“¿Cuál es la imagen del país deseado?”, sentencia un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) para “contribuir” a la planificación política, cultural y económica de la última dictadura. El plan de acción que gestó este grupo de banqueros en 1978 hacía especial hincapié en una serie de medidas que conduzcan a la Argentina a una “auténtica economía de mercado”, pero sus consejos no se circunscribieron a esa área. En el texto de 345 páginas se tratan distintos tópicos, entre ellos, la necesidad de denegar el acceso al voto universal y obligatorio a personas analfabetas o sin estudios básicos completos y la devolución de Las Malvinas. En el área económica, las recetas de Adeba, muchas de las cuales aplicó la dictadura y reflotó el menemismo, incorpora privatizaciones, evitar la actividad sindical, focalizarse en la economía agropecuaria y extractiva de recursos e importar mano de obra calificada proveniente de Europa Occidental con el objetivo de evitar la “amenaza del marxismo”.

Existen distintos estudios y documentación que revelan la complicidad y colaboración de sectores de la sociedad civil con la última dictadura militar. El descubrimiento de papeles secretos de la junta militar de 1976 en el Ministerio de Defensa es un aporte incalculable a la memoria colectiva de los argentinos. Dentro del cúmulo de documentos que se hallaron en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea se encuentra un documento de Adeba titulado Presentación Atinente a los Antecedentes. Fundamentos y Alcances para un Esquema de Proyecto Nacional. El voluminoso documento –que ayer comenzó a difundir la TV Pública– incluye una carta del entonces presidente de la entidad, Narciso Ocampo, que presidía también el Banco Ganadero Argentino, y es dirigida al ministro de Planeamiento, general Carlos Laidaw.

El documento esboza una serie de “propuestas políticas fundamentales para la etapa fundacional signada por un nuevo proyecto nacional”. En lo referido a cuestiones sociales, sostiene que “el voto debe ser considerado como un derecho y no como una obligación y por lo tanto debiera en lo futuro cesar en su carácter de obligatorio”. Es allí donde detalla que deben ser excluidos de este derecho a los analfabetos y a los que no hayan cumplido el ciclo primario de instrucción. También solicita prohibir expresamente “la realización de actividades políticas por parte de los sindicatos”. Pretende la desaparición de la gratuidad de la enseñanza a nivel superior y universitaria, lo que supuestamente hubiese permitido “elevar sustancialmente el coeficiente de productividad del gasto universitario”. De todos modos, el núcleo duro del trabajo se encuentra en materia económica.

El capítulo sobre políticas económicas se sustenta en dos requisitos que la entidad considera prioritarios: implantar una economía de mercado y transformar el “Estado-intervencionista en un Estado-estratega”. En esa línea, aboga una efectiva independencia institucional del Banco Central, la supresión de organismos estatales “que no cumplan una función prioritaria en las actuales circunstancias del país” y un programa de reducción obligatoria de la dotación de personal de cada ministerio, Secretaría de Estado y organismos descentralizados. Los temas de corte netamente neoliberal abarcan política de precios, atendiendo a la libertad de mercado, igual que con los temas que corresponden al sector agrícola, a la industria y los servicios públicos.

En cuanto a la privatización de servicios lo argumenta en que “el Estado es tan ineficaz que se ha tornado impotente para devolver a la sociedad en forma de servicios eficaces” lo que administra. Reivindica la Generación del ’80, elite gobernante entre 1880 y 1916, procedente de familias aristocráticas de las provincias y la Capital. Sostiene que la crisis de 1929 no había acabado con los lineamientos de esa Generación. En ese contexto, insiste en la premisa de lograr un país con autonomía en la producción de alimentos, pero también de “armamentos básicos que hacen a la seguridad nacional, tomando en consideración la creciente evolución de la tecnología militar en sus distintas manifestaciones”. En materia de política internacional, recomienda constituir una integración con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile para pelearle la hegemonía a Brasil, al que aconseja “excluir de dicho seno”.

Una perlita en este anacrónico relato es la recomendación de incorporar capitales, tecnología y recursos humanos altamente calificados provenientes de los países de Europa Occidental, “aprovechando la creciente inseguridad y la amenaza de formas diluidas de marxismo que se ciernen”. La intención es reeditar el fenómeno inmigratorio, pero bajo un “plano cualitativo”. El endeudamiento, una característica distintiva del proceso de valorización financiera que se abre con el golpe del ’76, es parte fundamental también del programa económico de Adeba. Defiende entonces la “interconexión con los grandes centros financieros mundiales, a fin de permitir a la economía argentina disponer de los recursos adecuados en cuantía y modalidad indispensables para proseguir con su desarrollo económico”. En cuanto a precios, los banqueros vinculan la inflación con un “subproducto de la subordinación del Estado a la presión de los intereses sectoriales”.

Ese paquete se completa con propuestas de afianzar el sistema financiero nacional y “mejorar la eficiencia del sector público, a fin de permitir la disminución de su peso sobre el conjunto de la estructura económica”. Plantea además una política tributaria más laxa, para estimular la iniciativa privada y la “adopción de riesgos”. Resalta la necesidad de ampliar la frontera agropecuaria interna, para aprovechar los grandes recursos naturales inexplotados o mal explotados”. El documento justifica su postura en una “filosofía sobre el Hombre, el Estado y Dios”. “El documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones que el país requiere en esta hora crucial”, concluye.