Dirigentes políticos y autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana participaron en 1983 de la elaboración del Documento final de la Junta Militar que dio por muertos a miles de desaparecidos. “Se traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”, se incluyó a pedido del cardenal Raúl Francisco Primatesta. Ante la afirmación de que los militares “no utilizaron su poder contra terceros inocentes”, el arzobispo de Córdoba, que en el archivo del Episcopado guardaba cientos de denuncias de familias enteras aniquiladas por el terrorismo de Estado, propuso matizar con la palabra “directamente”. También hicieron aportes y dieron su aprobación al documento el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi y obispo de Morón, Justo Oscar Laguna. Sus nombres surgen de los documentos que la Fuerza Aérea encontró en una oficina abandonada del Edificio Cóndor y fueron presentados en el programa Los archivos secretos de la dictadura, que emitió anoche la TV Pública.

En julio de 1979, dos meses antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar aprobó un primer “proyecto de documento sobre desaparecidos” elaborado por los secretarios generales de las tres armas, según consta en el Acta 103 recuperada por el Ministerio de Defensa. El texto no pasó de un proyecto, pero muestra ya la preocupación por justificar las ejecuciones clandestinas y la desaparición de los cuerpos. Los documentos analizados se centran en el proceso de elaboración que comenzó tras la derrota en la Guerra de Malvinas y que concluirían en abril de 1983 con el denominado Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo.

“Han existido numerosos contactos con personalidades políticas y religiosas”, “existe consenso sobre la conveniencia de su publicación” y diferencias sobre la fecha ideal, consta en un “Ayuda memoria para el comandante en jefe del Ejército”, general Reynaldo Benito Bignone, fechado el 28 de diciembre de 1982. “Resulta condición indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparta, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone –previamente– un contacto fluido para su análisis y consideración”, le aclaran al último dictador. Los “contactos iniciales con iglesia, sectores representativos y personalidades” fueron entre el 20 y el 23 de diciembre, precisan. La preocupación era ya la impunidad una vez reestablecido el Estado de derecho: el documento “debe tener jerarquía jurídica, de modo tal que las afirmaciones en él contenidas deban ser respetadas obligatoriamente por los jueces y/o funcionarios gubernamentales”.

“Sugerencias del cardenal Primatesta”, despeja cualquier duda el título que antecede los aportes del arzobispo de Córdoba. La dictadura actuó “en prosecución del bien común”, es una de sus primeras propuestas. Debía garantizar “la convivencia social”, agregó. Donde los redactores militares habían escrito que “se cometieron errores”, el cardenal apuntó “que traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”. Los militares aceptaron la sugerencia, pero agregaron “como sucede en todo conflicto bélico”. Donde decía que esos “errores” quedaban “sujetos al juicio de Dios”, Primatesta apuntó “en cada conciencia”. Y donde los militares se ufanaban de no haber utilizado su poder “contra terceros”, el cardenal, que para entonces había recibido y respondido miles de denuncias sobre torturas y desapariciones, propuso agregar “directamente” y aclarar: “aun cuando indirectamente éstas (víctimas inocentes) pudieran haber sufrido sus consecuencias”. Ante la propuesta de dejar “definitivamente claro” que “a efectos jurídicos y administrativos” los desaparecidos “se consideran muertos”, Primatesta no propuso ningún cambio.

Las menciones a Calabresi y Laguna constan en cuatro carillas que se titulan “Comentarios sobre el documento ‘Delta’”, como lo nombraron durante el proceso de elaboración. El autor, no identificado, admite que el texto “agrega poco a lo conocido”. “Durante su actuación en el ECI (sigla de Equipo de Compatibilización Interfuerzas, referencia a los redactores que participaron por cada fuerza), Ejército ha manifestado haber hecho contactos y haber sometido el documento a consideración de autoridades de la Iglesia (monseñores Calabrese –sic– y Laguna) contando con la aprobación de los mismos”, escriben. “Asimismo se dejó entrever que también fueron consultados políticos de alto nivel”, continúan, aunque no aportan nombres. Los interlocutores de Calabresi y Laguna en representación del Ejército eran los coroneles Jorge Hawkes y Hugo Sabino Fernández.

El desafío de ser creíbles

La Fuerza Aérea, representada en la mesa de escribas por el comodoro Juan Manuel Baigorria, realizó una serie de propuestas que fueron rechazadas por los coroneles y por los enviados de la Armada, capitanes de navío Manuel Tomé y Fernando García. Para los hombres de la aviación militar “hay carencia de apoyos o de ejemplos que den credibilidad al documento”. Pensando no sólo en la impunidad sino también en la necesidad “del futuro gobierno” de “convencer a su propio partido, al país y a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros”, propusieron agregar una serie de “apoyos”: 1. “terroristas que ocuparon cargos relevantes” en el gobierno, el Poder Judicial, partidos políticos y organizaciones religiosas; 2. “casos de suicidios registrados entre miembros de organizaciones terroristas”; 3. “casos de ejecuciones realizadas por bandas terroristas con sus propios adeptos”; 4. “documentos de identidad falsos encontrados en poder de terroristas”; 5. “ejemplos de personas que figuraban en listas de ‘desaparecidos’ y resultaron no estar en esa situación”; 6. “infiltrados de las Fuerzas Legales en las organizaciones terroristas que desaparecieron”, y 7. “cantidad de muertos no identificados fehacientemente en enfrentamientos con Fuerzas Legales”. “No obstante, aunque se den todos los apoyos (sic) basados en la documentación existente, quedará un número de desaparecidos de casi imposible explicación”, admiten. En un acta de reunión del ECI de marzo de 1983 dejan constancia de que “no se llegó a un acuerdo” sobre la propuesta de la Fuerza Aérea para darle “credibilidad y consistencia” al texto.

Uno de los datos novedosos que surgen de las propuestas de cada fuerza al documento final lo aporta la Armada y se refiere a supuestos juicios en jurisdicción militar a torturadores que cometieron “excesos” en las sesiones de picana y submarino. “Se han cometido excesos durante los interrogatorios”, escriben los marinos. “Por ejemplo, de la confesión de un prisionero dependía la posibilidad de neutralizar un ataque con explosivos a un colegio”, mencionan la célebre hipótesis que Vicente Massot usaba ante sus alumnos de la Universidad Católica Argentina para justificar la tortura. “Los que conducían el interrogatorio se excedieron en sus atribuciones para conseguir información”, continúa. “Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable (sic), pero fueron juzgados”, aseguran.

La difusión del documento final tuvo una última etapa de planificación, que lleva la firma del general Mario Alfredo Piotti. Para “destacar la legalidad y legitimidad de la LCT” (lucha contra el terrorismo) y generar “comprensión y aceptación respecto a los costos” se planificaron pautas, fases e “instrumentos operativos”. Tres días antes de hacerlo público (“Día D-3”) se ordenó “difundir en forma moderada imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación”. En el “Día D-2”, complementarlos con “hechos similares producidos por el terrorismo local”. La “Fase III” de la planificación incluye hasta el octavo día posterior a la publicación y menciona dos programas de televisión con los que “se coordinará la presencia de invitados que apoyen las conclusiones” del documento. Uno era Si yo fuera Presidente, que emitía la Televisión Española. El otro, Tiempo Nuevo, que conducían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.