El gobierno de Mariano Rajoy dio ayer el visto bueno para que continúe en la Justicia española el proceso de extradición de un ex policía y un ex guardia civil, solicitado por la jueza federal María Servini de Cubría por torturas cometidas durante los últimos años del franquismo. La decisión del Consejo de Ministros de autorizar la apertura del proceso por delitos de lesa humanidad implica que un juez de la Audiencia Nacional deberá ahora analizar la solicitud de la magistrada. “Es una victoria impresionante de las víctimas del franquismo. Un paso gigante”, evaluó el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la causa.

El 18 de septiembre, Servini pidió la detención y extradición de cuatro imputados por delitos de lesa humanidad en España. Luego se comprobó que el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal, y el ex comisario José Ignacio Giralte González habían fallecido, por lo que ambos pedidos fueron archivados. El trámite continuó entonces con dos acusados: el ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, ambos imputados por el delito de torturas.

Cuando todavía no había pasado una semana del pedido de Servini, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dictaminó que las detenciones no eran necesarias “habida cuenta la antigüedad de los hechos” y cuestionó la orden de detención redactada por Interpol, al sostener que no se sustentaba en un “relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión”. El ministerio público no se pronunció con todas las letras sobre el fondo de la cuestión, aunque sugirió “la probable concurrencia de una causa de denegación” de la extradición: recordó que tanto el convenio bilateral de extradición firmado con la Argentina en 1987 como la Ley de Extradición Pasiva de 1985 prohíben la entrega de detenidos “cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal”, una referencia tácita a la ley de amnistía que sancionó España en 1977.

El 18 de noviembre, el pedido de Servini llegó al Ministerio de Justicia de España. Su titular, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, fue quien propuso la decisión que tomó ayer el Consejo de Ministros: la continuidad del proceso. La decisión del Ejecutivo no implica la entrega de los dos acusados, sino el retorno del reclamo al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en quien recayó la causa porque estaba de turno cuando llegó el pedido. El magistrado deberá ahora citar a los dos imputados para preguntarles si desean ser entregados a la Argentina. Ante la previsible negativa, la causa deberá ser estudiada por la sala penal de la Audiencia Nacional. En el caso de que las autoridades judiciales negaran la solicitud de entrega, la causa quedaría cerrada. Si accedieran a la extradición, la última palabra la tendría el Consejo de Ministros.

“Esto es una victoria impresionante de las víctimas del franquismo. Un paso gigante”, evaluó ayer Carlos Slepoy. “La Audiencia Nacional tiene la oportunidad histórica de hacer justicia a las víctimas del franquismo. Y espero que no la deje pasar. Si decidiera que ni los juzga ni los extradita, España quedaría en un muy mal lugar. Pero si es coherente, la Audiencia que ahora persigue a los responsables chinos por el genocidio en el Tíbet debería atender también a las víctimas españolas del genocidio franquista”, agregó.

Más allá de la decisión de ayer, el gobierno de Rajoy no demostró voluntad de colaboración con la Justicia argentina. En 2011 intentó frenar la apertura de la causa en Buenos Aires alegando que los crímenes estaban siendo investigados en España, cuando en realidad el juez Baltasar Garzón había sido suspendido justamente por intentar hacerlo. El año pasado, el Tribunal Supremo cerró definitivamente la vía a la investigación penal, según explicó el propio Garzón el 27 de mayo, cuando declaró ante Servini. En mayo último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España impidió que la jueza tomara declaración por videoconferencia a víctimas del franquismo que habían sido citadas a declarar en el consulado argentino en Madrid.

Los dos acusados que pretende indagar Servini rondan los 70 años, la misma edad que promedian los represores argentinos que rinden cuentas por sus crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. González Pacheco, de 67 años, está acusado por torturas contra trece detenidos, entre 1971 y 1975. “Entró a mi casa con otros cuatro policías el 8 de octubre de 1974”, declaró Felisa Echegoyen. “Me sacaron de los pelos. Me llevaron hacia la ventana y pensé que me iban a tirar. Grité. Billy El Niño me puso un pañuelo en la boca y casi me ahoga. Con las mujeres era igual de bruto (que con los hombres). ‘¡Puta roja!’, me gritaba”, citó a Echegoyen el diario El País. José María Galante Serrano lo reconoció durante sesiones de tortura, cuando lo colgaba de las muñecas a un radiador para usar su cuerpo como “saco de golpes” de sus habituales prácticas de karate. Luis Suárez Carreño Luaje recordó su deseo de saltar por la ventana de la sala de interrogatorios. “Cualquier cosa me parecía deseable para acabar con esas sesiones de tortura”, contó, y apuntó que Billy el Niño se jactaba de sus conocimientos sobre militantes de izquierda, en particular de miembros de la Liga Comunista Revolucionaria. Muñecas Aguilar está acusado por torturar a Andoni Arrizabalaga en agosto de 1968, en el cuartel de la Guardia Civil de Zarauz, en el norte de España. El ex guardia civil llegó a estar al frente de la comandancia de esa fuerza en Tolosa hasta 1976, pero fue relevado del cargo justamente por haber torturado a la sindicalista Amarpo Arangoi.