Vie 20.12.2013

EL PAíS  › CONVOCATORIA DE LA IGLESIA CATOLICA A COMBATIR EL NARCOTRAFICO

Un compromiso que unió a la oposición

Mauricio Macri, Sergio Massa, Hermes Binner, Ernesto Sanz, Pino Solanas y Margarita Stolbizer, entre otros, suscribieron un documento que plantea “lineamientos básicos” para la implementación de políticas de reducción del consumo de drogas.

Los dirigentes de la oposición, ayer, en el acto en el que firmaron el documento de la Iglesia.
Imagen: DyN.

Los principales referentes de la oposición se mostraron juntos para firmar un compromiso con la Comisión Episcopal de Pastoral Social para combatir el narcotráfico. El documento también señala “lineamientos básicos” para promover políticas públicas que reduzcan el consumo de drogas. El kirchnerismo no formó parte del encuentro. El presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, Jorge Lozano, aseguró que es un núcleo de coincidencias al que llegaron tras el documento de la Iglesia, que cuestionó “la ausencia del Estado” frente al narcotráfico.

El documento de la Iglesia fue suscripto por el jefe de Gobierno y candidato a presidente del PRO, Mauricio Macri; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el referente del FAP, Hermes Binner; el titular del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz; el dirigente de Unen Pino Solanas y la conductora del GEN, Margarita Stolbizer.

No hubo dirigentes del kirchnerismo en la firma del documento eclesiástico. Estaba previsto que participara el gobernador bonaerense Daniel Scioli, pero se excusó y envió una carta de adhesión, al igual que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Juan Fernando Brugge. Al encuentro tampoco asistió el flamante titular del Sedronar, el cura Juan Carlos Molina.

En su misiva a la comisión episcopal, De la Sota pidió que también incluyeran entre los compromisos el combate de la trata de personas. “Me permito sugerir el agregado de impulsar también políticas públicas contra la trata de personas y la esclavitud sexual. Todos juntos los argentinos debemos comprometernos a luchar contra estos flagelos”, afirmó. De la Sota sostuvo que Córdoba “fue la primera provincia en cerrar los prostíbulos y locales de alterne”.

El acto se hizo en la sede episcopal en Retiro, donde también firmaron el acta compromiso Pablo Javkin, de Coalición Cívica-ARI (Elisa Carrió no fue de la partida) y los dirigentes de Libres del Sur Humberto Tumini y de Unidad Popular Víctor De Gennaro.

El presidente de la Pastoral Social, Jorge Lozano, detalló que se trata de “coincidencias básicas” que se lograron con referentes partidarios tras la difusión en noviembre del documento del Episcopado, en el que se criticó la “ausencia del Estado” en la lucha contra el narcotráfico y se denunció la “complicidad y corrupción de algunos dirigentes” ante el avance de la droga. No hubo precisiones de a qué dirigentes se refería el documento. Los referentes de la oposición leyeron cada uno un párrafo del documento, que advierte que la “Argentina es hoy no sólo un país de tránsito y consumo, sino también de producción”.

También sostuvieron la necesidad de reclamar la reglamentación de la Ley de Registro de Precursores Químicos, de desactivar “el creciente” número de laboratorios y “cocinas” de drogas de diseño en el país, y de fortalecer el rol federal de las fuerzas de seguridad nacional. A través del documento, los referentes opositores también se comprometieron a propiciar el debate acerca de la creación de una Agencia Federal para combatir el narcotráfico y sugirieron la “revisión de las leyes sobre lavado de dinero y sobre decomiso e incautación de bienes ligados al negocio del tráfico de drogas”.

Luego de que terminaron de leer el acta acuerdo que firmaron todos, Macri pidió que hubiera una coordinación entre el gobierno nacional y los locales para enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero. Por su parte, Massa consideró que “es central perseguir el dinero”. Sanz indicó que se necesita una unidad de información financiera “que no esté al servicio de un gobierno, sino de la detección del lavado de dinero”.

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