El coronel Carlos Alberto Mulhall, uno de los responsables del asesinato de 12 presos políticos en la Masacre de Palomitas, fue detenido el jueves por la noche en Olivos. El represor iba a ser llevado a Salta, donde debe ser interrogado por el juez Miguel Medina, pero oportunamente sufrió una descompensación que lo dejó en el Hospital Militar. El magistrado busca aún a los militares retirados Miguel Gentil y Hugo Espeche, quienes también participaron en el crimen.
El arresto de Mulhall y Gentil había sido ordenado por la Cámara Federal de Salta, que con los votos del magistrado Ricardo Munir Falú y el juez ad hoc Dardo Ossola, decretó el martes pasado la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A pedido de Pablo Outes, hijo de una de las víctimas, el juez añadió la captura de Espeche. Este último fue quien, el 6 de julio de 1976, ingresó en el penal de Villa Las Rosas, se sacó las insignias, apagó las luces y montó la parodia del traslado que terminó con el asesinato de 12 personas. Espeche tiene domicilio en Comodoro Rivadavia pero según publicó el diario salteño El Tribuno, el represor estaría en Buenos Aires.
La jueza de Comodoro Rivadavia Eva Parcio libró ayer orden de captura contra Espeche después de que la policía buscara al acusado en la oficina de una empresa de seguridad privada de la que es socio mayoritario. El Estado Mayor del Ejército dispuso que se le informara al acusado que debía comparecer ante la Justicia salteña, pero los militares tampoco lo habrían encontrado. Gentil, por su parte, debería ser detenido en la provincia de Buenos Aires.
Después de haber sido arrestado el jueves, Mulhall iba a ser llevado ante Medina para ser interrogado por su responsabilidad en la Masacre de Palomitas pero, en cambio, fue internado en el Hospital Militar, en Buenos Aires. Durante los dos primeros años de dictadura militar, el coronel se desempeñó al frente de la Guarnición Militar Ejército Salta y llegó a ocupar el cargo de interventor federal de la provincia durante un breve período. Fue él quien le entregó al juez federal Ricardo Lona una nota con la versión oficial del asesinato de los 12 presos: “En circunstancias que una comisión del Ejército procedía al traslado de presos subversivos hacia la ciudad de Córdoba, fue interceptada y atacada por otros delincuentes subversivos”. Según declararon los militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Lona –que está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura– había pedido que los presos fueran llevados a otro penal por miedo a una fuga.
Los abogados de los familiares de las víctimas, David Leiva y Tania Nieves Kiriaco, reclamarán la semana que viene la detención de los militares Luis Donato Arenas y Antonio Arrechea. Ambos firmaron “partes de guerra” en los que anunciaron la muerte de algunos de los presos que fueron sacados del penal Villa Las Rosas.
Arrechea es uno de los tres prófugos del pedido de captura internacional que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso efectivizar por orden de su par español Baltasar Garzón. El represor vive en el interior de Misiones y cuando llegó el reclamo desde Madrid se especulaba con que, como la mayoría de los acusados, se pondría a disposición de la Justicia, pero eso no ocurrió.
La metodología del asesinato en Palomitas fue similar a la de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en el Chaco en diciembre de 1976. En ambos casos estuvieron involucrados funcionarios judiciales ya que las víctimas tenían causas abiertas en la Justicia. En el expediente de Margarita Belén, la Cámara del Chaco liberó a los acusados que había arrestado el juez Carlos Skidelsky. En el de Palomitas, Medina –que había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– cumplió con ordenar las detenciones que dispuso el tribunal superior.