, porque no iban a ser iguales los concebidos dentro o fuera del seno materno”, aseguró la senadora puntana, que gracias a este cambio, entre otros reclamos de la Iglesia Católica, anticipó su voto a favor.

El debate continuaba anoche y podía prolongarse hasta el amanecer de hoy, cuando el proyecto pasaría a la Cámara de Diputados, donde, según anticipó el jefe de Gabinete, será tratado recién el año próximo.