EL PAíS
Organismos de derechos humanos reclaman la nulidad de las leyes
Organismos integrados por familiares de las víctimas del terrorismo de Estado apoyaron la iniciativa parlamentaria de anular en el Parlamento la Obediencia Debida y el Punto Final.
› Por Victoria Ginzberg
“Lo que debería ser la regla, parece una excepción.” Los organismos de derechos humanos integrados por familiares de las víctimas del terrorismo de Estado se refirieron así a la actitud del presidente Néstor Kirchner de favorecer la reanudación de los juicios contra los represores de la última dictadura. En una conferencia de prensa en la casa de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora ratificaron la necesidad de que se anulen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para comenzar a construir una “Argentina sin impunidad”.
“Después de 17 años de gobiernos que de una u otra manera han impedido la administración de justicia, es para nosotros una grata sorpresa el cambio proveniente desde quien ejerce la más alta magistratura de la Nación. Apoyamos y apoyaremos todas las medidas que contribuyan en nuestro país a desterrar la impunidad y a lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos. Así como durante todos estos años nos movilizamos exigiendo justicia, estaremos apoyando la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se tratará en la Cámara de Diputados”, afirmaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. También participó de la conferencia de prensa la agrupación de Hermanos de Desaparecidos.
Los organismos de derechos humanos decidieron pronunciarse en conjunto después de que, durante las últimas semanas, se sucedieran hechos vinculados con el avance de la posibilidad de juzgar a los militares de la última dictadura: el arresto de 41 represores con pedido de captura internacional, la derogación del decreto que impedía su extradición y el debate sobre la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las agrupaciones respaldaron las decisiones de Kirchner de nombrar a Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema y de derogar el decreto 1581/01. “Vamos a estar cuidando las espaldas del Presidente, claro, siempre que siga así”, aseguró Aurora Morea, integrante de Madres. Además del apoyo a las resoluciones oficiales, los organismos exigieron que el Congreso anule en la sesión del 12 de agosto las leyes que trabaron el juzgamiento de los militares. “Esperamos una actitud similar del Poder Ejecutivo, anulando las leyes y dejando en claro que no podrán ser invocadas como ley penal más benigna, ni como cosa juzgada y que para la prescripción no debe ser tenido en cuenta el lapso transcurrido entre su sanción y su anulación”, dijeron.
Las agrupaciones que aglutinan a los familiares de las víctimas de la dictadura creen que si en Argentina no se hace justicia, los militares que secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer personas deben ser condenados en cualquier lugar del mundo en donde haya disposición para investigar estos crímenes. Pero, como el Presidente, preferirían que los represores sean condenados aquí porque esa sería la única manera de reconstruir la justicia en el país. “La impunidad que comenzó con el impedimento de juzgar a los responsables y ejecutores de crímenes atroces, creció como una bola de nieve y se instaló en la sociedad y sus instituciones. Casos de escandalosa impunidad culminaron con integrantes de la Policía Bonaerense implicados en secuestros extorsivos. Más del 50 por ciento de los centros clandestinos de detención funcionaron en dependencias de la Policía Federal o provinciales. Y repiten sus crímenes. Estas son las consecuencias de la impunidad hacia el terrorismo de Estado instalada desde el Estado constitucional que sufrimos todos los argentinos”, afirmaron.
Los organismos de derechos humanos saben que, de una u otra forma, la pelea final por la condena de los represores se va a dar en la Corte Suprema de Justicia. Aunque el Congreso termine con esas normas, los perjudicados reclamarán ante la Justicia y la Corte tendría que ratificar la validez de esa decisión. “Los diputados, igual, deberían hacer lo suyo,ya que en su momento ellos aprobaron las leyes”, afirmó Mabel Gutiérrez, de Familiares.
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